El cuerpo de inspectores de salud pública de Canarias debe duplicarse y pasar de los 125 actuales hasta al menos 250 puestos de trabajo. Es una condición indispensable, según los trabajadores, para poder hacer su trabajo con normalidad, ya que trabajan con la misma plantilla que la que tenían hace dos décadas. Ademas, en los últimos meses, se han topado con un obstáculo que se ha sumado a unas condiciones deficitarias de base: que la Consejería de Sanidad solo les financie el transporte hasta la zona donde deben hacer el control en guagua o tranvía.
La cosa va más allá pues, de esas 125 plazas ofertadas por el Servicio Canario de la Salud solo s 90 realizan de forma "habitual y exclusiva" inspecciones sanitarias propias de su puesto de trabajo. Según los trabajadores, esto se debe a que "las bajas y las defunciones de técnicos no se están cubriendo", como argumentó el secretario general de la Asociación Canaria de Inspectores de Salud Pública, Luis Piñero.
Por su pate, Jafet Nonato, presidente de dicha Asociación, afirmó que "esta situación está derivando en un riesgo para la salud pública". Los inspectores de salud pública de Canarias volvieron ayer a alzar la voz para denunciar los graves problemas a los que se enfrentan. Y es que, a raíz de esta situación, en los últimos meses han dejado de vigilar, por ejemplo la cloración del agua del grifo en algunos municipios. "Esta carencia de medios está propiciando un riesgo para la salud pública de Canarias", sentenció Piñero, que añadió que tampoco se están llevando a cabo muchos programas.
La Consejería de Sanidad se encuentra actualmente estudiando la adecuación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para que se adecuen "a esta realidad y a una demanda creciente de este tipo de controles". Como afirmaron los representantes del colectivo, en el Archipiélago hay actualmente un inspector por cada 25.000 habitantes, cuando lo "necesario" para poder ejercer sus funciones de manera correcta, sería un ratio de un inspector por cada 12.000 habitantes. En este sentido, el secretario general de la Asociación, Luis Piñero, recordó que en regiones como Aragón que cuenta con una población menor a la canaria, cuenta con 217 inspectores de salud pública.
El mayor problema en cuanto a medios materiales se encuentra en el transporte. Hasta ahora, se movían en vehículo particular para hacer las inspecciones, pero en los últimos meses han empezado a hacerlo en guagua o tranvía. Y es que la Consejería les ha informado que solo financiará este tipo de transporte, por lo que han decidido no seguir gastando dinero de su bolsillo sin recibir compensación a cambio.
Muestras contaminadas
Muestras contaminadas
Esto significa que, en ocasiones, se han visto obligados a portar "muestras contaminadas o potencialmente contaminadas" en dichos vehículos o han visto mermada su capacidad de llegar a ciertos lugares para hacer las inspecciones. Por eso, piden que Sanidad les proporciones un vehículo o que se les incremente el kilometraje (que en la actualidad está a 0,19 euros por kilómetro). Sanidad, por su parte, llamó a la calma y afirmó que "nunca la seguridad ni de los inspectores ni de la población se ha visto en riesgo" por tener que transportar estas muestras en guagua o en tranvía.
