Los buques de crucero no podrán atracar en ningún puerto español a partir de este domingo. El Consejo de Ministros decidió este jueves restringir su acceso, así como el de los ferris de línea regular procedentes de Italia (en este caso la medida ya entró en vigor la pasada medianoche), en el contexto de las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de mitigar la propagación del coronavirus. La iniciativa, similar a otras adoptadas por territorios cercanos a Canarias, supondrá un reto para los recintos ubicados en el Archipiélago, que durante el mes de marzo exprime las últimas semanas de la temporada alta crucerística con múltiples operaciones de embarque y desembarque de pasajeros.

La medida, que fue anunciada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de un comunicado a media tarde de este jueves, permitirá la arribada de cruceros durante dos días más, aunque con unas condiciones muy específicas. Las escalas solo podrán tener como objetivo facilitar las operaciones de desembarque de los pasajeros que así lo deseen, de acuerdo con el texto del Ministerio, aunque ya no podrán volver a embarcar.

El veto a los cruceros se alargará en principio durante las próximas dos semanas. Ese es el plazo estipulado por el Gobierno antes de evaluar de nuevo la situación. Una vez hayan pasado esos 14 días y analizado el escenario que pueda darse en cuanto a la propagación del virus, la prohibición podrá extenderse por nuevos periodos de dos semanas como máximo si así lo indica la evolución de la pandemia

El Gobierno asegura que la denegación de acceso a los cruceros y ferris procedentes de Italia es una medida "proporcionada, objetiva y no discriminatoria". Un brote del nuevo coronavirus en un buque de crucero "pondría en grave riesgo la capacidad de respuesta sanitaria del puerto de desembarco", sobre todo en el actual contexto de presión en los servicios de salud, según se especifica en la orden ministerial, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado -y por lo tanto entró en vigor- la misma tarde del jueves.

La orden ministerial menciona, en concreto, los casos del buque de crucero Diamond Princess, que estuvo confinado en cuarentena en Yokohama (Japón) durante semanas y acabó convertido en un foco de contagios, o el más reciente del Grand Princess, en el que se produjeron varias decenas de caso mientras permanecía fondeado frente a las costas de California hasta que el lunes obtuvo permiso para atracar en el puerto de Oakland, contiguo a la ciudad de San Francisco.

También hace referencia a otro caso, el de un crucero fluvial por el Nilo entre cuyo pasaje ya han sido diagnosticados casi medio centenar de positivos. Cada nuevo caso a bordo tiene impacto sobre la población, según señala el Gobierno, debido a que son espacios cerrados en los que conviven durante días o semanas centenares o miles de personas compartiendo "espacios y actividades de una manera muy cercana". En este caso son las condiciones de los buques y no tanto origen de los pasajeros lo que puede suponer un vector de propagación del virus.

En el caso de los ferris de línea regular, los puertos afectados de forma directa se encuentran en el Mediterráneo. Desde Barcelona hay conexiones con recintos como el de Génova o Civitavecchia (Roma) y el riesgo de transmisión en estos casos guarda relación con el escenario que haya en los las ciudades de donde parten los barcos. La adopción de esta prohibición era una cuestión de tiempo toda vez que el lunes el Gobierno ya canceló los vuelos de conexión entre España e Italia.

La prohibición, propuesta en el Consejo de Ministros por el Ministerio de Transportes y el de Sanidad, cuenta con excepciones. Por el momento, los puertos españoles continuarán recibiendo buques de Estado y todos aquellos cuyas operaciones sean exclusivamente de carga, médicas, de emergencias o humanitarias. El Gobierno entiende que el riesgo en estos otros buques es más bajo, ya sea porque no llevan más pasajeros que sus propias tripulaciones o porque ese carácter excepcional -de emergencias, médico o humanitario"- justifica las salvaguardas. Las rutas en las que operan estos buques son "muy controladas y poco frecuentes", por lo que el Ejecutivo entiende que las autoridades marítimas pueden realizar un control específico y total en cada barco si resulta necesario.