La okupa de Tenerife generó problemas vecinales durante 10 años

La okupa de Bajamar, en La Laguna, generaba problemas en el vecindario desde hace al menos una década. Así lo apunta Alejandro González, un vecino que residió en su mismo bloque, situado cerca del Hotel Neptuno, y cuyo relato pone de manifiesto que la situación de salubridad en la que mantenía la vivienda y el entorno no era la más adecuada. Esto choca con la versión aportada por el Ayuntamiento de La Laguna al ser preguntado por la situación de la mujer, los problemas en la zona y la presencia de un menor.

González explica que compartió edificio con la mujer de origen belga hacia 2012, y afirma que ya eran habituales algunos problemas de convivencia ocasionados por ella, en torno a quien gira un caso que ha tenido repercusión nacional en los últimos días, una vez que se conoció que vendió la vivienda y permaneció allí fuera de la legalidad.

El vecino con el que ha hablado este periódico describe fundamentalmente problemas de suciedad y lanzamiento de desechos desde el balcón. Concreta que el piso que fue de la citada mujer –y que hoy pertenece a José Miguel Cruz y Rosario Santana, pese a que no pueden hacer uso de él– está en altura y que desde allí lanzaba desechos de distinto tipo hacia el acantilado y la zona litoral que se sitúa debajo.

Tiraba desechos desde el balcón

Los principales afectados, relata González, eran los vecinos de su mismo bloque que vivían en los pisos inferiores. En particular, el testigo de aquellos hechos indica que desde el inmueble llegaba a tirar con frecuencia papel higiénico usado. En consecuencia, ese tipo de comportamientos derivaban en un deterioro de la convivencia en el edificio.

Alejandro González llegó a dirigirse a la mujer en alguna ocasión para tratar de atajar el problema, pero no obtuvo otra respuesta que no fuesen largas y evasivas tras las que nada se solucionó.

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Todo lo anterior se conoce a raíz de la pesadilla que sufren José Miguel Cruz y Rosario Santana, que desde finales de 2019 esperan para poder entrar a la casa que le compraron a la citada mujer, que, al parecer, en los últimos días abandonó la Isla y vendió la vivienda a otros okupas. A Cruz y Santana les costó 140.000 euros y pagan 650 euros mensuales de hipoteca a pesar de que no pueden acceder a esta, al tiempo que se tienen que hacer cargo de los recibos de la comunidad, la luz y las derramas. Por si fuera poco, se une a lo anterior un alquiler adicional en Santa Cruz para tener un techo donde vivir.

Sin cobertura administrativa

Cruz lamenta que se ha sentido «desamparado por la Administración». En concreto, menciona la inacción que ha percibido de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna, en cuyo conocimiento puso que la okupa ha estado acompañada de un menor extranjero en acogimiento permanente y que este no ha dispuesto de las adecuadas condiciones de vida por al estado de la vivienda y otras circunstancias.

El pasado jueves, fuentes oficiales de Bienestar Social del Consistorio lagunero se limitaron a exponer que han hecho seguimientos e informes de la situación del menor y que la mujer pidió el ingreso mínimo vital e información sobre otras ayudas. Indicaron que los Servicios Sociales municipales le aclararon que no se encargan de la concesión del ingreso mínimo vital y que solo podían ayudarla a cursar la solicitud al Gobierno del Estado.

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