La ‘okupación’ de una casa en Tenerife destapa un caso de ‘niño robado’

Miguel Ángel no comprende que su madre consiguiera el permiso para adoptar a dos niños en Marruecos de 6 y 4 años. Este tinerfeño nacido en 1994, que todavía mantiene la lucha por recuperar su verdadera identidad, asegura que sufrió una pesadilla durante sus primeros 16 años, el tiempo que pasó bajo la tutela de la que primero pensó que era su madre biológica y luego se enteró de que en realidad era su madre adoptiva. Pone un ejemplo de cómo fue su infancia y adolescencia: «Llegué a pasar por hasta ocho centro educativos diferentes de Tenerife sin ninguna razón aparente que lo justificara. A mi madre adoptiva le dio por ahí y todavía no sé muy bien por qué».

La madre adoptiva de Miguel Ángel es la misma mujer que saltó hace dos semanas a los medios de comunicación nacionales por vender un piso en Bajamar y luego okuparlo durante casi cuatro años hasta que se marchó cediendo la vivienda a otros tres okupas. Detrás de un caso ya de por sí rocambolesco se ocultaba otro todavía más sorprendente. Hasta tal punto que la okupación de la casa en la costa de La Laguna ha destapado una de las pocas sentencias en Canarias de los llamados niños robados, menores arrebatados a sus madres en condiciones irregulares durante y después de la dictadura franquista.

Miguel Ángel se enteró de casualidad a los 15 años de que A. R. V. no era realmente su madre biológica, así como que su propio nombre no era el correcto, ni lo era su fecha de nacimiento. La mujer que lo había parido era en realidad una grancanaria que lo tuvo cuando tenía 14 años, razón por la que fue rechazada por su familia. Pero no fue hasta 2021 cuando Miguel Ángel supo lo que había hecho A. R. V. para hacerse pasar por su madre biológica.

La denuncia ante la Fiscalía

El joven, que ha logrado rehacer su vida, lo cuenta sentado en una terraza de Santa Cruz de Tenerife con una carpeta con parte de la documentación que ha ido recopilando para recomponer su identidad. «En 2021, estando en la Península, conocí a personas vinculadas a una asociación de niños robados. Esta asociación aconsejó a todos los que estábamos afectados por estos casos que pusiéramos una denuncia individual para luego intentar abrir un proceso judicial colectivo».

Miguel Ángel comunicó su caso a la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife. Contó la historia que le habían contado algunos familiares y el ministerio público abrió una investigación. La respuesta llegó el 9 de agosto de 2022 en un oficio firmado por la jefa de la Fiscalía provincial, María Farnés. Su madre adoptiva había sido condenada el 6 de mayo de 1998 a un año de cárcel, así como al pago de una multa de 100.000 pesetas (600 euros), por un delito de suposición de parto y otro de falsedad en documento público.

La okupa de Tenerife generó problemas vecinales durante 10 años

El fallo del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife considera probado que A. R. V., belga y residente en la Isla, había conocido a una mujer grancanaria embarazada de 14 años, a la que acogió en su casa de La Laguna y prestó ayuda económica. Cuando llegó el alumbramiento, A. R. V. llevó a la adolescente al Centro Quirúrgico de Santa Cruz, donde tuvo a Miguel Ángel, que pesó 2,7 kilos, en noviembre de 1994. La sentencia asegura que «para quedarse con el niño, fuera de las vías legales», A. R. V. acudió en febrero de 1995 al Registro Civil de Tacoronte, donde llevó cumplimentado el cuestionario de nacimiento, haciendo constar que había dado a luz a un niño y adjuntando un parte médico. Todo era falso.

Una sentencia única en Canarias

El oficio de la Fiscalía que recoge la sentencia añade que el proceso judicial lo abrió la verdadera madre biológica, la adolescente grancanaria acogida por A. R. V., el 31 de enero de 1997 por razones que no se aclaran. Al estar el caso resuelto, Farnés archivó la investigación. Miguel Ángel acababa de conocer los detalles de cómo su madre adoptiva había burlado la ley para hacerse pasar por madre biológica.

Miguel Ángel había abandonado el hogar que compartió con A. R. V. mucho antes, cuando tenía 16 años. Todo se desató, rememora, cuando A. R. V. se enteró de que era homosexual. «Un día me vio en el parque con un chico. Yo tendría 14 años. Estábamos hablando, no estábamos haciendo nada malo. Empezó a insultarme, a meterse con mi amigo, a seguirlo, a amenazarlo. Ahí empezó la pesadilla. Sus ataques de ira llegaron a oídos de los profesores del centro educativo. Se comunicó la situación a Menores. Tuve que hablar con mi orientadora para contarle los permanentes insultos y amenazas de mi madre a mi amigo y a mí. Me insultaba, me quitaba el móvil, me revisaba todo, me dejaba sin comer… Era obsesiva, aparte de que vivía en una especie de mundo ficticio».

"Ya no aguantaba más"

La orientadora dio parte de lo que estaba ocurriendo a la Dirección General del Menor, que los citó a un acto de conciliación. «Fuimos un par de veces pero ella no hacía nada de lo que le pedían. Hubo un momento en que me planté y dije que no quería seguir con este proceso porque ella decía una cosa de puertas a fuera y se transformaba de puertas adentro. Era horrible, insostenible. Un niño no puede soportar esta situación…». Desesperado, Miguel Ángel puso una denuncia ante la Policía. Un juez lo citó y le dijo que A. R. V. se había comprometido a cambiar si la retiraba. «Le di una oportunidad pero, nada más salir del juzgado, todo siguió igual. Entonces comenzó a amenazarme con abandonarme y llevarme a un centro. Incluso me llevó a Fiscalía porque decía que la insultaba. Yo le respondía porque ya no aguantaba más». La situación llegó a tal punto que la fiscal le comentó a Miguel Ángel que no podía seguir así. «Yo le dije que quería irme de casa, que prefería un centro de menores. Entonces, por mi propia voluntad, me declararon en desamparo, mi madre perdió la tutela y me llevaron a un centro de menores. Tenía 16 años. No la he vuelto a ver más».

La figura de la ‘kafala’

Miguel Ángel no comprende que con estos antecedentes, A. R. V. lograra posteriormente adoptar a dos niños en Marruecos. Lo hizo a través de la kafala, el nombre árabe que recibe en el derecho islámico la institución del acogimiento legal de un niño por una persona distinta a la de sus padres biológicos. Una de las condiciones para aceptar una kafala es que la persona solicitante no tenga antecedentes judiciales relacionados con menores. No es el caso de esta mujer de nacionalidad belga residente en Tenerife que hasta hace dos semanas okupaba una vivienda en Bajamar, en La Laguna, precisamente con uno de esos dos menores marroquíes.

Pese a ello, A. R. V. consiguió que le aprobaran dos adopciones en el reino alauí, una en 2017 y otra en 2019, de dos niños que hoy tienen 6 y 4 años. El mayor vivía con ella en la casa que okupaba en Bajamar hasta que hace dos semanas la abandonó ante el inminente desahucio ordenado por los tribunales. Mientras, el menor sigue en Marruecos. No lo ha podido traer a la Isla pese a que A. R. V. lo ha intentado al menos una vez. En los documentos oficiales de las kafalas figura que la ciudadana belga es musulmana, dispone de medios económicos suficientes para cuidar a los dos niños, no sufre enfermedades contagiosas y «nunca ha sido juzgada por delitos inmorales o delitos cometidos contra los niños».

Odisea

El niño que residió con ella en la casa okupada de Bajamar había vivido al menos un año y medio con un matrimonio tinerfeño. La pareja lo corrobora en una entrevista con este periódico en la que muestra imágenes de su convivencia con el menor y del cuarto de su domicilio en el que se quedaba. A esa misma pareja, A. R. V. también le ofreció el niño de 4 años. De hecho, uno de los miembros del matrimonio viajó con ella en 2019 a Marruecos para traerse al pequeño, sufragando los gastos del viaje y ayudas económicas a la familia marroquí que lo cuida. En total, la pareja dice haber gastado más de 3.000 euros. «El viaje fue una odisea. Recorrí todo el país con esta mujer y con el pequeño pero en ninguna de las ciudades le firmaron los documentos para poderlo traer a Tenerife».

El último intento fue en El Aiún, pero las autoridades de la ciudad del Sáhara Occidental no le dieron el permiso. «Volvimos sin el pequeño. Antes nos habíamos hecho cargo de los cuidados del otro que tiene en Tenerife durante más de un año, puede que dos, porque ella no lo cuidaba bien. Los conocimos de casualidad en La Laguna porque el niño nos dio pena. Lo íbamos a buscar, se lo llevábamos, volvíamos a por él... Él quería quedarse con nosotros. La casa de la madre adoptiva era un desastre, no lo quería escolarizar –lo hizo porque insistimos– y no le daba las atenciones necesarias. Llegó un momento en el que ya no nos lo trajo más», relata la pareja, que recuerda que la mujer llegó a salir en un programa de una televisión local denunciando que no le habían dejado traer a un niño «sirio» –en la documentación figura que es marroquí– de Marruecos y echando la culpa al Consulado de España en este país.

Advertencias desatendidas

Este matrimonio y el que compró la casa de Bajamar a A. R. V., por la que lleva esperando casi cuatro años después de que la mujer la okupara, denunciaron ante el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y la Fiscalía el peligro que corre el menor marroquí con el que convive esta mujer belga, unas malas condiciones corroboradas por vecinos de la vivienda de Bajamar.

Sin embargo, a los distintos requerimientos solo ha respondido el Ayuntamiento de La Laguna. Los Servicios Sociales descartaron en un informe que el menor esté en riesgo.

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