Los cinco detenidos por tráfico de droga en San José trapicheaban en presencia de menores

Las cinco personas detenidas por tráfico de drogas en una redada policial de finales de marzo en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, llevaban a cabo su actividad ilícita en presencia de menores, lo que provocó que los agentes decidieran intervenir ante el riesgo que eso suponía. La instrucción concluyó en mayo con la puesta en libertad de uno de ellos -el resto permanece en prisión preventiva por estos hechos-, si bien todavía no ha sido señalada fecha de juicio. La Fiscalía solicita penas de entre tres y seis años de prisión por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan un grave daño.

La mayor solicitud de pena -seis años y multa de 64.026 euros- corresponde a José Yeremay S. A. debido a su reincidencia, ya que había sido condenado en 2021 por otro delito contra la salud pública por un Juzgado de lo Penal de la capital. Para Sebastián Ángel S. G., el Ministerio Público solicita cinco años y medio y una multa en la misma cuantía, mientras que para Brian B. P. son cinco años de cárcel y una sanción económico de igual cuantía. Con la aplicación de una atenuante por consumo de drogas, para Aday B. P. se interesan cuatro años de prisión. Finalmente, para Jeisson Johan C. P. se piden tres años y nueve meses así como una multa de 32.216 euros, interesándose su expulsión del país en sustitución de la cárcel.

La Policía Nacional comenzó su investigación en enero de este año, ya que llega a su conocimiento las actividades ilícitas que, presuntamente, estaban acometiéndose en el bloque de viviendas y en sus alrededores. Estas generaban en el resto de residentes del inmueble un estado de inseguridad e insalubridad que generó muchas quejas vecinales, pero sin que llegaran a ponerse en conocimiento de las autoridades policiales por miedo a las posibles represalias, ya que los acusados se mostraban violentos y amenazantes. Y es que las personas que acudían al 7ºA y al 8ºD del edificio a adquirir las sustancias estupefacientes durante las 24 horas del día solían consumirlas, mayoritariamente, en las propias escaleras.

Trabas para dificultar la acción policial

El hecho de consumir las drogas en el interior del edificio dificultó la acción policial a la hora de intervenir las sustancias estupefacientes e identificar a los consumidores que acudían a estos dos pisos. Ello impedía que se pudiera sacar un nexo común con los cinco investigados y la actividad que llevaban, presuntamente, a cabo. Es decir, no se podía demostrar que allí se traficaba con drogas.

En las imágenes analizadas por la Policía durante los meses de investigación, se observa cómo los moradores de la vivienda del séptimo piso subían al octavo para vender las drogas que había en su interior a los compradores, llegando a usar para ello las llaves de la propia casa aun en ausencia de sus moradores. Ello viene a relacionar, según dejaron constancia los agentes, a los residentes de ambos pisos en el tráfico de drogas que se estaba dando en el edificio. Según esa investigación, el 7ºA no solo se encargaba de la elaboración y venta de la sustancia estupefaciente, sino que también suministraba la droga al 8ºD para que también la pusiera a disposición de la clientela.

En una de las vigías de los agentes policiales, se observó cómo se realizaba una transacción de drogas en presencia de un menor de edad que vivía en uno de los domicilios de los investigados. Ante la gravedad de estos hechos, los intervinientes decidieron identificar a la mujer que había ido a adquirir la sustancia estupefaciente, que podía tratarse de crack, y dar un paso más. Fue a raíz de esta aprehensión cuando solicitan al juzgado la entrada y registro de las dos viviendas. Ya no solo por la gravedad de los hechos delictivos que se relatan, sino también por un nivel de "alarma social", tal y como puntualizan, en el sentido de que se realizan ante menores de edad a los que se puede estar afectando el desarrollo y de forma continuada, provocando problemas en la vecindad.

Sustancias por valor de 32.136 euros

Durante la entrada y registro, que tuvo lugar el 24 de marzo de 2023, se intervinieron distintas sustancias estupefacientes por valor de 32.136 euros en total. La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, detalla que en el 7ºA se intervinieron 181,83 gramos de cocaína, 163,52 gramos de resina de cannabis (hachís), 743 gramos de fenacetina para la elaboración de cocaína que distribuían y 429,33 gramos de MDMA. Por su parte, en el 8ºD, los agentes hallaron únicamente 1,32 gramos de cocaína que usaban para distribuirla entre los compradores.

Además de la sustancia estupefaciente, en la primera de las viviendas se encontraron con una pistola táser, otra de aire comprimido y distintas herramientas para la elaboración y medición de la droga. Asimismo, se incautaron de 802 euros en efectivo que habían sido ganados con la venta ilícita de estos productos. En el otro piso, se encontraron dos básculas de precisión para pesar y preparar para la venta las sustancias que distribuían, así como una libreta de anotaciones donde los investigados reflejaban el día a día de su actividad delictiva.

El juzgado concluyó recientemente la instrucción y dictó auto para el paso a procedimiento abreviado a finales de mayo, presentando entonces las partes sus escritos.