Retrasos de hasta tres años por la falta de psicólogos en el Instituto de Medicina Legal

La emisión de un informe psicológico por parte del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas puede llegar a demorarse hasta dos y tres años por las carencias que presenta la plantilla, una situación que ha obligado a aplazar juicios y que han denunciado en reiteradas ocasiones los letrados de la provincia. Estas circunstancias repercuten en el ritmo de trabajo de los juzgados de Familia, de Menores y de Violencia de Género, que se ven obligados a esperar a que se presenten estos documentos para poder llevar a cabo los distintos procedimientos judiciales.

El problema surge por la falta de personal, pues el centro médico y forense requiere un mínimo de entre cuatro y seis psicólogos más para atender correctamente el elevado volumen de trabajo, según señala la directora de la institución, María José Melián. "Lo primero que necesitamos es que nos cubran las vacantes que tenemos por bajas o por excedencias, que de momento no nos las cubren y, después, aumentar la plantilla", reclama la doctora.

Uno de los casos más habituales en los juzgados son los litigios por la guardia y custodia de los hijos que inician las parejas una vez se divorcian y que requieren de un informe psicosocial para ayudar al juez a determinar qué medidas adoptar en cada caso. "Si se tarda un año no es de recibo, ni razonable, ni justo porque durante un año están pendientes de que se dicte una resolución debido a un retraso muy grave en el sistema", criticó el juez decano de Las Palmas, Juan Avello, que apunta a que durante ese periodo uno de los padres puede permanecer espectante sin ver a sus hijos.

La directora del instituto apunta a que hacen falta, por lo menos, cuatro trabajadores nuevos

En los juicios a menores la problemática es aún mayor, pues los retrasos prolongan la medida de privación de libertad hacia los acusados, que permanecen como internos en un centro de menores más tiempo del requerido por un magistrado. Una vez se dicta la sentencia, el condenado tiene la posibilidad de que el centro proponga que la medida pase a ser de libertad vigilada, siempre que evolucione favorablemente, y entra en una dinámica de conseguir beneficios si se porta bien y perjuicios si se porta mal.

"Si se ve que el menor pasa dos años haciendo todo bien, el centro informa que tiene que mejorar su situación y en vez de estar internado tiene que estar en libertad, pero con esta problemática en la emisión de informes el menor no accede a estos beneficios", explica Avello. Por otra parte, las esperas más largas, que se suceden sobre todo en juicios que involucran a menores, pueden dar lugar a una prescripción del delito, con lo que se genera un nuevo problema.

Informes de violencia de género

Las denuncias por violencia de género también se ven afectadas por esta situación. Cuando una mujer denuncia haber sufrido algún tipo de violencia por parte de un hombre con el que está unida por una relación de afectividad, como puede ser de pareja o de matrimonio, pasa en primer lugar por la vía penal. Este primer contacto es relativamente rápido, pues el forense de guardia le reconoce los daños físicos o psicológicos al momento. Sin embargo, si esa pareja toma después la decisión de divorciarse o si hay un conflicto por la custodia de los hijos en común, el caso pasa a ser analizado por el Juzgado de Violencia, que atiende también los asuntos de familia, y vive las mismas dificultades para recibir los informes correspondientes.

Además, "la ley establece que, si una mujer denuncia a su pareja por un supuesto delito, se suspende temporalmente el régimen de visitas del padre a la espera de la resolución del juicio", aclara el juez decano. Si, con la emisión del informe, el magistrado concluye que no hay indicios de maltrato y que se puede reanudar el contacto, "es un año y medio en el que el padre no ha tenido la posibilidad de relacionarse con sus hijos", señala Avello.

Para hacer frente a estas situaciones, los juzgados de Las Palmas han presentado una serie de quejas desde 2017 ante la consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, que es la institución que regula el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal. "Vale la pena invertir en esto porque es la vida de los ciudadanos, que tienen derecho a que sus asuntos se resuelvan rápidamente", concluye el juez decano.

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