La Fiscalía pide reanudar la plataforma virtual para atender a las víctimas de delitos

La paralización de la actividad que desempeñaba la Oficina Virtual de Atención a las Víctimas del Delito, prestando asistencia psicológica y jurídica en los casos de violencia de género, ha despertado las críticas de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. La plataforma digital asumía labores como la toma de contacto con las víctimas, el asesoramiento, la información sobre sus derechos y las derivaciones asistenciales. Sin embargo, la paralización del servicio a principios de 2022, tras menos de un año de funcionamiento, ha llevado a que los fiscales tengan que realizar un seguimiento y una revisión de cada uno de los procedimientos abiertos a través de esta página web.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canariaspuso en funcionamiento este servicio de acompañamiento el 29 de marzo de 2021, en plena pandemia, con el fin de llegar a las víctimas a pesar del impacto de la crisis sanitaria y de la dispersión insular. Para facilitar el acceso a esta ayuda, se pusieron en marcha aplicaciones móviles, un número de teléfono y un chat, accesibles sin necesidad de haber presentado antes una denuncia en los juzgados. La idea inicial era que esta herramienta sirviera como un primer paso y un complemento para la puesta en marcha de oficinas físicas.

Dos años después, los espacios para atender a estas víctimas aún no han entrado en funcionamiento. "Desde la Fiscalía se ha interesado la reanudación de la actividad de la Oficina Virtual de Atención a las Víctimas pero, lo más importante, que se materialice la apertura de oficinas físicas de atención a las víctimas de delitos dentro del espacio físico de las principales sedes judiciales", advierte la memoria fiscal correspondiente al ejercicio de 2022.

La memoria anual refleja la petición de los fiscales de que se abran más espacios de atención

La ausencia de este servicio complementario obliga a los fiscales "a estar muy pendientes de dar una atención lo más personalizada posible para suplir esta carencia", con especial énfasis en "los delitos que más revictimización ocasionan". Los procedimientos por los que se incoan expedientes de protección a las víctimas son aquellos que atentan contra la libertad sexual y los casos de maltrato en el ámbito doméstico. En los seis meses de aplicación de esta actividad contabilizados en 2021, la Fiscalía remitió 103 expedientes a la oficina virtual, compaginando esta labor con la supervisión de los casos abiertos antes de marzo.

La particularidad de esta plataforma es que ofrecía un servicio coordinado entre la Fiscalía de Las Palmas, de Tenerife y los distintos órganos judiciales. Para ello contaba con dos profesionales de la Psicología y tres del Derecho, que informaban a las víctimas a través del medio que eligieran -llamada telefónica, chat o correo electrónico- sobre los pasos que tenían que dar para interponer una denuncia, así como de las ayudas económicas y de apoyo psicológico con las que contaban para hacer frente al proceso.

Resultados positivos

La Fiscalía Provincial valoró positivamente en su anterior memoria, correspondiente al año 2021, la posibilidad que ofrecía esta herramienta para prestar atención profesional a las víctimas consideradas especialmente vulnerables. El funcionamiento de la aplicación permitía a los ususarios ocultar la conversación al momento, marcándola en modo incógnito, y a través de un chatbot se establecían los datos básicos, para que los profesionales pudieran valorar su situación.

"La importancia de la sección radica, por un lado, en la posibilidad que ofrecen estas diligencias de protección de víctimas para advertir deficiencias en el proceso, que de otra forma pueden pasar inadvertidas en la medida en la que los fiscales no somos instructores del proceso penal; y por otro lado, en el efecto que produce en las víctimas sentir la atenta escucha por parte del fiscal o de la Oficina de Atención a las Víctimas", subrayó la memoria de 2021.

La paralización de la plataforma lleva a los fiscales a "estar muy pendientes de dar una atención lo más personalizada posible"

Ahora se ha recuperado el procedimiento habitual. Los fiscales reciben los atestados policiales de los delitos más graves y, para dar a conocer a las víctimas cuáles son sus derechos, se les cita de forma presencial. Después se lleva a cabo un seguimiento, aproximadamente cada tres meses, para comprobar si conviene adoptar algún tipo de medida adicional.

A nivel nacional, el estudio de la fundación ANAR, que refleja los datos de violencia contra las mujeres en la infancia y la adolescencia, destaca "el importante aumento que tiene en el último año la derivación a la Oficina de Atención de Víctimas de Juzgados". Este documento destaca que, en el cómputo de todas las comunidades autónomas, las derivaciones a estos órganos aumentaron un 29,5% entre 2020 y 2022.

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