Las defensas se rebelan contra la instrucción del caso

El fiscal, la policía y hasta el exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se convierten en objeto de las críticas de un proceso que ha tardado 12 años en llegar a juicio.

A lo largo del proceso, el fiscal ha rebajado en varias ocasiones la penas contra los acusados, de tal manera que nadie irá a la cárcel.

Doce años, ocho meses y nueve días, entre investigación, instrucción y juicio ha durado el caso Faycán, el proceso contra la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde entre 2003 a 2006 y que ayer quedó visto para sentencia. Un final que se saldó con la opinión unánime de las defensas contra la investigación e instrucción de los hechos denunciados en ese mandato municipal y donde ni fiscal, juez instructor, policías y peritos salieron bien parados. En el otro lado de la sala, Luis del Río, representante del ministerio público, reiteró su petición de penas a los siete encausados que han permanecido hasta ayer en el proceso y alegó que hay suficientes evidencias documentales para condenarlos.

La última jornada del juicio que se ha venido celebrando desde el 15 de enero en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas se convirtió no solo en el relato de las partes -fiscal y defensas- sobre las comisiones exigidas desde el grupo de gobierno y pagadas por las empresas beneficiarias de los contratos, sino también una reflexión, en momentos agria, sobre la división de poderes, el sistema judicial y la indefensión de los ciudadanos cuando se atacan desde las instituciones sus derechos fundamentales. Fue, por así decirlo, el argumento nacido desde el hartazgo e incluso indignación de los letrados por un proceso que ha dañado, dijeron, a sus defendidos.

Antes de ese alegato unánime de las defensas contra lo que llegó a denominar el representante del Partido Popular en la causa, Jorge Rodríguez, “una trama artificial para perjudicar a mi organización”, el ministerio fiscal reiteró su petición de penas a los siete encausados que no pactaron sus condenas. En su informe, Del Río repasó el papel que en su opinión jugaron cada uno de estos procesados en la trama de corrupción en Telde, a los que imputó delitos de cohecho, falsedad documental, fraude o delitos contra el mercado y los consumidores, “aprovechando sus cargos y filiación política”.

No obstante, el fiscal admitió que no se puede afirmar que la corrupción es generalizada entre los politícos, “si bien es cierto que el nivel es preocupante para los ciudadanos y habrá que darle una respuesta al problema, porque todas esas comisiones pagadas se acaba cargando al precio de las obras y al final lo pagamos los ciudadanos”.

Juan Sánchez Limiñana, abogado de Francisco Valido y Esteban Cabrera, afeó al fiscal su parcialidad en la instrucción y en el desarrollo del juicio, crítica que también hizo extensivas al jefe policial, al juez instructor, policías y peritos, de quienes dijo no han actuado con imparcialidad ni neutralidad. Solicitó, como hizo el resto de letrados, la libre absolución de sus defendidos al estimar que el ministerio público ha presentado unas acusaciones que no ha podido demostrar y definió a Valido como “el único político de este país que renunció a su cargo con este caso”.

Álvaro Campanario, abogado de José Luis Mena, y Rosa Díaz Bertrana, letrada de María del Carmen Castellano, incidieron también en las críticas a la instrucción del caso Faycán y por extensión a un sistema judicial donde los tres poderes que constituyen la democracia los han maniatado los políticos. El resto de letrados, sin intervenir sobre esto, se sumaron a la crítica.