Ha roto su silencio. Hasta ahora ha permanecido callada por vergüenza y miedo, como otras personas que están en su misma situación, al borde del desahucio, drama que ha dejado sin techo a casi 8.500 canarios en los últimos cuatro años. María Isabel Hidalgo se siente como un león enjaulado en su propia casa, ubicada en la Urbanización La Estrella en Telde. Con lágrimas en los ojos narra cómo se ha visto inmersa en una situación jamás imaginada, abocada a vender sus recuerdos por un euro en un rastrillo para poder subsistir. Con 45 años de edad, adquirió su vivienda en 2004 con una hipoteca de unos 90.000 euros. Se veía trabajando hasta los 73 años como cocinera para pagar las cuotas de su hogar, pero ahora, con 54 años y en desempleo, ha visto derrumbarse su castillo de naipes.
El pasado julio adoptó la decisión de dejar de abonar la hipoteca. "No podía más". O afrontaba tal osadía o dejaba de comer y sufragaba recibos, como el agua, la luz, la contribución o la comunidad de vecinos, entre otros gastos. Desde entonces recibe cartas del banco con las que podría empapelar las paredes de su pequeño piso y una pesadilla recurrente la atormenta cada noche: Alguien la persigue.
La repetición de ese sueño representa su "agonía" y "temor" a que llegue la notificación del desalojo por impago de manos de una comisión judicial. Su vida giró 360 grados hace dos años, cuando sufrió un ictus debido al estrés como jefa de cocina en un restaurante. Durante su convalecencia aprovechó para, aquejada de una dolencia constante en su mano derecha, seguir la recomendación del médico y operarse. Tras un año y medio de rehabilitación le informaron de que no se podía hacer nada más por su extremidad y un Tribunal Médico declaró su incapacidad permanente para ejercer como chef. Era su primera baja en 20 años de trayectoria laboral, de los que quince pasó entre fogones e incluso llegó a ganar dos premios gastronómicos. La empresa en la que trabajaba le despidió, según cuenta Hidalgo, que se quedó cobrando una pensión de 509 euros, mientras que su hipoteca asciende actualmente a 675 euros mensuales, aunque llegó a elevarse a los mil euros hace un tiempo, cuando ella trabajaba. De ahí que sólo pueda costear sus compromisos tributarios y de alimentación.
Hace años perdió a su familia. Sólo tiene el apoyo de sus tres hijos, de 14, 28 y 30 años. El menor habita con ella y los dos mayores la ayudaban hasta ahora, pero el de mediana edad se ha visto afectado por la fiebre del desempleo y la primogénita tiene que cumplir sus propias obligaciones económicas.
"Estamos todos en el bombo de la lotería y me tocó a mí, pero le puede tocar a cualquiera. También te puede tocar a ti", expone Isabel, consciente de que la ciudadanía en general está "acostumbrada a ver imágenes de gente muy pobre" y no casos como el de ella, una persona "normal, con su casita, su decoración y sus recuerdos".
"Flexibilización"
Insiste en que desde hace dos años ha demandado a su banco facilidades. No se niega a pagar su hipoteca, pero reclama "humanidad" y una "flexibilización" de las cuotas. En este momento se encuentra "en la cuerda floja". Su entidad financiera está estudiando su expediente. "Estoy en el paredón, a ver si me cortan o no la cabeza", lamenta, al tiempo que reclama un alquiler social, que le permita continuar en su domicilio en régimen de arrendamiento. Una vez que se ha deshecho de todas sus joyas, desde hace tres domingos acude al mercadillo de San Mateo para liquidar sus pertenencias a un euro. Hoy y, con motivo de la cercanía de las fechas navideñas, ofrecerá sus adornos de árbol. La primera vez que acudió a Cáritas rompió a llorar. Recibe una compra mensual de esta organización, además de la ayuda de los asistentes sociales de Las Remudas, pero ella lo que quiere es trabajar, meta que por ahora ve inalcanzable dada la coyuntura económica. En su familia son "vegetarianos obligados" por el elevado precio de la carne, detalla.
Su testimonio se asemeja al del teldense José Santana, de 40 años y en paro, al igual que su mujer. La pareja, que tiene un hijo, espera acogerse a los requisitos del Código de Buenas Prácticas Bancarias, que ofrece ciertas condiciones (carencia en la amortización de capital, una quita sobre la deuda o la dación en pago) para personas en el umbral de exclusión.
Santana compró su casa en 2005 con un préstamo de 146.000 euros. La entidad no le pidió avalista ni ningún otro documento, salvo su nómina. "Prácticamente me regalaron la hipoteca", admite. En aquella época llegaba a percibir entre 1.500 y 2.500 euros con horas extras en su trabajo en la construcción, sector en el que estuvo empleado durante 18 años hasta 2010, en medio del estallido de la burbuja inmobiliaria. El hombre, que se ve "indefenso", advierte de que, entre intereses de demora, cuotas retrasadas --lleva cinco meses sin pagar- y lo que le queda del crédito, adeuda casi 145.000 euros. Desea la concesión por parte de su banco de un alquiler asumible para seguir en su residencia o entregar la casa y liberarse de la deuda.
"Siento impotencia y rabia por tener que marcharme y dejar todo atrás", solloza Ángeles Ramírez, de 38 años y cuyo desahucio está ordenado para el próximo 26 de noviembre. Aún así, atisba algo de luz y mantiene negociaciones con su banco para intentar sellar un acuerdo y lograr un alquiler social. Tiene tres hijos, de 6, 15 y 17 años, su marido se quedó sin oficio y ya dejó de recibir la prestación por desempleo. Obtuvieron su crédito hipotecario en 2006 por 132.000 euros. Pagaban una letra mensual de unos 600 euros, mientras que la nómina de ella rondaba los 900 euros como limpiadora en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Tras el embargo de su morada, la banca se la adjudicó por 82.000 euros, deuda que pasaría a asumir el matrimonio si la entidad lo aprueba. "La gente debe luchar unida", anima Ramírez.
El alza del paro, la ola de desahucios y el incremento de la movilización ciudadana en las últimas semanas han revolucionado la agenda política. A ello se suma el suicidio que ha trascendido a la luz pública de dos personas y el intento de otra justo antes de tener que abandonar sus inmuebles, hechos que han conmocionado a la sociedad. La desesperación les arrastró al abismo. El primero, un hombre de 54 años, acabó con su vida el pasado 25 de octubre en Granada, una hora antes de ser desahuciado. Al día siguiente, otro varón trató de suicidarse en Burjassot (Valencia). La segunda muerte vinculada a estos procedimientos se produjo el viernes por una mujer, Amaia Egaña, de 53 años, en Barakaldo (Vizcaya). La víctima fue concejala socialista en Éibar (Guipúzcoa) y estaba casada con José Asensio, quien también fue edil de Seguridad en Barakaldo de 1991 a 2003.
Isabel Saavedra, Abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
La abogada y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Las Palmas, Isabel Saavedra, sostiene que es "muy injusto" que los dos grandes partidos, PP y PSOE, "hayan esperado a que la banca echara a más de 350.000 familias a la calle en España para sentarse a hablar". En su opinión, la rápida respuesta del Gobierno central y la oposición se debe a la "presión social" y a los colectivos de perjudicados, por lo que lamentó que los políticos "ahora pretendan colgarse una medalla". Además, hizo hincapié en la rebeldía expresada por jueces y secretarios judiciales en los últimos días ante el colapso de los juzgados por las ejecuciones hipotecarias. A este respecto, remitió a las palabras de la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Teresa Sáez, de corriente conservadora, que criticó que las dependencias judiciales "se han convertido en oficinas de recaudación de las entidades bancarias". "Al final le está saliendo caro al sistema echar a las familias a la calle y eso es un sinsentido en un Estado que se hace llamar social y democrático de derecho". La plataforma solicita la detención eventual de los desalojos mientras dure la crisis, la dación en pago y la opción de conceder un alquiler social, que permita a las familias seguir bajo el mismo techo pagando una renta que no supere el 20% de sus ingresos.
