Descienden a 34 las actuaciones de la Defensoría Universitaria en la ULPGC en un año

La Defensoría Universitaria de la ULPGC tramitó en 2023 un total de 34 actuaciones, ocho menos que el año anterior (42), realizadas en su mayoría (73,5%) por el alumnado. De los expedientes tramitados, 14 fueron reclamaciones, 10 mediaciones, cinco quejas y cinco consultas. Estos son algunos de los datos de la memoria anual del citado órgano universitario presentada ayer en el Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la coordinadora del citado órgano, Alejandra Sanjuán.

Así, el pasado año sólo un 0,16% de la comunidad universitaria acudió a la Defensoría, que recibió 77 demandas de amparo -frente a las 85 de 2022-, de las que 43 no prosperaron al no seguir el cause reglamentario. «Este año hemos registrado por la sede electrónica 77 expedientes, de los que la Defensoría devolvió 44 a sus demandantes porque no habían agotado las vías previas antes de llegar a nosotros, que son los centros o la administración. Finalmente tramitamos 34 y de los 44 descartados no nos volvieron a llegar ninguno, lo que significa que lo solucionaron en los propios centros».

Meses con más registros

Los dos picos de solicitudes se registran en el mes de julio, fecha de lectura de los trabajos fin de título (TFT) y de las convocatorias extraordinarias de exámenes; y en octubre, a raíz de la inscripción a másteres en los que se quedan sin plazas, o por la resolución de traslados.

De las 34 actuaciones realizadas (15 hombres y 19 mujeres), 25 provienen del estudiantado, seis del profesorado y sólo una del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). Por áreas de conocimiento, las Ciencias Sociales y Jurídicas registraron ocho; siete en Ciencias de la Salud y en Ingeniería y Arquitectura; cinco en Teleformación; dos en el área de Ciencias; y dos en Humanidades; además de tres en otros ámbitos.

«Hemos bajado el número de expedientes porque hay facultades, como la de Economía, Empresa y Turismo, que no han registrado ninguna petición de amparo, con lo cual cualquier reclamación se ha resuelto en el propio centro», apuntó la Defensora Universitaria de la ULPGC.

Esfera académica

Alejandra Sanjuán señaló que muchos expedientes proceden de la Facultad de Ciencias de la Educación -además de Ciencias Jurídicas-, por parte de las personas que no entran en el máster del profesorado. «Al ser un máster habilitante, obligatorio para las bolsas de trabajo, piden muchas reclamaciones o quejas por los baremos que se han aplicado, con respecto a que no aparecen en las listas y otras historias que hay que estudiar y darles la resolución que se estime oportuna».

Un cambio experimentado respecto al año anterior es que las principales consultas están más relacionadas con lo académico -desarrollo de la docencia, traslados y admisiones-, que con los problemas de convivencia, que eran mayoritarios anteriormente, pero que a partir de la creación en noviembre de 2023 de la Comisión de Convivencia de la ULPGC, se tramitan por este canal y sólo llegan a la Defensoría Universitaria una vez que se agote dicha vía.

Comparativa

Sanjuán concluyó que las cifras registradas en 2023 sitúan a la ULPGC a la cabeza de las universidades españolas que menos quejas y reclamaciones registran por parte de la comunidad universitaria. «Existen Defensorías de universidades con el mismo número de estudiantes que la ULPGC que tramitan hasta 400 expedientes. Tienen situaciones de amparo, por ejemplo, de investigación que nuestra Universidad no tiene, o de becas que tampoco tenemos. La Defensoría es como un termómetro que indica lo que funciona y lo que no, y entre las universidades de nuestro tamaño, creo que somos la que menos casos tenemos de amparo porque hay casuísticas que la Universidad de Las Palmas resuelve muy bien», apuntó la Defensora Universitaria de la ULPGC, que también es secretaria y tesorera de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias en la actualidad.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones señaladas al final del informe, la Defensora Universitaria incidió en la necesidad de mejorar la divulgación de la normativa universitaria entre el estudiantado para facilitar el acceso a los órganos competentes en caso de discrepancias.

Asimismo, defendió el papel de las Defensorías Universitarias, y en este sentido señaló que se está trabajando para que La Laguna, única universidad pública española sin este órgano, lo cree. «Es fundamental porque hay mucho reglamentación, y hay veces que su aplicación es injusta para algunas personas. Esos casos se resuelven en la Defensoría, que solicita que se cambie la reglamentación en determinados casos para que sea más justa, de forma que si no existiera la Defensoría, habrían personas que estaríamos perjudicando con nuestros propios reglamentos».

Honoris Causa

En otro orden de cosas, el Claustro de la ULPGC celebrado ayer aprobó la propuesta de nombramiento del jurista Antonio Fernández de Buján y Fernández como Doctor Honoris Causa, que obtuvo el visto bueno del Consejo de Gobierno el pasado marzo, y cuyo expediente se inició a propuesta del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas.