Tras sentarse con el Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura -principales opositores a Repsol- la multinacional ha emprendido el diálogo con los sectores empresariales del Archipiélago y quieren llegar a la sociedad civil para responder a sus inquietudes. Estos días la petrolera busca el máximo número de apoyos a su proyecto inversor y sensibilizar a la población en las ventajas económicas que acarrea la búsqueda y extracción de crudo. Ayer, tres directivos de Repsol aceptaron la invitación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria para explicar su iniciativa. Nada más llegar se encontraron con una agria bienvenida de media decena de ecologistas con una pancarta de desacuerdo a los sondeos. Dos abogados de Ben Magec entraron al acto, que atrajo a un centenar de asistentes, entre ellos, como infiltrados del Gobierno regional el director general de Protección de la Naturaleza, José Fernández (PSC-PSOE), y Fernando Ríos, comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, dependiente de la Presidencia del Ejecutivo, o sea de Paulino Rivero.
En el turno de debate, Fernández, en sendos conatos de boicot al acto, rebatió las palabras del jefe de Permisos de Repsol, Luis Gómez, quien minutos antes argumentó que la suspensión cautelar del permiso de los sondeos por el Tribunal Supremo en 2004 se debió a un "defecto de forma" en la entrega de la documentación medioambiental. Fernández acusó a la empresa de "escamotear desde el principio el rigor en la información, en complicidad con el Ministerio de Industria, que les ha favorecido". Más allá de la ofensiva política, otros ciudadanos plantearon sus dudas y un profesor reclamó colaborar con la ULPGC para indagar en el material geológico a extraer.
