El nuevo Gobierno de Canarias enfila un campo de minas para elaborar los presupuestos

El nuevo Gobierno de Canarias tendrá que hilar fino en la elaboración de los presupuestos para 2024. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal –la AIReF, el organismo que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas– ya ha advertido que es muy probable que haya que comenzar la redacción de los próximos presupuestos casi a ciegas. Una de las pocas certezas que existen es que toca volver a la disciplina y el rigor fiscal y financiero, lo que se traducirá en menores márgenes de déficit y de deuda. Habrá que gastar en función de lo que se ingrese y no se podrá recurrir al endeudamiento público, no al menos en la medida en que lo hizo el anterior Gobierno autonómico. Y, por si fuera poco, el nuevo Ejecutivo ha garantizado que cumplirá el compromiso que los dos grandes partidos que lo sostienen –CC y PP– asumieron en la campaña electoral: bajar el tipo general del IGIC del 7 al 5%.

La AIReF ya le ha formulado a la Consejería de Hacienda, que dirige Matilde Asián, una recomendación expresa sobre política presupuestaria. Hay que «evitar» en 2024 «incrementos de gastos o reducciones de ingresos de carácter estructural». Son varias las razones que justifican el toque de atención. La primera: el restablecimiento de las tres reglas fiscales.

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Esas tres reglas impuestas por Bruselas –el objetivo de estabilidad, el objetivo de deuda y la regla de gasto– están en suspenso desde 2020. Fue el año en que estalló la pandemia de la covid. La misma Comisión Europea que había respondido a la crisis financiera de 2008-2014 con recortes, estricto control del gasto y hombres de negro decidió combatir las consecuencias socioeconómicas del coronavirus con la política opuesta: gasto público a espuertas y suspensión de las reglas fiscales. Pero superada la pandemia, la santísima trinidad del rigor y el control presupuestarios se reactivará en 2024, y aquí está el primer gran hándicap para la elaboración de las cuentas autonómicas.

De entrada, y en virtud del objetivo de estabilidad, la Hacienda canaria tendrá que vigilar de cerca el déficit. Como principio general, ninguna Administración puede incurrir en déficit estructural, es decir, no puede gastar más de lo que ingresa –salvo circunstancias extraordinarias, de ahí el término estructural–. No obstante, en la práctica el déficit máximo que puede registrar un Estado de la UE es de un 3% –los gastos pueden superar a los ingresos en un máximo equivalente al 3% del PIB–. Un tope que luego España –el Gobierno central– reparte entre los distintos niveles institucionales. En 2019, por ejemplo, las Comunidades Autónomas podían tener un déficit del 0,3%.

Matilde Asián no elude el reto de bajar impuestos a las familias pese a la incertidumbre

Luego está el objetivo de deuda, según el cual el endeudamiento no debe superar el equivalente al 60% del Producto Interior Bruto (PIB) de cada Estado, un objetivo que también se reparte entre los distintos niveles administrativos y que, en el caso de las regiones, limita su deuda al 13% de sus respectivos PIB. Así que ya hay dos grandes límites: nada de despendolarse en el gasto y cuidado con endeudarse en demasía. Y aunque es verdad que Canarias tiene uno de los débitos más soportables del país, no es menos cierto que ya representa el 14,9% de su PIB. De hecho, cabe la posibilidad de que no se permita incrementar ni un solo euro el debe público autonómico. Es el peaje a pagar por ser parte de un país en el que la deuda llega al 113% del PIB.

La consejera de Hacienda ya reconoció la semana pasada que es «casi seguro» que «no nos van a permitir incrementar la deuda». Para hacerse una idea de lo que esto puede suponer basta con apuntar que el débito de Canarias aumentó durante la pasada legislatura –entre junio de 2019 y marzo de este año, último dato disponible– en casi 555 millones. Un colchón del que no dispondría el actual Ejecutivo.

Y por último está la regla de gasto, que es un segundo límite al desembolso público. Este no podrá incrementarse por encima de una tasa de referencia que se calcula sobre la base del crecimiento previsto de la economía española –del PIB– a medio plazo. Esto es lo que se sabe. Se sabe que vuelven las reglas fiscales y, con ellas, la disciplina y el rigor. Y_se sabe también que el Gobierno no parece dispuesto a incumplir el compromiso de aliviar la carga tributaria de las familias. Pero, en cambio, no se saben los detalles.

El recurso de la deuda, que creció la pasada legislatura en 555 millones, puede quedar ‘vedado’

La vicepresidenta Nadia Calviño está negociando en la presidencia española de la UE la reforma de las reglas fiscales. Todo parece que los límites del 3% de déficit y 60% no se tocarán, pero es probable que cada Estado acabe teniendo su propio plan de ajuste. Hasta que esto no se aclare, es decir, hasta que no haya un marco comunitario, no podrá haber un marco nacional en el que fijar, por ejemplo, cómo se distribuirá ese 3% de déficit entre el Estado, las autonomías y los entes locales y si habrá o no cierto margen para el endeudamiento. Así que Canarias deberá elaborar sus presupuestos en una casi total «incertidumbre». De ahí la advertencia del organismo presidido por Cristina Herrero.

La AIReF explica que «la elaboración del presupuesto autonómico para 2024 se producirá bajo un contexto de incertidumbre institucional originado por la confluencia de varios factores», y agrega: «La reforma del marco fiscal europeo está en una fase preliminar, la del marco nacional no se ha iniciado, y la convocatoria de elecciones se ha producido antes de que se aprueben los objetivos de estabilidad y la regla de gasto». Y a todo ello se suma la posible tentación de gastar más por la liquidación de la cuenta del sistema de financiación autonómica de 2022, que producirá un alza «temporal» de los ingresos que en ningún caso, recomienda la AIReF, debería emplearse para generar gasto estructural –gasto que deba mantenerse más allá de 2024–.

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