Nueva Canarias-bc apoya las reivindicaciones de Puerto del Rosario y Agüimes de mantener su representación en la Autoridad Portuaria de Las Palmas
Román Rodríguez considera muy grave que el Gobierno canario haya optado por excluirlas para colocar a un directivo de una empresa que opera en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y a una integrante de CC sin vinculación con el puerto
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) apoya plenamente las justas reivindicaciones de los ayuntamientos de Puerto del Rosario y Agüimes en torno al mantenimiento de su representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Román Rodríguez, presidente de NC-bc, considera muy grave que se les haya excluido para colocar a Airam Díaz, hasta ahora director de una empresa que opera en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y próximo a CC, y a Beatriz Calzada, militante de CC y que fue candidata de este partido en las recientes elecciones generales del 28M, y sin vinculación alguna con el puerto.
Hasta el momento era habitual que del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas formaran parte los representantes de los municipios con puertos relevantes, entre ellos Puerto del Rosario y Agüimes. Lo que ha sido quebrado por una decisión del Gobierno CC-PP de carácter partidista y no pensando en el funcionamiento del órgano.
Rectificación
En ese sentido, el presidente de NC-bc expresó su pleno apoyo a las demandas expresadas tanto por el ayuntamiento de Puerto del Rosario, el Cabildo Insular de Fuerteventura, la Cámara de Comercio y las organizaciones turísticas majoreras, que han cerrado filas contra la decisión adoptada y piden que se revierta esa exclusión.
El líder de NC, Román Rodríguez, en la sede del partido en la capital grancanaria. / Ángel Medina G.
Asimismo, el pleno del ayuntamiento de Agüimes acaba de aprobar una moción por la que solicita una urgente rectificación del Ejecutivo canario ante una medida que no tiene la menor justificación. Destacando la importancia del Puerto de Arinaga “cuyo desarrollo depende de la buena sintonía y plena colaboración del ayuntamiento y cuya actividad impacta de forma directa en la zona industrial de Arinaga”.
Román Rodríguez considera que, en uno y otro caso, el de la capital majorera y el del municipio del sureste de Gran Canaria, son razonables y justas las reivindicaciones planteadas; y que el Gobierno de Canarias debe rectificar una decisión que carece de justificación alguna.
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