El Ejecutivo canario tiene seis meses para ejecutar el 84% de la inversión

El Gobierno de Canarias tiene seis meses para ejecutar un 84% de los fondos presupuestados para inversión directa. En el primer semestre de 2023, la Administración autonómica, esto es, el Ejecutivo regional y todo su entramado de entidades y organismos dependientes, solo gastó un 16% del dinero consignado en el capítulo VI de las cuentas públicas, el de las inversiones reales, que es donde se anotan las partidas para las obras que licita y adjudica la propia Administración autonómica.

De modo que las consejerías y demás departamentos y entes regionales tendrán que pisar el acelerador en esta segunda mitad del año para alcanzar un nivel de ejecución digamos decente al cierre del ejercicio. No en vano quedan por ejecutar –en el argot presupuestario ejecutar significa gastar o invertir de manera efectiva– más de mil millones de euros.

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar los datos de la ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma a fecha del pasado 30 de junio, es decir, transcurrida ya la primera parte del año. Son los últimos datos, por tanto, de la gestión del pacto de las flores, ya que el cambio de gobierno se produjo a mediados de julio. Como suele ser habitual –y no es algo exclusivo de Canarias–, la ejecución de las inversiones en obra pública, que es una de las principales herramientas de los gobiernos para contribuir al crecimiento y el desarrollo socioeconómicos, se sitúa en porcentajes ínfimos al cierre de la primera mitad del ejercicio.

Una vez más habrá que esperar hasta las postrimerías del año para ver crecer estos porcentajes. Y lo peor no es esto, sino que será difícil, muy difícil, que se supere el 60% en el capítulo de la inversión directa, un nivel que, por otra parte, no es como para sacar pecho. En 2019, la Administración autonómica –timoneada hasta junio por el primer gobierno de Fernando Clavijo y a partir de entonces por el de Ángel Víctor Torres– apenas invirtió un 40,3% de los fondos consignados en el capítulo VI, así que se quedaron sin gastar seis de cada diez euros. En 2020, ya con el pacto de las flores a tiempo completo, el nivel de ejecución se disparó hasta el 69,98%, todo un éxito vistos los precedentes. Sin embargo, en 2021 se volvió a las andadas y solo se invirtió un 59,4% de lo previsto en las cuentas públicas, porcentaje que incluso empeoró el año pasado, el último del cuatripartito a jornada completa, cuando se quedó en el 58,7.

La Comunidad Autónoma jamás había manejado una suma tan alta para inversiones reales

Hasta el pasado 30 de junio, la Comunidad Autónoma había ejecutado, gastado de manera efectiva, prácticamente 192 millones de euros de los 1.194,2 consignados en el capítulo VI de los presupuestos para 2023, un exiguo 16,08%. Le queda así por movilizar la friolera de 1.002,2 millones, el restante 83,92%. Si se tiene en cuenta, por un lado, que la Administración regional jamás había manejado una suma tan alta para inversiones reales, y, por otro, los históricos bajos porcentajes que caracterizan su gestión, ya sería para darse con un canto en los dientes si el ejercicio se cierra con al menos un 60% de la inversión directa ejecutada –un nivel, cabe insistir, que ni mucho menos es como para echar voladores–. En cualquier caso, alcanzar ese 60% supondría haber ejecutado más de 520 millones de euros entre el 30 de junio y el 31 de diciembre.

En cuanto a las transferencias de capital, que se consignan en el capítulo VII y que son los fondos que el Ejecutivo transfiere a otros niveles administrativos –cabildos y ayuntamientos– para que sean estos los que los inviertan, el nivel de ejecución al finalizar el primer semestre se quedó en el 15,7%. Más bajo incluso que el de las inversiones reales o directas.

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