Ultimatum para regularizar 800 ‘peticiones perdidas’ de la PCI

En Canarias existen más de 800 solicitudes de concesión de la extinta Prestación Canaria de Inserción (PCI) que los distintos ayuntamientos no tramitaron en tiempo y forma desde el año 2007. Una situación que mantiene en la vulnerabilidad a casi un millar de personas, que demuestra la debilidad crónica que el sistema de servicios sociales arrastra en el Archipiélago y que, en este caso en concreto, se constató cuando en el año 2022 el anterior equipo de la Consejería de Derechos Sociales (actual Bienestar Social) procedió a iniciar el trasvase de la tramitación de solicitudes de PCI (gestionada entonces por los ayuntamientos) como Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), que por Ley gestiona ya el Ejecutivo. 

En ese momento, los 88 consistorios trasladaron al Departamento solicitudes con 15 años de antigüedad que, sobre todo por carecer de suficiente personal administrativo municipal especializado, ni siquiera se habían tramitado y, por lo tanto, eran desconocidas por la Administración autonómica.

Tanto el anterior equipo de Servicios Sociales como el actual de Bienestar Social decidieron, tras consultar con los servicios técnicos de la Consejería, permitir subsanar esta situación dando la posibilidad a todas estas personas que estaban en un limbo administrativo de regularizar su situación y, aunque los anteriores dirigentes del Departamento no llegaron a adoptar ningún acuerdo, la actual Dirección General sí aprobó permitir actualizar su solicitud conforme a lo establecido en la normativa de la RCC, aunque con la expresa advertencia de que, si así no lo hicieran, se les tendría por desistidas de su solicitud.

Ampliación de plazo

El plazo otorgado por la Consejería era de tan solo 10 días, que concluye el próximo lunes 16 de octubre, si bien desde Bienestar Social se ha admitido, ante las advertencias de la Plataforma por una Renta Canaria Digna sobre la inoperatividad de tan corto período de tiempo, que “se ampliará en plazo”, como han confirmado a este periódico.

Desde la Consejería se recuerda que son “expedientes en los que falta gran parte de la documentación de los solicitantes y que van desde 2007 hasta 2021” y que para “dar oportunidad a que las personas solicitantes que aún sigan estando en situación de vulnerabilidad puedan dar continuidad a sus expedientes” se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la relación del total de personas afectadas, pudiéndose completar la documentación “en sede electrónica o en los registros, de forma presencial”.

Sin embargo, desde la Plataforma Ciudadana se considera que “¿Cuántas personas conocen que lean el Boletín Oficial de Canarias cada día? Básicamente, ninguna”, motivo por el cual consideran que “una publicación de este tipo debe ser publicitada masivamente, para que esta información llegue de manera fácil a tantas familias como han solicitado la ayuda, o provocará que la mayoría la pierda”.

Al respecto, la Consejería afirma que “se van a articular más medidas de difusión para que las personas solicitantes estén al tanto y puedan decidir si retoman su expediente”.

El plazo dado por la Consejería culmina el lunes, 16 de octubre, aunque se baraja su ampliación

La Plataforma por una Renta Canaria Digna considera que la situación es “una vergúenza”

La Consejería insiste en que ha asumido la tramitación de “todas las solicitudes de Renta de Ciudadanía desde que esta entra en vigor, en marzo de 2023, y las solicitudes previas de PCI que van desde 2007 hasta 2021, antes de que este equipo tomara posesión en julio de 2023”. 

La Plataforma por una Renta Canaria Digna insiste en que el Archipiélago “lleva años destacando por sus indicadores de pobreza, entre las comunidades autónomas más pobres del país y con un coste de la vida de los más elevados, con una bolsa de la compra de las más caras, no del Estado, sino de Europa”.

Vergonzoso trato denigrante

Por ello, en el comunicado que han emitido para alertar sobre el precario plazo de tiempo para que los afectados regularicen sus ‘expedientes perdidos’ consideran que esta situación es “una vergüenza por el trato deningrante dado a las miles de personas sin recursos que la esperaban”.

“Es un escándalo por el que habría que pedir responsabilidades políticas”, concluyen.

Como se recordará, el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (IDEC) 2022, realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, confirmó que Canarias era la Comunidad Autónoma que mayor esfuerzo realizó en el último año para mejorar las prestaciones a la ciudadanía más desfavorecida. 

Sin embargo, pese a este avance, el Archipiélago es la octava comunidad con un sistema de apoyo social más débil y, pese a ser una de las cuatro comunidades donde aumentó el número de personas que recibieron Rentas Mínimas de Inserción, su cobertura es todavía muy baja, toda vez que solo el 4,2 por ciento de su población bajo el umbral de la pobreza la recibió frente al 7,7 por ciento del conjunto del Estado.

Con la aprobación de la Ley a finales de 2022 todas las unidades de convivencia que ya cobraban la PCI pasan de oficio a la Renta de Ciudadanía sin necesidad de ningún trámite con las cuantías que correspondan, motivo por el que es fundamental regularizar las que fueron presentadas antes de diciembre del pasado año.