Los alcaldes exigen más financiación al Gobierno para la vigilancia de playas

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha emplazado al Gobierno regional a elaborar una norma con financiación suficiente para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan prestar con garantías suficientes el servicio de vigilancia y seguridad en las playas con zonas de baño. El comité ejecutivo de la entidad municipalista analizó ayer las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula una parte del decreto autonómico 116/2018, a instancia de los municipios, y que da la razón a los alcaldes, que demandaban que la regulación en la vigilancia y seguridad en las zonas de baño debía hacerse mediante una ley y no con un decreto y que los ayuntamientos pequeños tengan la financiación necesaria desde la Comunidad Autónoma para cubrir este servicio de seguridad.

El Supremo revocó así una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que entendió que el mandato que la Comunidad Autónoma imponía en ese decreto a los municipios pequeños era, en realidad, un desarrollo de algo que ya estaba previsto en la Ley de Costas de 1988.

«No vamos a renunciar a la seguridad en nuestras zonas de baño, pero sí debe arbitrarse una norma y la financiación necesaria para poder cubrir este servicio en los municipios de menos de 20.000 habitantes», advirtió la presidenta de la Fecam, Mari Brito, también alcaldesa de Candelaria.

Inquietud en la Fecam por la ley de policías locales y el uso turístico de las viviendas

La Fecam abordó en su reunión de ayer otras cuestiones que preocupan a los alcaldes, algunas de las cuales están pendientes de solucionar de anteriores legislaturas como es el caso de la ley de coordinación de las policías locales de Canarias. La normativa volvió a estancarse al final del pasado mandato y el actual Ejecutivo la quiere retomar pero choca con la posición de la Fecam, cuyos dirigentes rechazan que los sindicatos y jefes policiales se sienten en las mesas de negociación y en la Comisión de Coordinación.

«Hemos hecho un repaso de todas las cuestiones del municipalismo que tenemos que abordar, y cuestiones clave que pretendemos salgan adelante en este mandato, en ese camino de cogobernanza, en especial con el Gobierno de Canarias, con los que somos interlocutores oficiales del municipalismo», señaló Brito, que resaltó entre las preocupaciones de los ayuntamientos la ley de coordinación de policías locales entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos; la normativa sobre el uso turístico de las viviendas; cuestiones relativas al cambio climático, a la transición energética y la mencionada anulación del decreto de playas.

La entidad nombra a los comisionados sectoriales e insulares para esta legislatura

El comité celebró ayer su primer encuentro, tras la constitución de la Fecam salida de las elecciones municipales de mayo, y durante el mismo se conformó el organigrama de la entidad con la designación de los comisionados insulares y los presidentes de las comisiones sectoriales. 

Con respecto a las comisiones insulares, la de Tenerife estará presidida por María Concepción Brito Núñez, alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Fecam; el comisionado insular de Gran Canaria, Óscar Ramón Hernández Suárez, alcalde de Agüimes y vicepresidente primero; la comisionada insular de La Gomera, Rosa Chinea Segredo, alcaldesa de Agulo y vicepresidenta cuarta; el comisionado insular de Lanzarote, Isidro Pérez Martín, alcalde de San Bartolomé; el comisionado insular de La Palma, Jonathan De Felipe Lorenzo, alcalde de Breña Alta; el comisionado insular de El Hierro, Pablo Rodríguez Cejas, alcalde de La Frontera, y la comisionada insular de Fuerteventura, Candelaria Umpiérrez Ramos, alcaldesa de Tuineje.

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