Apoyo unánime del Parlamento a agilizar los trámites para sancionar a las eléctricas que causen apagones
El decreto se tramitará como proyecto de ley y garantizará "un sistema legal justo y equitativo»
Salvador Lachica
Por unanimidad, el pleno del Parlamento convalidó el decreto ley que modificó la Ley del Sector Eléctrico a fin de garantizar un «sistema legal justo y equitativo» para sancionar a las empresas eléctricas causantes de apagones en el suministro eléctrico en Tenerife. Un decreto que ahora será tramitado como proyecto legislativo y en cuyo trámite parlamentario la totalidad de los grupos presentarán enmiendas, como han anunciado, para mejorar el texto.
«La situación energética de Canarias es una de las mayores preocupaciones del Gobierno autonómico, como lo demostró la declaración de crisis que respaldó el Parlamento», recordó el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata.
«Las incoherencias entre las legislaciones estatal y autonómica tienen que acabar», insistió en su defensa de la «extrema y urgente necesidad» que alentó la aprobación del decreto ley.
El Consejo de Gobierno aprobó hace dos semanas modificar la vigente legislación «tras detectar que existen ciertas complicaciones para llevar a cabo el procedimiento sancionador actual, ya que los plazos han demostrado ser, en muchas ocasiones, insuficientes para completar todo el proceso burocrático».
La Ley actual de 1997 arbitra el procedimiento sancionador en su artículo 21, que remite a la Ley de Procedimiento Administrativo Común del Estado, que establece un plazo máximo de tres meses para imponer la sanción. Dado que la Ley Estatal del Sector Eléctrico cuenta con plazos más extensos -hasta dieciocho meses-, en comparación con el Procedimiento Administrativo Común -solo tres meses-, el Gobierno canario modificará el artículo 21 de la Ley para «contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas eléctricas». El decreto ley cuenta con un único artículo que modificará los artículos 19 y 21 y suprimirá los artículos 20 y 22, que prevén que «las infracciones muy graves prescribirán a los tres años de haber sido cometidas, las graves, a los dos años, y las leves, a un año».
Canarias ha sufrido ocho apagones desde 2009, incluyendo el de La Gomera del pasado verano que afectó a 15.000 usuarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incentivos a la construcción de casas prefabricadas, el ‘plan canario’ para paliar la falta de vivienda
- El PP bloquea toda posibilidad de que el Gobierno cree una ecotasa turística
- ¿Cuánto cobra la limpiadora?": momentos de tensión entre el presidente de la patronal turística de Las Palmas y un periodista
- La propuesta de Clavijo de subir el IGIC a las pernoctaciones desconcierta al PP
- El Ayuntamiento de Madrid copia la fórmula canaria para regular las viviendas vacacionales
- Rescatado un cayuco con unos cien migrantes al sur de Gran Canaria
- La bandera de las Siete Estrellas Verdes abriga al Oso y El Madroño
- CC, tras el anuncio de Sánchez: "No se puede ir de víctima y a la vez de verdugo