La Autoridad Fiscal prevé que Canarias rozará la ‘deuda cero’ en cinco años

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la deuda pública de Canarias esté casi a cero en 2028, es decir, en apenas cinco años. Camina así hacia mínimos históricos, ya que ni siquiera en los años de burbuja inmobiliaria y bonanza económica anteriores a la gran crisis de 2008-2014 se logró un nivel de endeudamiento tan bajo como el que la AIReF estima para 2028. No hay ninguna otra Comunidad Autónoma, ni en el más favorable de los posibles escenarios macroeconómicos ni por supuesto en el más desfavorable, que esté en condiciones de alcanzar un horizonte de prácticamente deuda cero en tan corto espacio de tiempo. Las previsiones de la Autoridad Fiscal, que es la institución creada en 2013 por el Gobierno de España, a instancias de la Unión Europea (UE), para velar por la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, son así munición extra para el Ejecutivo canario en su objetivo de persuadir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que las Islas puedan gastar su superávit presupuestario a discreción. Máxime cuando los cálculos de la AIReF ponen en evidencia hasta qué punto los esfuerzos que el Gobierno regional viene haciendo por mantener la deuda a raya no se corresponden en modo alguno con lo hecho en otras comunidades. Y, sin embargo, tanto las autonomías cumplidoras, con Canarias a la cabeza, como las incumplidoras, como Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha, están obligadas por igual a destinar el superávit presupuestario para amortizar deuda. Para amortizar deuda, cabe insistir, exista o no un débito público digamos preocupante.

Pasarán como poco 20 años antes de que el debe público catalán sea tan bajo como el de las Islas

El observatorio de las Comunidades Autónomas de la AIReF, que se ha convertido en la base de datos de referencia para todo lo relacionado con los presupuestos y las finanzas territoriales, muestra a las claras que el de la deuda no es un problema común de las regiones. Es más, pone de manifiesto que es un problema con nombre y apellidos, ya que hay comunidades hiperendeudadas que lo seguirán estando durante muchos años y otras, con el Archipiélago como gran exponente, que tienen el débito bajo control y que en nada estarán con deuda cero. O casi. En el caso de las Islas, el debe público equivale al 12,8% de su Producto Interior Bruto (PIB), según el último dato del Banco de España (BdE) a fecha del pasado 30 de septiembre. Ese bajo débito –la media interautonómica es del 22,3% del PIB– es el argumento central de la Consejería de Hacienda en su intento de que se flexibilice la regla de gasto y se libere el superávit de las regiones que han cumplido el objetivo de deuda. De no lograrlo –en principio, todos los grupos parlamentarios de la Cámara canaria parecen de acuerdo con el Ejecutivo de Fernando Clavijo en la pertinencia de exceptuar al Archipiélago del bloqueo del superávit–, las Islas tendrán en 2028 una deuda equivalente al 3% del PIB –una deuda irrisoria, casi inexistente a efectos prácticos– mientras que en la Comunidad Valenciana seguirá por encima del 43%, en Cataluña aún superará el 27% y en Castilla-La Mancha todavía andará por el 28%, siempre de acuerdo con las previsiones de la AIReF. Y resulta que a pesar de tan abismales diferencias, todas están obligadas por igual a destinar el superávit, en caso de tenerlo, para pagarles a los bancos.

Un problema de décadas

Para hacerse una idea de lo insignificante de ese 3% de deuda previsto por la AIReF para el Archipiélago basta con echar la vista atrás. El BdE ofrece datos desglosados del debe público autonómico desde 2004, es decir, desde mucho antes de que la deuda y el déficit se convirtieran en un problema de primer orden para las autoridades comunitarias y los Estados miembros, que no empezaron a verle las orejas al lobo hasta que la caída de ingresos tras el crac financiero de finales de 2007 generalizó el uso del endeudamiento como medida paliativa. Pues bien, el débito más bajo registrado hasta la fecha en Canarias por el regulador bancario se anotó justamente en 2004. En aquel entonces, con la economía española creciendo un saludable 2,6% gracias al empuje del consumo y la inversión, la deuda del conjunto de las Comunidades Autónomas era del 6,1% del PIB global y la del Archipiélago, del 3,4% de su Producto Interior Bruto. Así que en 2028, con ese 3% previsto, tocaría un nuevo mínimo de cumplirse el pronóstico de la AIReF. ¿Cuándo estarán las regiones incumplidoras en tan bajo nivel de endeudamiento? Nunca antes de 2050, salvo que medien quitas o condonaciones como la que el Gobierno central no tiene más remedio que conceder a todas las comunidades después de que el PSOE pactase con Esquerra, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, una quita de 15.000 millones en favor de Cataluña, autonomía sobreendeudada donde las haya.

A mitad de siglo, la deuda valenciana aún será del 28% del PIB, cuando hoy aquí es de solo el 12,8%

En el más favorable de los tres escenarios macroeconómicos dibujados por la AIReF –un contexto de «mayor» crecimiento del PIB–, el debe público de la Comunidad Valenciana alcanzará su mínimo precisamente en 2050. Y aún entonces será del 28% del PIB, más del doble del que Canarias tiene en estos momentos. Una Canarias que, por cierto, tendrá a mediados de siglo una deuda equivalente al 1,6% del PIB, con lo que más bien no tendrá deuda alguna –siempre con las cautelas, por supuesto, que exige una proyección a tantos años vista–. En Cataluña sí se habrá reducido sobremanera en 2050, pero aún será del 10% de su PIB. De hecho no será hasta 2044, dentro de 20 años, cuando la comunidad del noreste peninsular habrá conseguido reducir su endeudamiento a los niveles que hoy registra Canarias. En otros casos, el ecuador del siglo llegará con el débito en el 10,6% del PIB –en Castilla-La Mancha y siempre, toca insistir, que se dé el mejor de los posibles escenarios– o en el 19,3%, caso de la Región de Murcia.

La idea del Gobierno de Clavijo es modificar la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de la que se derivan los instrumentos de control de las finanzas públicas –objetivos de déficit/deuda, regla de gasto–, a través de una disposición en los presupuestos generales del Estado para 2024. La modificación regiría para todas las autonomías que cumplan el objetivo de deuda –ahí estarían Madrid, Galicia y las forales– y que estén en situación de superávit estructural –las Islas lo estarán durante el próximo lustro, según prevé la AIReF–. El objetivo es que ese superávit, ese remanente de ingresos, pueda usarse para financiar los servicios públicos y no necesariamente para amortizar una deuda que en su caso es más que sostenible.

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