Torres insta al PP a mantener su senda en el Senado en apoyo del reparto de menores

Las demostraciones realizadas en las últimas semanas por el PP en apoyo de las reformas legales para un reparto obligatorio de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas todavía no tranquilizan al cien por cien al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respecto a la posición final de las regiones que los populares gobiernan en coalición con Vox.

El rechazo rotundo de esa medida por parte de la formación ultra podría condicionar tanto el voto del PP cuando esa reforma se lleve al Congreso, como el de los territorios donde ambas formaciones comparten gobierno. Por todo ello, Torres, que hace unos días se mostraba muy escéptico sobre el apoyo firme del partido de Alberto Núñez Feijóo a este respecto, instaba este jueves de forma implícita a los populares a que mantengan la senda emprendida la semana pasada en el Senado, donde se aprobó una moción en defensa de esos cambios normativos para la acogida obligatoria de estos menores por parte de las administraciones regionales.

El ministro canario resaltó el hecho de que la moción del Senado de hace unos días, presentada por el senador de AHI, Javier Armas, fuera consensuada en su texto final por todos los grupos, entre ellos el PSOE y el propio PP, lo que interpretó como una senda de consenso que debe prevalecer cuando las reformas que lleguen a las Cortes tengan que ser votadas y aprobadas por mayoría absoluta.

Ese consenso estaría avalado por las declaraciones del presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, o el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en ambos casos asegurando que el PP apoyaría la reforma legal. Pero el hecho de que, una vez más, Vox votara en contra de esa moción y mantenga un discurso racial contra la medida, como en la comunidad maña hizo su vicepresidente, hacen aflorar las dudas en el Gobierno central y en el PSOE sobre la capacidad del partido ultra de presionar a su socio político.

Es una cuestión de la mayoría

En este sentido, tras recordar que el Gobierno “va a cumplir” el acuerdo alcanzado entre el PSOE y CC para llevar a cabo las modificaciones normativas necesarias para que los migrantes menores no queden exclusivamente en el territorio al que llegan, insistió en que al final esa reforma dependerá también del PP .

“Si esa modificación culmina en una ley que tiene que aprobarse en las Cortes indudablemente tiene que tener voto favorable del PP, porque no es una cuestión de una mayoría que apoya al actual Gobierno de España”, resaltó el ministro. A partir de ahí, recordó que esa reforma legal que obligará a todas las regiones a aceptar menores procedentes de otros territorios “invaden competencias autonómicas y podemos encontrarnos con comunidades que, porque no están de acuerdo, como ha dicho claramente Vox, acudan al Tribunal Constitucional ante una ley que se pueda aprobar”.

Considera así que “es imprescindible que el principal partido de la oposición vote a favor” y no se deje influir por su socio en seis comunidades autónomas. “Es una modificación para siempre, que cambia los parámetros de los años anteriores. En 2024 la migración de menores llega a Canarias, en 2018 llegaban a Andalucía, los flujos migratorios toman sus rutas y sus destinos, pero estamos de una de las grandes modificaciones que se ha dado nunca desde la transición democrática”, resaltó el ministro.

"Los flujos migratorios toman sus rutas y sus destinos, pero estamos de una de las grandes modificaciones que se ha dado nunca desde la transición democrática”

Ángel Víctor Torres

— Ministro de Política Terrirorial

Se está trabajando en la respuesta jurídica a las fórmulas planteadas por parte de Canarias tanto desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como desde otros ministerios. Lo que está claro es que sobre cualquiera de las dos opciones propuestas, la del decreto ley o la de la modificación de leyes orgánica, se tienen que manifestar las Cortes, o con una convalidación en el primer caso, o con un respaldo por mayoría absoluta del Congreso.

En relación con las propuestas de modificación legal realizada por el Gobierno de Canarias, una a través de un decreto ley y otra mediante reforma de leyes orgánicas como la ley del Menor y la ley de Extranjería, Torres aseguró que “no será lo que nosotros queramos, sino lo que los servicios jurídicos digan que procedería”, aunque no concretó la fecha en que podría estar lista la decisión del Gobierno central pese a que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se comprometió a hacerlo antes del 31 de marzo.

Insistió en la dificultad de esas reformas por todo lo que conlleva, entre otras cosas cambios en los Estatutos de Autonomía, y aseguró que “el Gobierno de España está ayudando al máximo” en todo lo que tiene que ver con la política migratoria y hacer frente a la situación que vive Canarias.

Nunca más cerca

“Modificar la legislación para que esos menores no se queden en los territorios a los que llegan es de justicia, que para eso no nació la ley del Menor, pero tocar esta ley tiene sus dificultades, como la ley de Extranjería. La solidaridad voluntaria se expresa en números exiguos, esta es una respuesta que tienen que darse, que no hay que hacerlo porque lleguen a una comunidad sólo, hay que hacerlo pensando sobre todo en el respeto a los derechos de los menores", resaltó Torres, que también preside la Comisión Interministerial sobre Inmigración.

“Este es el momento en que más cerca estamos para que esta reforma se produzca y espero que todas las comunidades autónomas la respalden, porque es de justicia que ese reparto se dé entre todos los territorios”, subrayó.

El ministro no ofreció novedades sobre las negociaciones con Cataluña para el traspaso de algunas competencias en materia de migraciones según el acuerdo alcanzado hace unas semanas entre el Gobierno central y Junts a cambio del apoyo de este partido a los decretos económicos anticrisis que aprobó el Congreso.

Torres sí hizo hincapié en que en ningún caso se trata de “traspasar” competencias a la Generalitat, sino de “delegarlas”, algo que “es muy distinto porque la competencia en ningún caso pasaría a ser definitivamente de la comunidad autónoma”. En cualquier caso, recalcó que ese proceso exige que tenga que hacerse a través de una ley orgánica y, por tanto, con mayoría absoluta del Congreso. Esto obliga, explicó, a un acuerdo entre más de dos fuerzas políticas en el Congreso. “Ese es el camino que se emprenderá, que culmine en una ley orgánica. Es algo que va más allá de la política territorial si no de una ley que tiene que aprobarse en las Cortes”, comentó.

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