La inmigración y la política estatal marcan los ocho meses del pacto

El pacto de Gobierno que preside Fernando Clavijo cumple ocho meses de gestión condicionada por la crisis migratoria y las turbulentas relaciones con el Estado. La oleada de pateras y cayucos llegados desde el pasado verano a las costas canarias ha pulverizado todos los registros históricos y la tutela de unos 5.500 menores no acompañados por la Comunidad Autónoma ha sido el principal problema al que se ha tenido que enfrentar el Ejecutivo en estos meses. La debilidad política del Gobierno central, que aún no ha podido sacar adelante los Presupuestos del Estado, tensiona las relaciones con la Comunidad Autónoma porque la amnistía lo ha condicionado todo, asunto que los nacionalistas canarios han dejado fuera del pacto con Ferraz.

En esta segunda etapa al frente del Ejecutivo, Clavijo maneja un difícil equilibrio político entre su socio en Canarias, el PP, y su socio en Madrid, el PSOE, que cuenta con la presencia en primera fila del Gobierno central de su antecesor en la Presidencia, Ángel Víctor Torres. Coalición Canaria ha basado su estrategia en el cumplimiento de la agenda canaria, documento firmado tanto por el PP como por el PSOE. El voto de la diputada Cristina Valido es valioso para Pedro Sánchez y los nacionalistas han forjado un acuerdo en Madrid que disgusta al PP, pero no se vislumbra que la actual dirección de los populares canarios vaya a realizar ningún amago de forzar crisis o rupturas como las ocurridas en anteriores pactos de CC y PP. Tras el estallido del caso Koldo el PSOE se ha dado prisa en acelerar los presupuestos del Estado para amarrar el voto de CC y evitar nuevos sustos en el Congreso.

Inmigración

El pacto de las flores se tuvo que enfrentar a la crisis migratoria del muelle de Arguineguín en 2020 y el pacto de CC y PP a la crisis del muelle de La Restinga en El Hierro desde el verano. En noviembre se superaron los registros de entrada de migrantes y embarcaciones irregulares de 2006 en una oleada sin precedentes y con una reacción tardía del Gobierno central, como ya ocurrió en 2020, pero que para la Comunidad Autónoma ha supuesto una losa difícil de gestionar al tener que tutelar a más de 5.000 menores no acompañados.

El principal frente abierto por Canarias con el Estado en estos ocho meses ha sido el de reformar la legislación estatal para obligar a las comunidades a acoger a estos menores, ya que los centros canarios están desbordados. Tras meses de crisis migratoria continua la solidaridad con las Islas no llega en un escenario de convulsión en la política estatal, en el que el Gobierno central ha estado más centrado en la amnistía y en la forma de salir del desafío independentista.

Sánchez y sus ministros han tenido que viajar en los últimos meses a Marruecos, Mauritania y Senegal para frenar la salida de embarcaciones de sus costas con más apoyo económico, material y logístico a estos países. En la UE_se alcanzó un acuerdo de mínimos sobre el pacto de migración y asilo, pero todavía queda mucho camino por recorrer hasta que los Estados se vean obligados a asumir la inmigración que llega a las Islas.

Con todo aún por concretar, el balance del Gobierno es la enésima exigencia al Estado para que fuerce la «corresponsabilidad» obligatoria de las comunidades con los menores. El Ministerio del Interior se ha visto obligado a acelerar las derivaciones de los migrantes adultos ante el cariz que estaba tomando la nueva oleada, ya que octubre se convirtió en el mes con la mayor llegada de migrantes a las Islas. El Hierro se ha convertido en el símbolo de esta situación como lo ha sido Lampedusa en Italia o Lesbos en Grecia.

Fiscalidad y fondos

La economía canaria tuvo un buen comportamiento en 2023 en la transición entre los dos gobiernos tras las elecciones de mayo. A pesar de las convulsiones de las economías nacional, europea y mundial el turismo se ha convertido una vez más en la tabla de salvación de la actividad económica de las Islas. El PIB creció hasta un 3,5%, por encima de la media nacional, y para este año se prevé rozar el 2% lo que preocupa al Ejecutivo por lo que puede suponer de ralentización en la creación de empleo, que ha registrado cifras récord de afiliaciones a la Seguridad Social.

Desde las consejerías de Economía y Hacienda se ha realizado un diagnóstico de los fondos europeos Next Generation ante la lentitud en su ejecución en el caso de las partidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), por lo que uno de los principales retos a los que se enfrenta el Ejecutivo hasta final de legislatura es gastar y justificar los fondos ante el Estado y Bruselas. El pacto CC-PP pudo llevar a cabo la elaboración y aprobación de los presupuestos autonómicos de 2024, que están en vigor desde el 1 de enero. Las dudas y la incertidumbre atenazaron a Hacienda de nuevo por la convulsa política estatal y la demora que arrastró la formación del Gobierno central tras las elecciones generales de 23 de julio.

Presentación de los Presupuestos de Canarias para 2024

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El Ejecutivo regional se lanzó a elaborar las cuentas sin contar con techo de gasto ni concreción sobre las partidas que podrían venir de los presupuestos del Estado, fijando lo que la consejera de Hacienda, Matilde Asián, denomina el «gasto real» de las consejerías con el fin de ajustar al máximo posible los fondos disponibles. Este escenario de incertidumbre política y presupuestaria marcó los primeros meses de gestión del Ejecutivo, que se vio obligado a aplazar su compromiso de bajada de impuestos realizada durante la campaña electoral y que tenía como eje central la reducción del tipo general del IGIC del 7% al 5%.

El Gobierno insiste en que la bajada de la presión fiscal se inició en estas cuentas con la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, deducciones fiscales en el IRPF y el IGIC o la bonificación del impuesto sobre los combustibles en las islas occidentales para mitigar los elevados precios de la gasolina y el gasoil. La oposición criticó de inmediato el incumplimiento de este compromiso y Hacienda abre la puerta a que los fondos destinados a la regla de gasto se puedan consolidar en inversiones y gasto social para aplicar nuevas bajadas de impuestos. Ahora que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reafirmado que habrá presupuestos del Estado, una vez solventada la ley de amnistía, los nuevos retos de Hacienda son alinear el techo de gasto y el objetivo de déficit con las previsiones recogidas en las cuentas autonómicas. Por delante también el nuevo sistema de financiación autonómica y el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Vivienda y costas

La vivienda se ha convertido en una prioridad desde que entró el Ejecutivo y la Consejería que dirige Pablo Rodríguez ha acelerado los trámites para aprobar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que aún está pendiente de validar por el Parlamento. El Ejecutivo declara en la norma la «emergencia habitacional» en las Islas y la declaración de interés general de las viviendas protegidas, lo que supone la posibilidad de llevar a cabo acciones expropiatorias, intervención de suelo urbanizable y rústico, agilizar los procedimientos por la vía de urgencia o rescatar suelo turístico para uso residencial.

El Ejecutivo incentiva la colaboración público privada con mecanismos como el derecho de superficie, por el cual un constructor puede edificar en suelo público a través de una concesión para viviendas con alquileres asequibles. Paralelamente a la demanda de vivienda residencial para reducir la presión sobre los alquileres, el Ejecutivo también afronta la regulación de la vivienda vacacional a través de la Consejería de Turismo, si bien en este caso aún se trata de un borrador en el que aún quedan por incluir las sugerencias tras la información pública al que ha sido sometido.

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En el ámbito de la Consejería de Obras Públicas el Ejecutivo dirime otro contencioso con el Estado por las competencias en la gestión del litoral. Desde que se inició la legislatura la formación nacionalista ha exigido al anterior presidente y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, una comisión bilateral Canarias-Estado para aclarar las competencias negociadas por el anterior Gobierno.

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Después de los meses transcurridos esta comisión no se ha celebrado y el Ejecutivo regional ha ido incrementando la presión sobre el Estado hasta que la reciente decisión de dar por caducada la licencia del Hotel Oliva Beach, y encaminar el expediente hacia la demolición del establecimiento, ha provocado que el Gobierno haya decidido llevar el asunto al Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias, algo de lo que ya amenazó el anterior Gabinete sin que nunca se llevara a la práctica.

Empleo público

La situación de más de 20.000 empleados públicos entre funcionarios y personal laboral que se encuentran en situación de interinidad y temporalidad en la Administración autonómica ha sido uno de los asuntos más problemáticos de estos primeros meses de legislatura. El Ejecutivo se encuentra bajo la presión de tener que cumplir la ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público, que pone como límite el 31 de diciembre de este año para bajar la tasa de interinidad hasta el 8%, condición impuesta por Europa ante el elevado número de trabajadores sin plaza fija que se acumulan en las administraciones públicas españolas.

La Consejería de Administraciones Públicas, departamento al que está adscrita la Dirección General de Función Pública, ha acelerado los trabajos y reforzado el personal para cumplir con el mandato legal. Tras el amago de solicitar una prórroga del plazo y la negativa del Estado y de Bruselas, hace unos días se conoció un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que advierte que los procesos de estabilización no son suficientes para garantizar la fijeza del personal laboral en abuso de temporalidad y tampoco la indemnización de 20 días por año trabajado para los interinos que no superen los procesos selectivos. Con la duda de cómo se interpretará la sentencia comunitaria, las protestas de los interinos y la cascada de recursos judiciales que se avecinan, el Ejecutivo ya ha dicho que seguirá adelante con los procesos selectivos hasta que se dictamine lo contrario por el Estado o la Justicia.

Seguridad

Con la entrada del nuevo Gobierno se introdujeron varias modificaciones en el organigrama del Ejecutivo, entre ellas separar Seguridad de Emergencias, antes adscritas a la misma Dirección General. De esta forma la Dirección General de Seguridad se mantiene bajo la esfera de Administraciones Públicas y la Dirección General de Emergencias se vinculó a la Consejería de Política Territorial. El objetivo es fortalecer el ámbito de la seguridad pública con el impulso y crecimiento del Cuerpo General de la Policía Canaria y consolidar la coordinación de las policías locales.

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En ambos cuerpos se han sentado las bases para incrementar las plantillas, sobre todo en el cuerpo autonómico con la convocatoria de oposiciones, acelerar las pruebas y superar los 300 agentes con el fin de negociar con el Estado la cofinanciación del cuerpo para incrementar sus efectivos y iniciar el despliegue por todas las islas de forma permanente y no solo esporádica como hasta ahora.

En el caso de las policías locales el Ejecutivo ha finalizado la primera convocatoria unificada de policías locales para varios ayuntamientos y ya ha convocado la segunda promoción al mismo tiempo que acaba de aprobarse el nuevo reglamento de acceso al cuerpo, lo que ha provocado críticas de los sindicatos, que demandan que el proceso selectivo convocado se realice con las nuevas normas de selección para que las pruebas sean más rápidas y se ajusten al nuevo procedimiento.

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Los intentos de la consejera Nieves Lady Barreto para consensuar la nueva ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias con los ayuntamientos y los sindicatos han resultado hasta ahora infructuosos ya que las posiciones de ambos siguen muy cerradas, lo que provocó el fracaso de los dos intentos anteriores de contar con una nueva ley.

Política Territorial

La planificación territorial, el planeamiento municipal y los usos del suelo han entrado de lleno en la agenda de prioridades del Ejecutivo en estos primeros compases de la legislatura con el objetivo de introducir modificaciones en la Ley del Suelo del año 2017. El departamento ya ha iniciado el proceso que se desarrollará durante este año con consultas a los ayuntamientos y cabildos, además de a los agentes sociales y a la ciudadanía en general.

Esta última fase se llevará a cabo a través de una serie de jornadas que se celebrarán en todas las islas y también a través de plataformas online, donde hay una interacción entre el Gobierno y las distintas administraciones isleñas. Este trabajo es paralelo a las políticas del reto demográfico que se pretenden impulsar en este mandato.

En el ámbito de la Consejería también se ha declarado la emergencia hídrica en algunas islas ante la situación de sequía y problemas en el abastecimiento de agua tanto para el uso humano como para la agricultura. Especialmente grave es la situación de Fuerteventura aunque otras islas como Lanzarote y Tenerife también están tomando medidas para el ahorro del consumo de agua. Municipios de islas como La Gomera también están planificando sus recursos hídricos de cara al próximo verano ante el invierno seco que se está viviendo en Canarias. El Gobierno han intensificado las gestiones con el Estado para reactivar el convenio de obras hidráulicas y poner en marcha una serie de actuaciones de urgencia para hacer frente a un escenario que puede seguir empeorando.

Transición energética

Junto a la emergencia hídrica y la habitacional, el Ejecutivo también ha puesto sobre la mesa la emergencia energética tras el apagón que se produjo en la isla de La Gomera apenas aterrizado el nuevo pacto a finales del mes de julio y que se prolongó durante dos días. La situación de los equipos e infraestructuras que generan la energía eléctrica en las Islas están al borde colapso y en los últimos años se han sucedido los ceros energéticos en islas como La Palma, Tenerife o La Gomera.

Las demandas al Estado para que resuelva el procedimiento de concurrencia competitiva, el «famoso concurso» que establece la ley del año 2013, se han intensificado junto a la necesidad apremiante de renovar equipos de centrales obsoletos que no responden a la demanda creciente por el incremento de población en algunas zonas de las Islas. El Ejecutivo reprocha al anterior equipo que el déficit de generación energética de Canarias se conoce desde el último trimestre del año 2021, en base a los informes que emite Red Eléctrica y que indicaba el déficit de generación de 120 megavatios en Gran Canaria, 80 megavatios en Tenerife y 30 megavatios en la isla de Fuerteventura.

Bienestar Social

Sobre la Consejería de Bienestar Social recae la coordinación de los centros que se han habilitado para atender a la oleada de menores migrantes no acompañados que han llegado a las Islas y que se han disparado hasta los 5.500, cifra nunca antes vista en Canarias y que ha colocado al Ejecutivo en una situación límite. Por ello se ha declarado también la emergencia social con el fin de buscar alojamientos e infraestructuras, junto a los cabildos, para atender a estos menores.

El principal conflicto con el Estado en estos primeros meses de legislatura ha sido la permanente reivindicación del Ejecutivo para que Canarias no sea la única responsable de los miles de menores que hay en las Islas y que haya una responsabilidad compartida de los mismos. Los chicos y chicas que se han derivado a otras comunidades ha sido un número ínfimo en comparación con los que han venido en cayucos y pateras desde el pasado verano, lo que ha superado todas las previsiones posibles.

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Los dos gobiernos han intensificado los contactos tras la última remodelación del Gobierno central para modificar la legislación estatal, a fin de introducir mecanismos que permitan obligar a las comunidades a acoger menores con los fondos adecuados procedentes del Estado.

La gestión de la dependencia se ha convertido de nuevo en un asunto en el que el Gobierno y la oposición se tiran los trastos a la cabeza. Tras la controvertida gestión realizada la legislatura pasada por Podemos en la Consejería de Derechos Sociales, el equipo encabezado ahora por Candelaria Delgado presume de haber terminado 2023 con una mejoría de los datos, algo en lo que no coincide el PSOE. Otro reto para el departamento es la situación de los centros sociosanitarios, ya que la falta de camas para atender a las personas con necesidades sociales que ocupan camas hospitalarias es un problema creciente entre otros motivos por la falta de ejecución del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. El Gobierno quiere acabar este año con el vigente, prorrogado en varias ocasiones, para negociar uno nuevo y más realista que entre en vigor el próximo año.

Sector primario

La situación de la agricultura y la ganadería de las Islas ha sido uno de los asuntos más debatidos de los últimos meses. Las protestas de los agricultores a nivel europeo y español han sido constantes en los últimos meses no solo por la sequía, sino también por la política agraria de la Unión Europea y en el ámbito canario se ha introducido el debate de los perjuicios que puede acarrear la futura línea marítima con Tarfaya por la posible entrada de plagas para los productos agrícolas y enfermedades para los animales.

Protesta de agricultores y ganaderos en Las Palmas de Gran Canaria (21/02/2024)

El Gobierno ha tenido que realizar modificaciones en el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y en el Posei con el fin de incrementar las ayudas al sector agrícola y ganadero ante la crisis que está provocando, entre otros problemas, la disminución de la cabaña ganadera y un desfase cada vez mayor entre los precios que reciben los agricultores por sus productos y el precio de venta al público en las tiendas.

La crisis provocada por la guerra de Ucrania, el incremento por la inflación en el precio de las materias primas y la lejanía de Canarias con la obligación del transporte ha elevado considerablemente los costes, lo que no ha hecho, sino incrementar la preocupación por el futuro del sector. El Ejecutivo adelantó las modificaciones del REA al mes de febrero tal y como exigían las organizaciones agrarias para no llegar al verano sin actualizar las ayudas, pero el Ejecutivo se ha propuesto ir más allá con cambios que no 

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