El Diputado del Común investigará las deficiencias e irregularidades denunciadas por los usuarios en el Centro de Mayores de Puerto del Rosario. La apertura de la investigación de oficio se realiza tras las quejas vertidas por los mayores no sólo ante la dirección del centro social sino ante el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, responsable de la gestión del mismo.

El pasado lunes la empresa suministradora de energía eléctrica decidió cortar la luz como consecuencia de los reiterados impagos y a pesar de las advertencias sobre la decisión de suprimir el suministro. Sin embargo, el Consistorio capitalino hizo caso omiso. "No sabemos las causas del corte de luz. Nuestros técnicos no tienen constancia de ningún recibo impagado", argumentó la concejal de Servicios Sociales, Yanira Domínguez.

La situación de penumbra se prolongó durante 48 horas, aunque el regreso del alumbrado no logró aplacar el malestar de los mayores. A ello, se une que el ascensor lleva averiado varios meses e impiden a los mismos el uso de las aulas en la parte superior e inferior del edificio.

Los mayores se concentraron el pasado martes en el patio del edificio en señal de protesta por la situación que vienen padeciendo. El corte de la luz es sólo unos de los episodios, pero que la desidia se prolonga también hacia la cafetería, cocina y el mantenimiento del inmueble.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se dirigirá al Ayuntamiento de Puerto del Rosario para que señale si tiene conocimiento de las anomalías, tanto de las facturas pendientes de los recibos de luz como la avería del ascensor y " si tiene constancia de las irregularidades, así como las medidas que pretende aplicar para subsanar las mismas", apunta Oliver Fariña, coordinador de los asesores de la Diputación del Común.

El inmueble del Centro de Mayores pertenece al Gobierno de Canarias, aunque la gestión del mismo la realiza el Consistorio capitalino desde hace 23 años.

El alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, cifró la deuda con la compañía eléctrica en poco más de 1.000 euros y responsabilizó al Gobierno canario del impago de la misma y del corte del suministro eléctrico.