La investigación sobre las Jornadas del Paisaje se prorroga seis meses más

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha prorrogado durante otros seis meses las diligencias sobre la presunta existencia de cinco delitos en la celebración de las Jornadas del Paisaje durante los años 2016 a 2019, en un procedimiento en el que figuran como investigados el interventor del Cabildo de Gran Canaria, José Juan Sánchez Arencibia; su esposa y propietaria de la empresa Imaco 89, Ángeles Horna; el director general del Plan Insular de Ordenación (PIO), Víctor Quevedo; el administrador único de la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones (ICT), Michel Jorge; y la directora de Yedra Comunicación, Mónica Torres.

Todos ellos fueron detenidos hace justo un año, el 27 de abril de 2022, en una operación en la que agentes de la agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron también las oficinas de la Consejería de Política Territorial, de la Intervención General del Cabildo y de Imaco, donde incautaron ordenadores y documentos relacionados con las Jornadas del Paisaje.

A petición de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, el magistrado Alberto Puebla autorizó las detenciones y los registros al apreciar indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

En un auto judicial, el magistrado acordó prorrogar las investigaciones desde el 27 de enero al 27 de julio, ya que las declaraciones de los implicados en el procedimiento se han tenido que retrasar por diversos motivos. En el momento de decretar la prórroga de seis meses también se estaba a la espera del informe de la UDEF sobre el contenido de los ordenadores y otros dispositivos de los investigados. Ese informe fue entregado al Juzgado el pasado mes de febrero.

Las investigaciones policiales se iniciaron en el verano de 2020, después de que el Juzgado incoara diligencias previas tras la denuncia de un funcionario del Cabildo, Rafael Ramírez, y de recabar un informe de la Asesoría Jurídica de la institución en el que también se apreciaban indicios penales en la actuación del matrimonio y de los otros tres detenidos. En el procedimiento judicial aparece como investigado el propio Cabildo y como intervinientes la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, y el entonces director general de ese departamento, Rafael Pedrero.

El 11 de mayo de 2022, dos semanas después de la operación policial, el magistrado emitió un auto para autorizar «el acceso a la información de los dispositivos de almacenamiento masivo de información aprehendidos en los registros efectuados los días 26 y 27 de abril, y el acceso a la información de los teléfonos móviles de los investigados intervenidos en el momento de la detención».

En esa resolución, el juez Alberto Puebla relata que, en base a los indicios expuestos por el Ministerio Fiscal, «existe una sospecha fundada de que una actividad corrupta se está llevando a cabo en el seno de la Consejería de Política Territorial del Cabildo».

El auto judicial puntualiza que «existe suficiente potencial incriminatorio basado en datos objetivos que evidenciarían que unas personas concretas [Sánchez Arencibia, Pedrero, Quevedo, Horna, Jorge y Torres] participan en ella y que el registro de sus despachos profesionales, el acopio de la documentación (de cualquier clase) administrativa y contable en relación a las Jornadas sobre el Paisaje 2016-2019 y la intervención de sus correos electrónicos corporativos se revelan como unos medios idóneos y necesarios de la presente investigación».

El juez afirma que «no cabe duda de la ‘objetivabilidad’ de los indicios que se contienen en el detallado atestado de la UDEF». Entre los documentos que se citan en el auto judicial figuran las transferencias bancarias entre las empresas adjudicatarias (ICT y Yedra) «y la de la mujer del interventor (Imaco 89)»; los correos corporativos aportados por entidades participantes en las Jornadas; y documentación contable que no fue entregada al instructor -previo requerimiento judicial- y después fue entregada por el denunciante.

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