22 años viviendo de prestado junto al aeropuerto de Gran Canaria

La aprobación del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria ha dejado en el limbo a los 5.000 vecinos de Ojos de Garza, Caserío de Gando y La Montañeta desde 2001

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Jiménez de Cisneros, asevera que los vecinos tienen una posibilidad de amparo si recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Francisco Javier Jiménez de Cisneros, durante su intervención en las jornadas sobre el aeropuerto de Gran Canaria

Francisco Javier Jiménez de Cisneros, durante su intervención en las jornadas sobre el aeropuerto de Gran Canaria / Alejandro Quevedo

El 29 de septiembre se cumplieron los 22 años de la aprobación del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria o, lo que es lo mismo, del inicio de una pesadilla para las 5.000 personas que llevan viviendo en suspenso desde entonces. Y es que desde ese momento los vecinos de Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando están pendientes de una expropiación que no llega, pero que les impide realizar mejoras en sus viviendas y limita las posibilidades de vender para rehacer sus vidas en otro lugar. 

Noticia publicada en La Provincia / DLP en 2001 anunciando la aprobación del Plan Director

Noticia publicada en La Provincia / DLP en 2001 anunciando la aprobación del Plan Director / T. M. R.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Jiménez de Cisneros en las Jornadas sobre el aeropuerto de Gran Canaria organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País el pasado 3 de octubre afirmó que esta situación es, en la práctica, “una privación formal de la propiedad”. Lo es, detalló, porque ni se les expropia ni se les da la libertad para vender o arreglar sus propiedades, dejando a estos vecinos paralizados sin poder vender, ni construir, pero tampoco son compensados. “Es una situación difícil de entender”, sentencia. 

Francisco Javier Jiménez reconoce la complejidad de este caso que ata las manos a los propietarios a la hora de buscar una salida. Explica que el problema principal radica en que esta expropiación se enmarca en una planificación aeroportuaria estratégica y no en un plan que ordena el territorio, lo que cierra muchas puertas. 

A lo largo de estos 22 años, señala Francisco Javier Jiménez, los vecinos han intentado por varias vías y sin éxito resolver esta solución de manera individual o colectiva. Dos de ellos, incluso, exigieron a través de la Justicia que se ejecutara de una vez por todas la expropiación por la vía de Ministerio de Ley, pero en octubre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó dos sentencias en las que no les daba la razón al entender que el Plan Director no se ajusta a las condiciones propias de una ordenación territorial.

Derechos humanos

No obstante, el catedrático de Derecho Administrativo afirma que hay una vía: la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese sentido, Jiménez apunta que los afectados pueden presentar un recurso contra la inactividad de la Administración y si el Tribunal dice que no, el siguiente paso es interponer un contencioso administrativo a los tres meses y de ahí, pasar a este tribunal europeo, que recoge entre sus fundamentos el derecho a una vivienda.

De hecho, que ya hay precedentes con sentencias favorables a unos herederos de familias sobre cuyas viviendas pendía una expropiación que después de varios años no se realizaba, lo que había dejado en la ruina a muchas personas. En estos casos, el Tribunal Europeo les dio la razón y Suecia tuvo que ejecutar e indemnizar a los dueños.

Opciones municipales

La no ejecución del plan director, explica el jurista, tiene grandes efectos no solo sobre la vida de los vecinos de Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando, sino también sobre los municipios de Telde e Ingenio, que se han visto obligados a reservar 3,7 millones de metros cuadrados en su planeamiento y que no pueden ser desarrollados, además de haber dejado fuera el plan aeroportuario del Cabildo de Gran Canaria.

En este punto, matiza Francisco Javier Jiménez, si los ayuntamientos estuvieran de acuerdo con la ampliación del aeropuerto tienen la opción de incorporar los planes especiales, con su ordenamiento, a su planeamiento y luego exigir a Aena la expropiación, aunque esto no garantizaría que lo hiciera, a través de la figura del Ministerio de Ley.

Sin embargo, hay que recordar que las administraciones públicas canarias han manifestado su postura en contra de esta ampliación y exigen al Estado y Aena que retire este proyecto del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, coincidiendo con los expertos en que esta vía que no se ha construido en 22 años no será necesaria al menos en otros 20.

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