El funcionario de San Bartolomé investigado en tramas urbanísticas pide la excedencia

El jefe de la Sección de Fomento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Antonio Santana, investigado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas tras las denuncias sobre supuestas irregularidades urbanísticas en zonas turísticas del Sur, ha solicitado una excedencia voluntaria y ha abandonado ese puesto estratégico en el Consistorio sureño. 

La salida de Santana de la administración municipal estuvo precedida de denuncias de vecinos y propietarios por presuntas irregularidades urbanísticas, de réplicas de ese funcionario sobre una supuesta persecución por parte de promotores turísticos al no plegarse a sus exigencias y de cruces de acusaciones entre los propios trabajadores del Ayuntamiento.  

Santana solicitó la excedencia con fecha de 31 de diciembre de 2023 y el gobierno municipal ya le ha sustituido por Miguel Sevilla, que se ocupará a partir de ahora de dirigir la tramitación de las licencias que se soliciten en San Bartolomé de Tirajana, según explicaron fuentes del gobierno local.  

El funcionario acusado por Fiscalía maniobró en otras licencias de obras

El Ministerio Público y juzgados de San Bartolomé de Tirajana mantienen abiertos varios procedimientos por supuestas irregularidades en el área de Urbanismo, entre ellos los relacionados con el jefe de Fomento que ha pedido la excedencia voluntaria.  

Además de las sospechas sobre esa área, el Ayuntamiento está afectado también por la investigación de la Fiscalía que ha desembocado en la presentación de una querella contra la anterior alcaldesa, Conchi Narváez, y la actual interventora municipal, Tania Naya, entre otras personas, por un gasto de 500.000 euros en un congreso funcionarios de alto rango que incluyó fiestas de lujo y conciertos privados.

Prevaricación

Según ha trascendido hasta ahora, Antonio Santana está denunciado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas por un presunto delito de prevaricación en la licencia de obras al complejo de apartamentos TenSuites, en la urbanización del Oasis de Maspalomas, pero el fiscal también está investigando supuestas maniobras irregulares en otras 40 autorizaciones de obras. 

En el caso del TenSuites, un grupo de vecinos le denunció por un presunto delito de prevaricación urbanística por informar favorablemente la licencia de obra mayor en ese complejo de apartamentos sin disponer de las autorizaciones previas de la Demarcación de Costas o del Patronato de Turismo de Gran Canaria, exigidas en el momento en que el Pleno del Consistorio sureño aprobó el permiso para rehabilitar el edificio, el 10 de abril de 2018. 

Con esa licencia municipal, según la denuncia, la sociedad propietaria del inmueble reformó los bungalows y construyó nuevas instalaciones, como un restaurante-mirador en la azotea del edificio o un ascensor montacargas, lo que según la querella del fiscal «contraviene la legalidad urbanística». 

La Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias sancionó a la empresa con una multa de 31.457 euros por una infracción administrativa grave y la Fiscalía inició de oficio las indagaciones sobre ese funcionario municipal. Están recogidas en el expediente de investigación contra la corrupción y la criminalidad especial organizada número 33/2022, en el que se personaron con posterioridad varios vecinos del Oasis de Maspalomas que se consideran perjudicados por las actuaciones de Santana y de los propietarios de TenSuites. 

Según esos denunciantes, el jefe de Fomento y los propietarios «jugaron» con las fechas de las obras y las solicitudes para eludir la preceptiva autorización del Patronato de Turismo. También sostienen que «cambiaron de forma irregular» la modalidad del establecimiento, que pasó de extrahotelera a hotelera. 

Otra de las actuaciones polémicas del funcionario es el presunto cambio de fichas urbanísticas en San Fernando de Maspalomas para otorgar la licencia a la cadena de comida rápida Burger King en una parcela destinada a edificaciones con arquitectura típica canaria.

Edificio del Burger King en Playa del Inglés

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Según se refleja en el expediente para la concesión de la licencia de obra mayor en el antiguo solar del Mesón de la Vida de Franco, la autorización fue otorgada por el gobierno municipal el 17 de mayo de 2021, a propuesta de Santana, pese a tener informes desfavorables de otros técnicos municipales, que detectaron irregularidades en el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996. 

A tenor de ese documento municipal, el funcionario denunciado utilizó una ficha urbanística con unos parámetros que no se corresponden con la de parcela donde se ha levantado el establecimiento de comida rápida.

Santana ha eludido hacer declaraciones sobre los motivos de su renuncia temporal a ese puesto del Ayuntamiento. Otras fuentes consultadas consideran que el jefe de Fomento «puede ser víctima» de los enfrentamientos con otros funcionarios municipales, así como de las denuncias interesadas de promotores turísticos. 

Además de los vecinos del Oasis, dichas fuentes citan el caso de los representantes de la empresa Cayest Turísticas S.L., que supuestamente iniciaron una campaña contra Santana después de que este pusiera una serie de condiciones en la renovación del complejo Cay Beach Meloneras, que se amplió y cambió de modalidad a hotel de tres estrellas. 

En ese expediente, el 1817-2021 de obra mayor, el funcionario señaló en sus observaciones que para continuar el trámite se debían aportar documentos complementarios sobre varios aspectos, algo que los promotores no cumplieron. Entre otros, un informe sanitario sobre las piscinas comunitarias al preverse la ejecución de nuevos vasos. 

En cuanto a los parámetros urbanísticos, Santana señaló en su informe que se debía «justificar el 20% extra de ocupación y aportar el estado actual de la edificabilidad y ocupación con su planimetría correspondiente». Además, pidió «justificar en virtud de qué cobertura jurídica procede la legalización de las superficies construidas que constan “a legalizar” en el proyecto presentado». También apuntó que «los presupuestos son anormalmente exiguos» para una obra de esa envergadura. Según las mismas fuentes, los representantes del Cay Beach Meloneras denunciaron y «pusieron en marcha la máquina del fango» contra el funcionario al no acceder a sus pretensiones y informar desfavorablemente, pues Santana entendía que querían quedarse con plazas turísticas de otro promotor y habían omitido infracciones urbanísticas graves.