El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, consideró ayer que los propietarios de la parcela del Canódromo tienen una licencia de construcción que "está viva" y, por tanto, "si lo que pretenden es terminar" las dos torres de 120 casas, lo pueden hacer. No lo tiene tan claro la asociación de vecinos de Ciudad Alta (Avecalta), que ayer volvió a advertir que la licencia que el Ayuntamiento concedió en su día a Realia Business está caducada y que la decisión judicial sobre este asunto está aún pendiente de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número seis, a punto de emitirse porque el procedimiento está visto para sentencia desde mayo pasado. Los vecinos que llevan batallando más de 14 años contra el "pelotazo" de las torres, entienden que el inicio de los trabajos es un "paripé" de Realia para "hacer ver que va a poner en marcha las obras, sin hacerlo en realidad, hasta que el juzgado se pronuncie" sobre la caducidad.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular (PP), Pepa Luzardo, lamentó los años que se han perdido en la construcción de las viviendas del Canódromo y expresó su esperanza de que su reactivación "suponga un revulsivo para el barrio y la zona comercial abierta de Schamann".

Realia notificó el pasado 10 de febrero al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria su intención de reanudar las obras y esta semana iniciaron los trabajos preparatorios. En realidad, de haberlo querido, la empresa podría haber retomado la terminación de las torres desde al menos octubre de 2016, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres rechazó, por extemporáneo, un recurso de Avecalta que reclamó la caducidad de la licencia. Esta sentencia fue ratificada el pasado mes de julio por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una resolución que defiende la vigencia de la licencia de construcción.

Si lo que pretenden los dueños del Canódromo es terminar las torres, manifestó Hidalgo, "tienen la licencia viva y lo pueden hacer. Los técnicos y los políticos no podemos hacer nada en ese caso. Tenemos que cumplir la ley y la legalidad actual dice que hay una licencia que parece que está viva y lo pueden hacer. Es un acto reglado y si los propietarios quieren reactivar esa licencia y están respaldados por los tribunales, el Ayuntamiento sólo puede permitirlo". El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, recordó que el Supremo dictó en octubre de 2018 una sentencia que respalda la legalidad urbanística del Canódromo y añadió que se han iniciado los "trabajos preparatorios" para asegurar el edificio. Aclaró que la ley les exime de adaptar la licencia al nuevo código técnico de edificaciones, aunque cree que lo más lógico es que soliciten un reformado de la licencia para que las casas no pierdan calidad.

La asociación de vecinos Avecalta mostró su indignación "ante la reacción de Realia y el Ayuntamiento", al que acusó de "colaborar con la mercantil para esquivar el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que en 2014 anuló y declaró la arbitrariedad de la ordenación urbanística" que permitió construir las dos torres en Schaman "y consumar, contra el interés general, el pelotazo diseñado hace ya 16 años". Las fuentes de Avecalta, presidida por Mary Ángeles Sánchez, indicaron que Realia recurrió la sentencia que negó la caducidad de la licencia del Canódromo, aunque respaldaba la vigencia del permiso, porque "no le beneficia el cómputo temporal para calcular prescripción de la licencia que realizó el juez para desestimar nuestra primera solicitud de caducidad". Es precisamente ese cómputo temporal, que ya es firme, el que han usado los vecinos para realizar su segunda petición al juez para que se declare caducada la sentencia, pues las obras han seguido paralizadas y abandonadas por Realia desde 2009, aunque la suspensión cautelar del juez concluyó en 2011.

Por otro lado, Pepa Luzardo, la edil del PP, que impulsó la operación del Canódromo, consideró que "el criterio del Partido Popular es el que prevalece, como en cada gran asunto de la ciudad, porque es el más beneficioso para el interés general y el que es avalado por la Justicia, justo lo que ha pasado en el Canódromo".

Tras lamentar el tiempo perdido, Luzardo consideró que "ya era hora que el PSOE reconociera la legalidad del Canódromo, después de la cantidad de años que estuvo desprestigiándolo e, incluso, atacando a los técnicos municipales y cargos públicos del PP".