La indignación del pasaje del vuelo de Iberia Express que el pasado domingo cubrió la ruta entre Madrid y Gran Canaria por la falta de medidas sanitarias y de distancia entre los viajeros ha llegado a las instituciones, asociaciones de consumidores y cuerpos de seguridad, que han anunciado actuaciones en diferentes ámbitos. La más contundente de ellas, por el momento, es la denuncia presentada por la Guardia Civil contra la compañía, al constatar que el avión superaba el 70% de ocupación, lo que impide mantener la adecuada separación entre pasajeros, tal y como establecen las órdenes sobre transporte aéreo que rigen durante el estado de alarma declarado por la epidemia del nuevo coronavirus.
La intervención de la Guardia Civil no se hizo esperar. Acudieron al aeropuerto de Gran Canaria el mismo domingo para esperar la llegada de la aeronave tras conocer las quejas de los clientes por las redes sociales. Según revelaron fuentes del instituto armado a Efe, los agentes concluyeron, mediante una inspección, que el aparato sobrepasaba el 70% de ocupación, lo que hace inviable, a su juicio, cumplir los artículos del decreto que regula el estado de alarma y de la orden de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros, que establecen que los operadores deben tomar "las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los viajeros". La ocupación es este caso era del 86% , 155 pasajeros de 180). Pero no ha sido el único. Air Europa fue denunciada hace unos días por la misma causa en un vuelo entre Palma e Ibiza.
A la denuncia de la Guardia Civil se suma la que ha presentado Facua-Consumidores en Acción ante la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). La federación de asociaciones de usuarios demanda la apertura de una investigación y de un expediente sancionador contra la aerolínea.
Las quejas de los viajeros no apuntaban solo a la alta ocupación que registraba el avión, sino también a la falta de medidas de precaución, como la toma de temperatura o la comprobación de los usuarios habían justificado la necesidad de viajar a la Isla, dado que los desplazamientos aéreos solo están permitidos por motivos de trabajo o salud o para cuidar de una persona enferma. De hecho, ambos procedimientos -la medición de la temperatura y la supervisión de la justificación del viaje- solo tuvieron lugar ya en el aeropuerto de llegada.
Sin embargo, la compañía ha defendido su actuación. Sin referirse al caso concreto del vuelo hacia Gando del domingo, Iberia e Iberia Express recordaron que toda la tripulación lleva mascarilla a bordo y que las empresas ofrecen flexibilidad en sus tarifas y en la reserva de asiento y han "reforzado" la limpieza. Aseguraron, asimismo, que las tripulaciones "procuran la mayor separación posible entre los pasajeros, dentro de las limitaciones propias del avión". Sin embargo, ni Iberia ni su filial de bajo coste consideran que bloquear el asiento central de cada fila aporte mayor seguridad al vuelo. Se remiten, para ello, a la posición de la industria y de Airbus, que argumentan que el avión presenta unas "características específicas" que hacen que el riesgo de contagio sea bajo. "A diferencia de otros transportes públicos, en la cabina de los aviones el aire se renueva cada tres minutos y la utilización de filtros HEPA elimina virus y bacterias con una efectividad del 99,99%", expusieron en un comunicado. En esta misma línea, Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), afirmó, en declaraciones a la Cadena Ser, que el vuelo "no ha vulnerado" ninguna norma y que no existe la obligación legal de dejar un asiento libre.
En rigor, la normativa dictada para el transporte aéreo durante la pandemia no determina porcentajes de ocupación de los aviones, con la excepción de la orden para la reanudación de la conectividad interinsular, publicada el domingo, que recoge que "se considerará suficiente ofrecer al público solo el 50% de la capacidad total de cada aeronave para asegurar la debida separación entre pasajeros". En cuanto al resto, si bien las normas no fijan cupos, sí dejan claro que debe respetarse la máxima separación posible, algo que ni la Guardia Civil ni el Gobierno canario creen que ocurrió en este caso.
El consejero de Transportes del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, reaccionó el domingo, través de su cuenta de Twitter, recordando a las aerolíneas "la máxima exigencia en el cumplimiento de la normativa que establece la adecuada separación de seguridad entre pasajeros". El Gobierno canario se ha dirigido al Ministerio de Transportes para trasladarle su "enorme preocupación" por los "incumplimientos" y requerir su intervención. Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, apuntó ayer que se está recopilando toda la información sobre lo ocurrido "para que se depuren las responsabilidades pertinentes" si hubiere lugar a ello.
El Ministerio adelantó que pedirá información a Iberia sobre las medidas aplicadas en el vuelo a Gran Canaria para garantizar la máxima separación entre viajeros, "como estipula el decreto de alarma". El departamento dirigido por José Luis Ábalos anunció que realizará "un estrecho seguimiento de la desescalada en el transporte aéreo y adoptará las medidas necesarias".
Desde la oposición, el diputado de CC Narvay Quintero instó al Gobierno central a "que haga cumplir las normas que él mismo ha dictado sobre la distancia social". Quintero se refirió al caso del avión con destino Gran Canara y también a uno más que, aseguró, llegó el domingo a Tenerife en parecidas condiciones de ocupación. El senador del PP Sergio Ramos ya ha registrado en la Cámara alta una pregunta dirigida al Ejecutivo, al que instará a detallar las medidas de control que se toman en los aeropuertos , y también el diputado nacional de NC Pedro Quevedo presentará "una batería de preguntas" al ministro de Ábalos, entre ellas una dirigida a saber si sancionará a las aéreas que incurran en "comportamientos inadmisibles".
