La autoamnistía indefinida

El letrado mayor del Congreso nombrado por Armengol a instancias de Pedro Sánchez ha recibido un revolcón de los que hacen época por parte de los letrados de la Comisión de Justicia, que ven indicios claros de inconstitucionalidad en la ley de Amnistía. Fernando Galindo –de lo contrario no hubiera sido designado para el cargo– dio luz verde para su admisión a trámite por considerar que no existe una «contradicción palmaria» de intereses entre la amnistía y la Carta Magna. Sin considerar, es más, definida una «intencionalidad política» en los actos a amnistiar. Esto último ya es la monda. Resulta delirante pretender que no existe intencionalidad política en una medida de gracia que tiene por objeto recibir a cambio los votos para una investidura. ¿O acaso alguien duda en ese sentido de los verdaderos fines de la ley?

Los letrados asesores del Parlamento sugieren en su informe que sería más lógico que los legisladores se pusiesen de acuerdo para reformar la Constitución en vez de intentar retorcerla para encajar en ella algo que demuestra no tener cabida. Ello requeriría ponerse de acuerdo con el partido que ganó las elecciones y eso no entra dentro de los planes socialistas salvo para cambiar el artículo 49 y sustituir «disminuidos» por «personas con discapacidad». El resultado mayoritario en las urnas se resume en esa clase de fracasos, que tienen como ejemplo que las dos fuerzas más votadas sean incapaces de ponerse de acuerdo en los asuntos que verdaderamente afectan a España mientras condenan «con saña a los españoles a vivir divididos», como ha dicho recientemente Javier Cercas en una entrevista con El Mundo.

Sin entrar en todos los detalles, no parece que pueda ser muy constitucional el hecho de que los propios amnistiados propongan su amnistía. Pero esto y todo lo demás es algo que les resbala. Urgidos por la necesidad de blanquearse y blindarse, el Gobierno y sus socios independentistas confían en el pulgar favorable de Cándido Conde-Pumpido.