La vivienda y el turismo

Leí hace tiempo, fíate de una serpiente antes que de un judío, y fíate aún menos si tienes delante un griego. Pero nunca creas a un armenio. Cuando señalan al territorio y quieren legislar sobre las cosas de comer nunca hemos acertado en esta tierra, y ya sea el PSOE el que pongamos tras la serpiente y el Partido Popular el griego, la realidad es que el armenio siempre es Coalición Canaria. Una sana desconfianza está servida.

Estos asuntos que se conflictualizan en el territorio canario tienen por atributo la complejidad y si se quiere concluir un asunto de múltiples aristas con soluciones fáciles, aparte de populismo encaramos a la mala y sufrida suerte ciudadana.

Lo primero es ahuyentar las prisas, dicen que sin prisas se vive dos veces y se pueden hacer el triple de cosas. Y lo segundo es buscar el consenso porque parece mejor avalista que el disenso y la precipitación. Un ejemplo de lo que no se debe hacer ya lo hizo el eurodiputado López Aguilar, el crecimiento del turismo, dijo, expulsa al canario de sus viviendas.! Basta! Es exactamente la dirección equivocada. Todo al revés. Dicho por Don Benito, el país de los viceversas.

Que los números sean solo los indispensables. En Canarias hay casi medio millón de plazas turísticas y un 35 por ciento son vacacionales. Son muchas, el sector es muy ancho. Hay 55.000 inmuebles vacacionales más de un cinco por ciento del total del catastro y el borrador de la norma que conocemos no quiere que se supere el diez. El 50% de las viviendas que conforman el sector del turismo vacacional, son de la titularidad del 79% de propietarios que tienen un solo inmueble. Hay por tanto veinte y siete mil ciudadanos o empresas con un solo inmueble en el negocio del alquiler vacacional. Un puñado de votos. Y otras 27.000 unidades están en las manos de solo siete mil propietarios.

Así las cosas, responsables políticos, primero apunten y luego disparen y no espanten a nadie, recuerden a Conrad que en el corazón de las tinieblas decía que aquella gente del Congo corría más por un silbato que por un tiro de rifle. Hay que actuar, pero antes hemos de sembrar la confianza.

El problema es de tal complejidad porque tiene un entronque constitucional, dos derechos principales se pueden enfrentar y ya colisionan: el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna. Debemos mitigar desde el principio el lenguaje facilón, léase quitar techo, léase la emergencia habitacional o repetir lo de las viviendas vacías de grandes tenedores. He oído que el derecho a la vivienda está por encima de su explotación comercial y turística. Es cierto, suena bien, los poderes públicos pueden regular el alquiler, pero no pueden obligar al propietario a alquilar, salvo con medidas fiscales o incluso expropiatorias.

No ayuda al buen enfoque del problema la falta de distinción entre viviendas vacacionales en las zonas turísticas o en espacios rurales o urbanos no turísticos. La estructura de la propiedad de ese sector es cardinal y se define por su tamaño, grande y por su tenencia más o menos redistribuida. Y también hace mal a la resolución del conflicto ignorar si la ciudadanía no quiere al turista en su medio de convivencia o lo rechaza porque entiende que retira viviendas del mercado o tensiona los precios.

La escasez de viviendas aquí y allá se ha pensado y a veces ya se ha intentado paliar con un control de precios de alquiler, con la puesta a disposición de viviendas a precios de alquiler razonables y con medidas normalmente indirectas a forma de incentivos fiscales que actúan sobre la oferta y la demanda. Un informe, el más reciente, del Banco de España, concluye que todas las medidas experimentadas necesitan para su revalida un poco más de tiempo. El Gobierno de Canarias no ha hecho nunca esas viviendas que se necesitan, luego solo se les puede ocurrir la contención de precios o medidas que corrijan la oferta o la demanda. Pierdan las esperanzas.

Yo pondría en el centro de gravedad del debate un lema, digo sí al turista vacacional si lo quiere el residente. Es la soberanía del dueño del espacio. Y cerca del corazón del problema pondría el asunto de la competencia, que va a ser contaminante de la decisión, entre el sector hotelero y este otro. Decidiría contra la concentración del negocio y en función de la fiscalidad discriminatoria que pueda haber en uno y otro espacio de negocio. Un turista en las calles de Vegueta quizá moleste a un camarero que trabaja en Meloneras, pero me pregunto si incordia al que vive o tiene un negocio en Vegueta.

Por tanto, ante la complejidad, innovación. Dos derechos constitucionales y dos poderes económicos tirando de los dos extremos de la cuerda, el hotelero y el vacacional. Resulta baladí decir que las medidas deben ser distintas según la isla de que se trate, que es asimismo diferente el trato que hemos de dar a este producto en zonas turística y en las que no lo son. Que no deben ser iguales los condicionantes que se han de poner a un ciudadano particular titular de una sola vivienda o a un gran tenedor.

Y claro que son cosas no comparables el trato normativo que debe tener un inmueble que tenga sus dos alternativas en un alquiler asequible o en la condición melancólica de inmueble vacío. Este último apunte nos llevaría a algo que hasta ahora no se ha acentuado, este turismo vacacional también ocurre con las categorías diferenciadas de baja y de alta calidad.

Así podemos llegar a una solución que no remiende tanto la realidad que nos haga imposible de reconocer el paño primitivo. La esencia de las cosas está lejos de generalidades y cerca del fenómeno concreto, en clave aristotélica. Con la lupa de un joyero. Combatir a la vivienda vacacional puede ser coartada de un gobierno incapaz de conseguir vivienda para los que la necesitan. Una acertada regulación puede ayudar al mercado de la vivienda social. Un paso en falso puede arruinar las expectativas de unos sin aligerar las necesidades de otros, prioritarios por vulnerables.