Las Universidades públicas canarias necesitan 40 millones más para implantar la LOSU

«La financiación pública del Sistema Universitario Público Español (SUPE) es insuficiente y debería alcanzar en el futuro el objetivo del 1% del PIB, dado que -actualmente- el gasto público en política universitaria está situado en el 0,76% del PIB. Alcanzar un valor del 1% del PIB exigiría un incremento de financiación pública del 0,24% del PIB, es decir, una aportación de recursos adicionales de 3.135 millones de euros corrientes de 2022». Así lo recoge el informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) sobre el coste de la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en el país. En base al mismo, el sistema universitario público de Canarias, cuya financiación pública se sitúa en el 0,4% del PIB, una de las más bajas del país, requiere, aproximadamente, de unos 40 millones de euros más por Universidad, según señala el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto Moreno.

En el conjunto del sistema universitario público español, el coste de la LOSU ascendería a 844 millones de euro, sólo en el apartado del personal docente e investigador (PDI): 195 millones para la reposición de efectivos al 120%; 225 para cumplir la limitación de 240 horas lectivas; 318 millones para la mejora de la calidad de la plantilla; y 106 millones para la reducción de la temporalidad.

La Ley recoge que la ampliación de la financiación pública universitaria, desde su nivel actual hasta alcanzar el objetivo señalado, deberá realizarse para promover mejores resultados de las universidades públicas reforzando la docencia, la formación a lo largo de la vida, la empleabilidad de sus egresados y generando más y mejor investigación, desde una lógica de transferencia de conocimiento e intercambio.

Los rectores llaman a la «equidad» en la financiación estatal de la educación universitaria

En este sentido, el gerente de la ULPGC recuerda que la LOSU insiste en que el marco de coste de matrículas «debe ser congelado y de paulatina disminución», lo que debe conllevar «una mayor aportación de las comunidades autónomas a sus universidades públicas para equilibrar esa minoración de ingresos».

Principio de equidad

El informe CRUE sobre el coste de implantar la nueva ley universitaria pone el acento en el principio de equidad sobre el que debería sustentarse la financiación estatal de los servicios públicos fundamentales de educación universitaria. «Es sencillo, para un esfuerzo fiscal equivalente y unas mismas necesidades, todas las comunidades autónomas deberían disponer de los mismos recursos públicos por estudiante equivalente. Parece razonable que, dentro de un Estado, los ciudadanos, en este caso los estudiantes universitarios, tengan acceso a los mismos servicios públicos (en términos de volumen y de calidad) con independencia de su lugar de residencia. Este enfoque es de base constitucional y se contradice si el objetivo de suficiencia del gasto universitario se fija en función del PIB de cada territorio».

El gerente de la ULPGC, Roberto Moreno, recuerda que los últimos acuerdos de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) siguen de forma clara el enfoque de la equidad en el sistema público universitario. Cita como ejemplo que el 27 de mayo de 2020 el citado órgano adoptó un acuerdo por el que se establecían los límites máximos para fijar los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales para el curso 2020-2021, con el doble objetivo de reducir los precios públicos de los estudios oficiales de grado, en su primera matrícula, como una acción necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades de los y las estudiantes y, al mismo tiempo, contribuir a armonizar los diferentes precios existentes entre las comunidades autónomas.

Reforzar la docencia, la empleabilidad de los titulados y la investigación, retos de la normativa

Un segundo acuerdo de este mismo órgano, en marzo de 2021, extendió los límites de precios públicos fijados para los grados a los másteres habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas.

«Para que el estudiantado pueda disfrutar de unos servicios de educación universitaria homologables en el conjunto del territorio español, que garanticen la igualdad de oportunidades, los precios públicos deben ser similares. Pero resulta necesario también, que lo sea el nivel de recursos públicos que financia los mismos, es decir la financiación pública ordinaria por estudiante, debe ser, asimismo, similar y armonizada».

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