Condenados dos mediadores de seguros de Vecindario que estafaron a 31 clientes

El dueño y un empleado de una correduría de seguros de Vecindario han reconocido este miércoles en juicio que estafaron a 31 clientes que les pagaron para contratar las pólizas de sus coches entre 2014 y 2018, pero los acusados no realizaron los trámites correspondientes y dejaron los vehículos sin el seguro obligatorio. Las partes han llegado a un acuerdo por el que los encausados aceptan una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada. El presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, avanzó que el tribunal emitirá una sentencia condenatoria en los términos de la conformidad.

La fiscal de Asuntos Económicos, Evangelina Ríos, pedía una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida agravada o, de forma alternativa, por estafa, con una multa de 4.380 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de corredor, mediador o agente de seguros durante el tiempo de la condena. Sin embargo, el Ministerio Público y las acusaciones particulares, ejercidas por los letrados Yeray Jiménez Cruz y Natasha Cambón Fernández en representación de algunos de los afectados, han rebajado la solicitud de tiempo de prisión y la multa a 1.825 euros al aplicar las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.

A juicio un corredor de seguros de Vecindario por no abonar las pólizas de sus clientes

Los acusados han abonado las indemnizaciones reclamadas por 24 de las víctimas antes de la celebración de la vista oral, que ascienden a un total de 16.015 euros. La instrucción del caso se prolongó para unificar las diferentes denuncias en un solo procedimiento, aunque los encausados tienen antecedentes penales no computables por unos hechos similares tramitados en otro juzgado. El abogado que representa a los mediadores de seguros, Laureano Pérez, solicitará la suspensión de la entrada en prisión de sus clientes.

La fiscal sostiene que aparentaban una solvencia empresarial que no existía

El escrito de acusación de la Fiscalía fue elevado contra Víctor T. R., que ejerce como mediador de seguros y propietario de un establecimiento abierto al público de Vecindario, y Óscar D. L. en su calidad de empleado del negocio desde 1989 hasta marzo de 2018. El documento describe que actuaban como intermediarios en la contratación de pólizas de seguros entre los clientes y las compañías aseguradoras, y "aprovechando la confianza generada por el hecho de disponer de un negocio abierto al público y aparentando una solvencia empresarial de la que realmente carecía, recibieron distintas cantidades de dinero de varias personas para ser destinado al abono de las primas de las pólizas de seguro contratadas por las mismas, sin que lo llevaran a efecto".

La fiscal sostiene que los encausados procedieron de tres formas distintas. En algunos casos los clientes les pagaban cuantías anuales de entre 200 y 600 euros para abonar las primas de las pólizas de seguro, pero Víctor T. R. y Óscar D. L. no realizaron los trámites ni informaron a los afectados de que sus vehículos no estaban asegurados. En otras ocasiones tampoco realizaron los pagos, pero devolvieron a los clientes el dinero abonado meses antes de que se cumpliera el plazo de un año desde la firma del contrato. Además, procedieron a contratar otras pólizas con compañías diferentes a las que habían acordado con los dueños de los vehículos.

Pólizas anuladas

"Lejos de cumplir con sus obligaciones, los encausados, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, hicieron suyas las cantidades percibidas, de modo que dejaron impagadas las primas de las pólizas de los seguros contratados, por lo que las respectivas compañías aseguradoras anularon las pólizas correspondientes por falta de pago", recoge el Ministerio Público. Estas acciones ocasionaron un perjuicio para 31 clientes, que "no consiguieron tener sus respectivos vehículos asegurados ni el reintegro de las cantidades entregadas, teniendo que contratar un nuevo seguro obligatorio de responsabilidad civil para los referidos vehículos".

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Trece de los perjudicados se dieron cuenta de que sus coches no estaban asegurados cuando se accidentaron o les requirieron la documentación. Los clientes de la correduría de seguros tuvieron que pagar multas de 1.500 euros por circular por la carretera sin tener contratado el seguro obligatorio de responsabilidad civil y, en los accidentes, se hicieron cargo de sufragar el coste de los daños.

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