Tribunales

Ruth Díaz, nueva fiscal delegada contra los delitos de odio y discriminación

La Fiscalía provincial optó por su candidatura en base a su experiencia en casos de violencia sobre la mujer y discapacidad

Ciudad de la Justicia de Las Palmas.

Ciudad de la Justicia de Las Palmas. / B. M.

Benyara Machinea

Benyara Machinea

La fiscal Ruth Díaz Pérez asumirá a partir de ahora el área especializada en delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Así lo refleja el Boletín Oficial del Estado publicado este miércoles, que recoge el visto bueno al nombramiento por parte del fiscal general del Estado. Cuatro personas optaron a la plaza ofertada y la fiscal jefe de la provincia, Beatriz Sánchez Carreras, optó por la propuesta de Díaz en base a su experiencia en otras secciones especializadas en violencia sobre la mujer y discapacidad

La propuesta recoge que en las áreas que ha abordado hasta el momento la fiscal se trata a "colectivos susceptibles de ser víctimas de los delitos de odio" y enfatiza en "la necesidad de renovar la organización y tratamiento de esta sección especializada". 

Ruth Díaz tiene por delante el reto de afrontar la alta tasa de delitos de odio que se dan cada año en la provincia. Un estudio que analiza las sentencias dictadas entre 2018 y 2022 y que aparecen recogidas en el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) refleja que Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de delitos de odio por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid y empatada con Castilla y León. 

Priman las agresiones por la orientación sexual

El citado informe analiza el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otro tipo de discriminaciones que aparecen reflejadas en estos casos. Canarias acumuló, en base a estos datos, un 7% del conjunto de delitos de odio contabilizados entre 2002 y 2021. 

A nivel nacional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja que uno de cada cinco delitos de odio cometidos en España entre 2002 y 2021 (es decir, un 22,7%) atentaba contra la orientación y la identidad sexual de las víctimas. Le siguen los delitos cometidos por origen racial o étnico, que alcanzaron un 18,8% de los casos, la ideología en un 15,3% y la nacionalidad en un 10,2%.