La planta de biometanización del vertedero de Salto del Negro que investiga el fiscal no sólo lleva seis años terminada sin ponerse en marcha, sino que ha sufrido todo tipo de actos vandálicos en sus instalaciones, desde el robo de cables para aprovechar el cobre, hasta la sustracción de buena parte de su sistema eléctrico, según ha confirmado la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, María del Mar Arévalo.
Además, los seis años de inactividad que arrastra la infraestructura también le han pasado factura, pues se construyó con fondos europeos para tratar la basura y evitar el colapso del vertedero y aún no se ha estrenado, lo cual ha motivado que muchas de sus piezas estén estropeadas por la falta de uso. Por eso el fiscal decano de Medio Ambiente en la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas Molina, ha reclamado al Cabildo un informe completo sobre el estado de las instalaciones, además de toda la documentación económica relacionada con las subvenciones concedidas por la Unión Europea y con los proyectos de construcción.
Por tanto, al reclamar esa documentación, el fiscal amplía sus pesquisas -antes sólo investigaba delitos medioambientales y contra la salud de las personas- hacia una posible malversación de caudales públicos superior a los 30 millones de euros, que es el dinero invertido en las dos fases de la planta. La infraestructura no funciona porque las obras de ambas partes se hicieron por empresas distintas que usaron tecnologías diferentes, al parecer incompatibles la una con la otra.
El Gobierno de Canarias adjudicó el 24 de septiembre de 2001 la construcción de la primera fase del complejo a la unión temporal de empresas formada por Urbaser y Necso Entrecanales Cubiertas SA. Según publicó en el BOE la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, la licitación de la redacción del proyecto se cerró por importe de 4,021 millones de euros a ejecutar en los años 2001 y 2002. Los trabajos consistieron en la construcción y puesta en marcha de la Planta de Clasificación Todo-Uno, así como en la impermeabilización del nuevo vaso de vertido, con la finalidad de recuperar un mayor porcentaje de productos y su correspondiente fracción orgánica, pues "en un futuro próximo" estaba previsto proceder a su biometanización. Se invirtieron en las dos obras 11,6 millones.
Ese futuro inmediato llegó en febrero de 2005, fecha en la que las empresas Sufi, Lopesan y Satocan ganaron el concurso público convocado para construir la planta de biogás. Esa instalación, que costó 14,8 millones, estaba destinada a tratar la basura del vaso principal con finalidad de liberar espacio y transformar los residuos en energía. Todo para evitar el colapso del vertedero y para adaptar la instalación a la normativa medioambiental europea.
Pero esa segunda fase, que el Gobierno de Canarias dio por terminada en 2007, nunca se ha estrenado por problemas técnicos, incluso existen requerimientos de la UE para que se ponga en marcha la planta, bajo la amenaza de exigir el reintegro de las subvenciones otorgadas en base a los fondos de cohesión 2000-2006.
El problema es grave porque el retraso de toda esa infraestructura ha derivado en las actuales denuncias de insalubridad presentadas por los vecinos de Salto del Negro. El fiscal ya denunció esa situación y el Juzgado de Instrucción número 7 abrió diligencias para determinar si los vertidos han afectado a la salud de los residentes o al medio ambiente. La otra línea de la investigación se centra en la gestión del dinero europeo invertido en las plantas de tratamiento.
