Intervención obliga a Derechos Sociales a anular un contrato para atender a menores migrantes

La Intervención de la Consejería de Derechos Sociales ha obligado a la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia a paralizar la adjudicación de contratos por la vía de emergencia para atender a los menores migrantes por no ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público. Pese a las discrepancias surgidas en un primer momento entre ambos organismos, finalmente se ha procedido a la nulidad de la prórroga concedida en enero y febrero a la empresa que ha venido realizando la prestación desde 2020, si bien la partida destinada a estos dos meses de 2,6 millones será abonada a la entidad. La Intervención exige que la contratación de este servicio se realice por el procedimiento ordinario de la ley para que haya concurrencia pública.

La Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia inició en noviembre de 2020 la declaración de emergencia en las actuaciones para la contratación del servicio de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados, adjudicándolo directamente a la empresa Asociación Quorum Social 77. Un año después, en noviembre de 2021, la Intervención Delegada de la Consejería exigió el cese inmediato de las prórrogas e incrementos de créditos de estos contratos y el inicio de la adjudicación de los servicios a través de la tramitación ordinaria regulada en la Ley de Contratos del Sector Público. La Dirección General mostró sus discrepancias con esta reclamación y fue la Intervención General la que intervino para ratificar que se debía proceder a la tramitación ordinaria del contrato.

La Intervención establece como plazo a la Dirección General para ponerle fin a los contratos de emergencia cuando inicie el expediente de contratación, porque se trata de una prestación que no puede dejar de prestarse debido al elevado volumen de menores migrantes que están acogidos por la Comunidad Autónoma. Fue precisamente el fuerte repunte experimentado en 2020 por las sucesivas oleadas de migrantes lo que obligó a la Consejería de Derechos Sociales a abrir dispositivos de atención inmediata, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, para atender a los menores no acompañados y destinar fondos de emergencia para la contratación exprés del servicio a empresas especializadas.

Ante el informe de la Intervención, la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia inicia el procedimiento de nulidad pero los servicios prestados por la empresa en los dispositivos en los meses de enero y febrero será abonados por el importe aprobado de 2,6 millones de euros. Según el órgano fiscalizador, esta partida se encuentra dentro de las contrataciones realizadas por la vía de emergencia pero que son revisadas de oficio debido a que supone un incremento de crédito por el procedimiento de urgencia que tiene unos límites, que ya se han rebasado por parte del órgano dependiente de la Consejería de Derechos Sociales.

Para la Intervención la causa de nulidad se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que determina que la Administración ha de proceder a declarar la nulidad de la citada contratación a fin de evitar el enriquecimiento injusto que se produciría a favor de la misma de no proceder a abonar al contratista el coste de las prestaciones ejecutadas y que han sido conformes a los servicios que se demandaban por parte del Ejecutivo.

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