El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puede seguir con el cierre del centro de menores migrantes Acorán al revocarse las cautelares

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puede continuar con el expediente urbanístico abierto por los trabajos realizados en el edificio en el que se encuentra el centro de menores migrantes Acorán, en Tafira, que denunciaron vecinos de la zona por ser contrarios a la ordenanza. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) revocó las medidas cautelares solicitadas contra esta resolución administrativa por los propietarios del chalé y por Respuesta Social Siglo XXI, la entidad que gestiona el recurso y que está siendo investigada -junto con cuatro directores de cinco de sus centros en Gran Canaria y Lanzarote- por la posible comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos. Sin embargo, los denunciantes aseguran que se han puesto en contacto con Urbanismo y que no les han respondido ni reanudado el procedimiento.

El Consistorio capitalino, a través de la Dirección General de Edificación y Actividades, emitió resolución en junio de 2021 para instar a que se restableciera la legalidad urbanística del inmueble tras las obras realizadas para adecuarlo a su nueva función y la instalación de contenedores para ampliar la superficie con la que acoger a más menores migrantes. La actuación de la administración estaba condicionada a que no se legalizaran las actuaciones practicadas en el plazo de dos meses posteriores a notificarse la resolución. El 26 de enero de 2022 se rechazó la petición de prórroga que solicitó la propiedad del inmueble para la legalización, ya que se habían superado «con exceso» los plazos establecidos en el primer documento. Y, por tanto, entró en vigor la orden para restablecer la legalidad que se había vulnerado.

Es cuando la propiedad presenta un contencioso administrativo contra la resolución municipal, el cual se sigue estudiando en los juzgados. Al mismo tiempo, solicitaron como medidas cautelares que no se ejecutara el dictamen administrativo hasta que la justicia decidiera sobre si estaba ajustada o no al derecho. En primera instancia, se aceptó. Pero el TSJC, en resolución de marzo de este año, revocó las medidas cautelares. Decisión declarada firme, al no recurrirla ninguna parte, en mayo.

No permitieron a los técnicos municipales analizar la situación

Pero desde entonces, según recriminan los vecinos afectados, el silencio de Urbanismo ha sido la única respuesta. De hecho, este periódico trató de conocer el estado del expediente abierto contra las obras del centro Acorán sin éxito. El abogado de los residentes, José Luis Cambreleng, no entiende por qué el Ayuntamiento no ha seguido con el trámite, tal y como establece la Ley del Suelo Canario, una vez que se han revocado las medidas cautelares. Sobre todo después de las trabas y dificultades que han puesto los gestores del centro de menores, que «ni siquiera han dejado entrar a los técnicos municipales al recinto para analizar esas obras».

Mientras, los vecinos no pueden aguantar la falta de control que existe en ese centro. Tras lograr cerrar otros en la zona por los mismos motivos por los que quieren clausurar este, la situación ha mejorado algo. Pero la sensación de inseguridad en las calles se mantiene. Quieren llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que se conozca esta situación y se actúe de cara al futuro contra las mafias y quienes se aprovechan de la migración.

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