El Gobierno canario examina a sus servicios de atención al público

La Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, cuya titular es Nieves Lady Barreto, quiere mejorar la calidad de los servicios que el Gobierno de Canarias presta a la ciudadanía, así como su atención al público, y por ello puso en marcha el pasado lunes una consulta ciudadana con el fin de conocer los requisitos que los canarios demandan en su relación con los distintos departamentos administrativos.

Esta consulta pública es el primer paso de la elaboración de un decreto, que el Gobierno tiene intención de aprobar el primer trimestre del próximo año, para dar respuesta a las demandas ciudadanas y rendir cuentas del modo en que gestionan los resultados de tal gestión directa con la ciudadanía.

En la consulta (a la que se puede acceder en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno) pueden participar hasta el próximo 12 de febrero «todas aquellas personas que lo consideren oportuno, ya sea a título personal, o como organización, entidad o asociación», tal y como explicó la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes.

Se pretende conocer las demandas de una ciudadanía «más exigente» que hace dos décadas

"Queremos conocer, para ver si es necesario mejorar, si el ciudadano se siente bien informado en como puede acceder a la información, si sus relaciones con la administración electrónica es buena y si los tiempos de respuesta son óptimos", afirmó Reyes.

Esta consulta no tiene ninguna relación con el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del Teletrabajo en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias cuyo objetivo, como explicó la consejera Barreto el pasado diciembre en el Parlamento, es garantizar que esta modalidad, "que no es mala en sí misma", se ejerce de forma "correcta y responsable" por parte de los empleados públicos.

"El teletrabajo está regulado por una Ley estatal y luego Canarias hizo su propia legislación a través de un decreto adaptándose a la del país", recuerda Reyes.

Sin embargo, y tal y como confirmó la directora general, sí que puede incluir cuestiones relativas a la cita previa, que la propia Consejería de Presidencia eliminó parcialmente el pasado octubre.

La intención del Ejecutivo canario es aprobar el nuevo decreto a mediados del año 2025

Como recuerda la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, "la cita previa es solicitada por mucha gente", sobre todo en lo relativo a "recabar información de un expediente administrativo concreto, como puede ser el reconocimiento del grado de dependencia". Sin embargo, no es necesario pedirla para todo lo que tiene que ver con registro de solicitudes o informes y expedientes. En este sentido, recuerda que «los registros están abiertos todos los días hábiles del año» desde el pasado 3 de octubre.

Grupos internos de trabajo

Con todos los datos ofrecidos por la ciudadanía que participe en la consulta, la Consejería pondrá en marcha una segunda fase de este proyecto en el que intervendrán distintos grupos de trabajo de todos los departamentos del Gobierno regional «con el fin de analizar las propuestas de los ciudadanos y ver cómo pueden implementarse para hacerlas realidad». El fruto de esa segunda fase será el texto del borrador del decreto gubernamental que, además, se elevará a información pública para que pueda ser objeto de las alegaciones pertinentes.

La elaboración del decreto viene a dar respuesta a la llamada Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas aprobada en 2009, y que es un compromiso del Estado con la excelencia y la innovación en la prestación de los servicios públicos. Un documento que fue elaborado en el seno de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos, un grupo integrado por los órganos responsables de la gestión de las políticas de calidad y evaluación en los tres órdenes de la administración pública española (nacional, autonómico y local), del que forma parte Canarias, representada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos y se aprobó por la Conferencia Sectorial de Administración Pública en su sesión del 16 de noviembre de 2009. Asimismo, da respuesta al Marco Común sobre las Cartas de Servicios en las Administraciones Públicas españolas elaborado en el seno de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos y aprobado en su reunión del 25 de noviembre de 2014.

Información y transparencia

Por otro lado, y como recuerda la directora general, en la programación para los años 2021, 2022 y 2023 de la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno del pacto de las flores "se aprobó implementar un sistema simplificado de programación y dirección por objetivos que incluía la elaboración de un nuevo marco regulador de la calidad de los servicios" en la Administración pública de la Comunidad Autónoma.

"No se llegó a ejecutar en su totalidad, por lo que lo hemos incluido en esta legislatura para adaptar el que fue elaborado en el año 2000 a las actuales demandas que pide una ciudadanía más exigente, mejor cualificada y más informada que la de hace dos décadas", explicó Reyes.

Para concluir, la directora general insistió en que todo este proceso que comenzó el pasado lunes y concluirá a mediados de 2025 tiene como objetivo "aprobar un nuevo marco regulador de la Calidad en el que se establezca un conjunto de medidas orientadas a la mejora continua de la calidad de los servicios públicos, a proporcionar a los responsables de su prestación información agregada para la toma de decisiones en orden a su ordenación y dirección y a fomentar la transparencia mediante la información y difusión pública del nivel de calidad ofrecido a la ciudadanía".

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