GMR tendrá que pagar 10.000 euros por trato denigrante del exconsejero

La empresa pública canaria Gestión del Medio Rural (GMR) ha recibido dos actas de infracción de la Inspección de Trabajo que le obligan a pagar 9.952 euros. Los hechos de los que se derivan ambas resoluciones se produjeron y fueron analizados durante la anterior legislatura, cuando era consejero delegado de la mercantil Pablo Zurita. Fuentes de la actual dirección de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno deCanarias, de la que depende GMR, confirmaron que pagarán dicha cantidad sin presentar recurso.

El actual equipo «no dispone de pruebas para negar los hechos recogidos en dichas actas», explicaron sobre la decisión. No son pruebas documentales las que llevaron a la inspectora a concluir el expediente con una resolución sancionadora. Se trata del testimonio de una mayoría de los trabajadores –21 de 26, según las actas–, que culparon al modo de actuar de Zurita de su sentimiento de «humillación (...), impotencia» o «vergüenza ante proveedores».

GMR pagará las sanciones ante la imposibilidad de aportar pruebas en contra

El nombramiento del ex consejero delegado correspondió a la entonces consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende. Por la lectura de las actas de sanción se deduce que Pablo Zurita no estaba de acuerdo desde el primer minuto con el modo de hacer instaurado en la empresa pública. Por ejemplo, siempre según el texto de la resolución, reconoció ante la inspectora no entender por qué tiene «cabida dentro de la actividad pública la ayuda o intermediación prestada (...) a un grupo empresarial fuerte y autónomo para que otras empresas potentes vendan» su producción.

Algo con lo que no se mostraban de acuerdo los trabajadores del departamento comercial, desde donde partió la denuncia que derivó en una sanción tipificada como «muy grave» y castigada con 7.501 euros. La plantilla de GMR mantenía que esas empresas más grandes servían de paraguas para el acceso de las pequeñas al mercado. Sin embargo, no es la mera diferencia de criterios la que promueve el desencuentro.

«Un desastre»

Los testimonios recogidos por la inspectora acusan a Zurita de criticar ante clientes y proveedores el trabajo que realizaba la propia GMR, de la que era máximo responsable. Incluso se interesó por saber qué les hacía recurrir a sus servicios si el trabajo que desarrollaban «era un desastre». 

Una práctica que «constituye un evidente descrédito profesional» para los trabajadores de la empresa pública, continúa el acta. Preguntado por estas situaciones durante su comparecencia ante la Inspección de Trabajo (marzo del año pasado), el ex consejero delegado reconoció las visitas a clientes por su cuenta sin informar de ello a los comerciales de GMR que tenían asignadas esas cuentas.

En cualquier caso, la inspectora descarta entrar en la opinión que a Zurita le mereciera el trabajo que se desarrollaba. Es más, «ni se valora ni se discute, pero la manera en que el mismo actúa, esto es, mediante la desacreditación de la labor de la empresa y los técnicos en reuniones con clientes de las que no son informados los responsables, es un hecho objetivo y (...) susceptible de afectar, como así ha sido, el prestigio profesional de los afectados».

El ex consejero delegado criticaba la labor de la empresa que dirigía ante sus clientes

Los denunciantes también incluyeron en su relato de hechos la creación de «un departamento diferente al de comercial dedicado a labores propias de este último». Recibió el nombre de Fomento del Sector Primario y según explicó su directora a la inspectora de Trabajo, «se encarga de la promoción de los productos».

Esa entrada en el organigrama se tradujo en una «detracción de funciones». Es decir, se gestó un órgano paralelo que restó la actividad promocional de las habituales funciones que acometía el departamento comercial. Además, provocando un apagón comunicativo.; «no hay constancia de ninguna reunión entre las personas con puestos de responsabilidad integrantes de ambos departamentos». Ni siquiera se establecieron las mínimas conversaciones aun existiendo en el nuevo departamento «una sección que lleva por nombre apoyo a comercial».

Inseguridad inducida

La asistencia a ferias y la consiguiente provisión logística salieron de esa manera del ámbito comercial sin que nadie estuviera avisado de ello. «En este contexto, lo trabajadores refieren encontrarse perdidos, inseguros, impotentes..., algunos indican que nunca antes se habían sentido inútiles ni habían dudado de su capacidad para realizar su trabajo».  

Oídos los responsables de GMR, incluida la entonces consejera Vanoostende, el comité de empresa y los propios trabajadores, la inspectora decidió calificar los hechos como una infracción muy grave de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social. Así califica la mencionada norma en su artículo 8 punto 11, «los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores». 

A Pablo Zurita se le atribuye la comisión de una infracción grave y otra de índole «muy grave»

 Entre las expresiones que la plantilla utilizó en sus entrevistas con la inspectora se recogen estas: «Me he sentido muy afectada, empezó a tomar medidas sin planificación, generó caos en el departamento, me empecé a sentir muy poca cosa, inútil»; «Sentí persecución, pedía cosas imposibles, las formas no eran adecuadas, me sentí muy solo en mi trabajo»; «Con Pablo el ambiente laboral era pésimo, se notaba en todo: en correos, en miradas, en comentarios de pasillo. Hemos estados bloqueados. Ha habido días muy jodidos», o «El ambiente laboral se vio afectado por el carácter soberbio y vehemente de Pablo, generó mucho estrés, no dejó hacer, no se dejó asesorar, no contó con las cabezas de los departamentos».

También las hubo en sentido contrario: «Había mucho trabajo, pero yo me adapté»; «Yo no me vi afectada por un ambiente laboral malo. Mi sensación es que quería hacer cambios y no pudo», o «Había buen ambiente en el trabajo, me llevo bien con todo el mundo».

Otra infracción, esta "grave"

La recopilación de testimonios sirvió también a la inspectora para concluir que además existió una infracción grave –sancionada con 2.451 euros– por «incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales».

La plantilla denunció «ninguneo» y la continua recepción de «órdenes contradictorias»

Las «órdenes contradictorias» o el «ninguneo» denunciado por los trabajadores motivaron que la Inspección de Trabajo se interesara por el grado de cumplimiento del plan de riesgos psicosociales que se elaboró entre 2021 y 2022, y estaba en vigor. «Se concluye que la empresa no aborda la implementación de las medidas correctoras contenidas en la evaluación de riesgos psicosociales».

Entre las actuaciones de Zurita criticadas por los trabajadores se encuentra la de animarles a judicializar la relación laboral con la empresa en lugar de promover la resolución de pequeños conflictos en el ámbito de la empresa. El actual Consejo de Administración de GMR asegura «estudiar medidas para que no se vuelvan a producir situaciones de este tipo».

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