El Estado condiciona la reforma sobre el reparto de menores migrantes al aval autonómico

La reforma legislativa para el reparto obligatoria de menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias entre todas las comunidades autónomas todavía está lejos de materializarse. A menos de tres semanas para que concluya el plazo, el 31 de marzo, en el que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se comprometió en presentar una propuesta concreta, el proceso parece estar todavía en fase de estudio y de confrontación de pareceres entre todos las administraciones implicadas. La participación de otros ministerios, como el de Justicia y el de Migraciones, y de las propias comunidades autónomas ralentiza el procedimiento, según reconocen desde el Ejecutivo central.

Aunque desde las instancias estatales se mantiene el compromiso de llevar a cabo ese complejo cambio normativo, su intención de hacerlo de forma consensuada con las comunidades autónomas, y de que obtenga, por tanto, el apoyo de todo el arco parlamentario cuando se tramite en el Congreso, abre dudas sobre el cronograma inicialmente previsto. En una reciente respuesta escrita al senador por La Gomera Fabián Chinea, el Gobierno central no solo elude concretar una fecha o un plazo para tener lista esa propuesta de modificación legal, sino que apela a un “consenso” y un “proceso de escucha” entre todos los implicados que abre muchas dudas sobre el calendario.

Pero la respuesta gubernamental va más allá e incluso llega a mencionar la necesidad del visto bueno o “aval” de las comunidades autónomas para llevar a cabo dicha reforma legislativa, además del necesario apoyo durante la tramitación de la misma en las Cortes. Es decir, que sin el consentimiento de los gobiernos regionales, será muy difícil que una propuesta concreta llegue a materializarse y convertiría el supuesto “reparto obligatorio” que exige Canarias en un “reparto consentido” que seguiría apelando sobre todo a la solidaridad. Esta diferencia conceptual es importante porque afecta al fondo mismo de la reivindicación que plantea Canarias, y al propio acuerdo entre CC y el PSOE sobre esta cuestión en el marco de la agenda canaria: un nuevo marco legal en el que la acogida por parte de todas las comunidades autónomas sea obligada.

Consenso y respeto

En su respuesta a la pregunta de Chinea sobre la fecha en que el Gobierno tendrá “un proyecto de ley con texto articulado” sobre la materia, el Ministerio señala que “el Gobierno trabaja en la búsqueda de consensos para que las citadas modificaciones salgan adelante empleando una escucha activa y contando con la participación de las diferentes comunidades autónomas y de todos los actores implicados”. Añade que “la búsqueda de consensos, en todo caso, se realizará de forma respetuosa con el reparto constitucional y estatutario de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y siempre en atención al interés superior de las personas menores de edad”.

Más adelante, la respuesta del Ejecutivo asegura que “se emprenderán las reformas necesarias en materia de protección jurídica del menor bajo el impulso del Ministerio de Juventud e Infancia, competente por razón de materia”, proceso en el que participarán también el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “en ejercicio de las competencias en legislación civil y procesal, y de inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, respectivamente”. Esta obligada intervención de varios departamentos ministeriales, viene a señalar la contestación del Ejecutivo, complica el proceso y podría retrasar el plazo inicialmente previsto por la ministra Rego.

Conferencia Sectorial de la Inmigración

Además, el Gobierno hace especial hincapié en que las comunidades autónomas “tienen competencia exclusiva” en materia de protección de menores de conformidad y que, en coherencia, “llevaremos la propuesta a la Conferencia Sectorial de la Inmigración para asegurar que los instrumentos normativos que sean necesarios estén dotados de seguridad jurídica y sean fruto del acuerdo entre las diferentes Administraciones competentes”.

De momento, el próximo lunes está convocada la Conferencia Sectorial de Migraciones donde la ministra del ramo, Elma Saiz, abordará la cuestión con el conjunto de comunidades autónomas, pero no se espera que haya para la fecha una propuesta concreta de reforma legal, cuya presentación en todo caso implicaría a Sira Rego como titular de Juventud e Infancia, el departamento competente. Como se sabe, el principal reparo del conjunto de comunidades autónomas a una reforma legislativa en este ámbito que las obligue a acoger menores migrantes es que no vaya acompañada de un plan muy claro sobre criterio de reparto, y sobre todo de una garantía de financiación por parte del Estado.

Trabajo jurídico complejo

También está prevista una próxima convocatoria de la Comisión Interministerial sobre Inmigración, que coordina el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que está al tanto de este proceso y que, pese a todo, confía en que haya una propuesta sobre la reforma en “unas pocas semanas”, sin precisar fecha. Torres afirmó hace unos días que “en estos momentos estamos culminando un trabajo jurídico complejo porque nunca hasta ahora se ha modificado la ley del Menor y la ley de Extranjería para abordar esta cuestión”, y que “es una ley que afecta a las comunidades autónomas y, por tanto, debemos de hacerlo contando con ellas y estamos ya en la fase final, estamos haciéndolo lo más rápido posible”.

Entre tanto, desde el Gobierno de Canarias se sigue exigiendo una respuesta inmediata desde el Estado y apela a las dos propuestas que remitió a la ministra Rego y que previamente había trasladado a los grupos parlamentarios. De ambas formulaciones, una mediante decreto ley que luego debería convalidar el Congreso, y otra mediante proyecto de ley cuya aprobación y aplicación práctica tardaría varios meses, varias fuentes señalan que la primera de ellas quedaría prácticamente descartada. Fuentes del Ejecutivo central señalan con todo que “se sigue trabajando con el Gobierno de Canarias para ajustar el documento que se quiere aprobar”, que “se están intercambiando papeles” y que hay una “comunicación muy fluida en esta materia y esperemos que pronto se puedan anunciar avances”.

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