Caso Koldo

El constructor del caso Koldo ganó la obra del Royal por criterios subjetivos

La adjudicación por siete millones a Levantina para reformar la sede de la Agencia Tributaria Canaria se aprobó por los puntos dados por valoraciones personales

Fachada trasera del edificio Royal, con el cartel de la obra de reforma.

Fachada trasera del edificio Royal, con el cartel de la obra de reforma. / Andrés Cruz

P. Ruiz

Una contratación pública de siete millones de euros. Objetivo: la reforma interior y acondicionamiento del edificio Royal para albergar la delegación de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Adjudicataria: Levantina, Ingeniería y Construcción, una empresa, declarada ahora insolvente y en suspensión de pagos, sin apenas actividad en el Archipiélago y vinculada a la trama Koldo por la que se investiga el cobro de comisiones en contrataciones públicas. Al concurso se presentaron ocho constructoras. ¿Por qué ganó Levantina? La valoración subjetiva de su proyecto por parte de los técnicos le llevó a ser la oferta vencedora.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya le habían echado el ojo a la sospechosa actividad de la constructora cuando el dueño, el empresario valenciano José Ruz, en compañía de Koldo García, asesor del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pernoctaron el 9 de febrero de 2022 en el Hotel Exe de Las Palmas de Gran Canaria

En la Agencia Tributaria Canaria se estaban ya preparando los pliegos de la adjudicación, que se aprobaron dos días después de la cita de Koldo García y José Ruz, hospedándose en el mismo hotel. El 13 de febrero se publicaban en la Plataforma de Contratación del Servicio Público las condiciones para poder optar al concurso. Aquí tienes más información sobre la adjudicación a Levantina de la reforma del edificio Royal.

Con este polémico contrato a Levantina, Ingeniería y Construcción –cuya adjudicación estuvo salpicada de manchas, criterios subjetivos, un recurso y corrección de puntuaciones– el caso Koldo, que solo había afectado a departamentos y ejecutivos autonómicos controlados por el PSOE, se extiende a Nueva Canarias, cuyo presidente, Román Rodríguez, simultaneaba en el Gobierno de Ángel Víctor Torres la vicepresidencia con la Consejería de Hacienda, departamento del que pende la Agencia Tributaria de Canarias.

La Guardia Civil ata cabos y sostiene, en un atestado entregado al juez de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que no es casual la presencia del constructor valenciano con el asesor del exministro en Las Palmas de Gran Canaria días previos a que saliera a concurso el multimillonario proyecto de la obra de la Agencia Tributaria de Canarias.

«Aunque bien es cierto que se desconocen los motivos de viaje al Archipiélago [de José Ruz y Koldo García]», exponen los agentes de la Unidad Central Operativa en el atestado, «conviene citar [que cuatro días después] se publica el anuncio de licitación, resultando finalmente adjudicataria Levantina, Ingeniería y Construcción, constructora en la que José Ruz figura como apoderado».

Fachada del edificio Royal, en Las Palmas de Gran Canaria.

Fachada del edificio Royal, en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Rara resolución

Que una empresa foránea, sin experiencia previa en obras relevantes en el Archipiélago, en concurrencia con grandes grupos nacionales de infraestructuras y servicios públicos como Fomento de Construcciones y Contratas, Comsa u Obrascon-Huarte-Lain gane un concurso de estas características, de siete millones de euros, promovido por la Agencia Tributaria de Canarias, es cuanto menos raro.

Tan excepcional como que al final imperó por encima de las valoraciones técnicas –baremos matemáticos y de cálculo exactos y precisos– la aplicación de un criterio de discrecionalidad bajo el principio, se sobreentiende, de acierto y veracidad. Es decir, la opinión personal. En lenguaje burocrático, administrativo: «el criterio de valoración se fundamenta en criterios cualitativos, cuya cuantificación depende del juicio de valor». Criterios basados en el punto de vista personal de los técnicos que evaluaron las propuestas. 

La valoración del arquitecto técnico-jefe de sección y del arquitecto-jefe de la Dependencia de Valoración de la Agencia Tributaria de Canaria, dependiente de la Consejería de Hacienda, ocupada entonces por Román Rodríguez, designados por la mesa de contratación para la puntuación de las ofertas, fueron los que con sus informes auparon a Levantina, Ingeniería y Construcción al primer puesto en la tabla de licitación para la reforma del edificio Royal. Las puntuaciones asignadas por estos dos arquitectos fueron decisivas para que la constructora vinculada a la trama de Koldo ganara el contrato.

Recurso de Obrascon-Huarte- Lain

La designación fue recurrida por Obrascon-Huarte-Lain al tribunal administrativo de contratos públicos de la comunidad autónoma. Este órgano unipersonal, de carácter administrativo, es el especializado en revisar los procesos de contratación, ante el que se tienen que presentar con carácter previo los recursos antes de abrir la vía judicial, ante un tribunal contencioso-administrativo. Está adscrito a la Consejería de Hacienda, al mismo departamento que la Agencia Tributaria de Canarias.

En su recurso Obrascon-Huarte-Lain traslada quejas sobre el criterio de puntuación –«valoraciones de informes idénticos entre dos proyectos presentan diferencias de hasta tres puntos que no se justifican de ninguna manera»– incertidumbres jurídicas –«el informe de valoración [entre la ganadora y la segunda oferta] realiza un corta y pega, ya que la redacción de ambas usa exactamente las mismas palabras»– mermas extrañas –«nos cuesta creer que al no incluir la medición de nuestro diagrama de Gantt haya podido penalizar nuestra puntuación»– o desigualdades injustificadas –«en el pliego no se estableció la posibilidad de introducir mejoras en este apartado por lo que en ningún caso esta circunstancia podrían ser utilizadas para puntuaciones superiores»–.

Respuestas subjetivas

Las protestas de la constructora se remiten al órgano de contratación que responde con sendos informes del arquitecto técnico-jefe de sección y del arquitecto-jefe de la Dependencia de Valoración de la Agencia Tributaria de Canaria. Corrigen algunas puntuaciones, solventan algunas deficiencias, pero al final llegan a la conclusión de que el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato permite: «el criterio de valoración que se fundamenta en criterios cualitativos, cuya cuantificación depende del juicio de valor». Vamos, a las valoraciones subjetivas de los dos arquitectos.

Con este informe, el tribunal contencioso-administrativo de la comunidad autónoma desestima el recurso y resuelve a favor de Levantina, Ingeniería y Construcción, que inicia la obra aunque no la va a poder concluir. La constructora comienza la reforma interior y acondicionamiento del edificio Royal en septiembre de 2022, con un plazo de seis meses para su conclusión.

Ampliación de plazos e incumplimiento

En marzo de 2023, cuando está ejecutado el 80% del proyecto, Levantina, Ingeniería y Construcción solicita a la Agencia Tributaria Canaria ampliación de los plazos. Concedido: hasta diciembre de ese año. A final del año pasado se produce un choque entre la Hacienda Canaria y la constructora por una certificación de obras que la Administración tributaria se niega a abonar. Levantina deja a Hacienda colgada. Presenta un concurso de acreedores y se declara insolvente. Aquí tienes más información sobre el abandono de la obra del Royal por Levantina.

La Agencia Tributaria Canaria procede entonces a la resolución del contrato público como consecuencia de los incumplimientos de las obligaciones de la constructora. En esta fase se encuentra ahora.

La Unidad Central Operativa concluye en sus investigaciones que el dueño de la constructora y Koldo García son amigos del presidente del Zamora CF, Víctor Gonzalo de Aldama, a quien la Fiscalía Anticorrupción le identifica como uno de los cabecillas de la trama de Koldo al negociar la compraventa de material contra el covid con las administraciones públicas con comisiones de por medio.