El Gobierno permite casas protegidas en asentamientos rurales de La Palma

El Gobierno abre la mano en La Palma para construir viviendas protegidas en asentamientos rurales y agrarios y no solo en los cascos urbanos de los municipios. Por lo pronto, se han habilitado 15 parcelas no solo en los municipios más afectados por la erupción volcánica, sino también en otras zonas de la isla. El Ejecutivo considera que la isla bonita debe tener un «plus específico» y «medidas correctoras» como consecuencia de los efectos derivados del volcán, además de las medidas procedentes del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno. Por ello se posibilita la disposición de suelo público cedido por los ayuntamientos aunque no sean urbanos consolidados para cambiarles la clasificación urbanística, tanto en los núcleos urbanos como en los barrios y asentamientos rurales y agrarios.

La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, recordó que «en Canarias, salvo en los núcleos de las ciudades o de los cascos urbanos, en los municipios vivimos sobre suelo rústico porque los asentamientos rurales y agrarios son suelo rústico». Por ello, Barreto indicó que «si legalmente se puede pedir licencia en estas zonas también se podrá hacer para viviendas públicas y así conseguimos que crezcan los barrios y se lleven este tipo de casas fuera de los núcleos urbanos».

La consejera no se aventuró a concretar cuántas viviendas protegidas se podrían construir en La Palma a través de este decreto pero por lo pronto ya hay proyectos para 166 casas en Tazacorte y 245 entre Los Llanos y El Paso.

El decreto establece que las personas cuyas viviendas resultaron destruidas o afectadas estructuralmente por la lava tienen preferencia para acceder a las viviendas que se construyan en el ámbito de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, de acuerdo con los criterios de renta (Iprem) de general aplicación en la adjudicación de esta clase de viviendas. En este caso, la adjudicación está condicionada a la entrega de la propiedad de la vivienda que tuvieran en el ámbito de la colada, teniendo la vivienda protegida otorgada en régimen de propiedad la condición de compensación en especie de su derecho como persona afectada.

Junto al decreto de vivienda el Consejo de Gobierno también aprobó la normativa para la recuperación del suelo agrícola con la intención de recuperar la máxima superficie de cultivo afectada por la erupción, así como su protección económica hasta que los agricultores puedan disponer de sus fincas.

La zona de cultivo preexistente se ha determinado a partir del mapa de cultivos de La Palma, que recoge una superficie total de 365 hectáreas desde la costa hasta la antigua carretera de Todoque a Las Manchas. Así, se establece que todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones.

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