Temor a que las comunidades frenen en el Constitucional el reparto de menores

El cambio legal para que el reparto de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas sea obligatorio y está más cerca de materializarse y cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de Canarias, a excepción de Vox. El Gobierno autonómico espera que el texto definitivo que modificará el artículo 35 de la ley de extranjería esté listo en abril. Sin embargo, puede que esta medida no sea suficiente para zanjar definitivamente el problema, pues existe la posibilidad de que algunas comunidades autónomas consideren que las migraciones no son competencia suya e interpongan recursos, que deriven en la solicitud de medidas cautelares y consigan dilatar el proceso de las derivaciones.

Tras la reunión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los portavoces parlamentarios para explicar el contenido del acuerdo alcanzado con el Gobierno de España sobre la distribución de los menores no acompañados, el portavoz de la Asamblea Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, expresó su temor a que las comunidades puedan frenar el reparto presentando recursos ante el Tribunal Constitucional para que las medidas cautelares paralicen los traslados. El punto más complejo, detalló Acosta, es fijar los criterios objetivos para el reparto porque, de lo contrario, «unas comunidades pueden estar a favor y otras en contra». Si la competencia en migraciones es del Estado, «debería albergarse una suerte de pacto estatal para que este asunto se concrete en la Constitución», señaló Acosta.

El camino para llegar a este acuerdo, «ha sido difícil y va a seguir siéndolo», según Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias (NC). A su juicio, tras el consenso entre gobiernos, el siguiente paso es conocer en que punto están las negociaciones entre el PSOE y el PP, pues sus apoyos son fundamentales para sacar adelante la modificación legislativa en las Cortes Generales, «sin perjuicio de que luego pueda haber algún conflicto de competencias de las comunidades autónomas».

Canarias, que actualmente tiene bajo su tutela a más de 5.300 menores migrantes, espera que el Gobierno central haga llegar su propuesta en un plazo máximo de diez días. Clavijo celebró que la Administración del Estado «se haya avenido» a poner «soluciones sobre la mesa» y agradeció la imagen de «unidad y lealtad» que se ha proyectado desde las Islas. «El modo canario de hacer política se traduce en éxitos», afirmó el jefe del Ejecutivo autonómico, quien apostilló que «este ejemplo de madurez y complicidad para resolver los problemas de los canarios es síntoma de éxito».

La modificación de la ley, explicó Clavijo, debe garantizar los derechos de los menores, pero también «tiene que ser suficientemente ágil como para que la distribución permita que el menor sea atendido de manera digna». Para esto, detalló que es fundamental definir los cupos, los porcentajes de saturación y los criterios para la distribución por territorios.

Una vez se conozca el texto definitivo, pasará a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y después se empezarán a buscar los apoyos políticos necesarios para lograr la mayoría simple en las Cortes Generales que requiere la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. «Todos los portavoces se mostraron favorables a reunirse con la junta de portavoces del Congreso y del Senado y a invitarles a que vengan a Canarias conocer la realidad», aseguró Clavijo. 

Solidaridad convertida en ley

El portavoz del PSOE en la Cámara regional, Sebastián Franquis, señaló que el asunto está «encauzado» y celebró las «coincidencias» entre las administraciones que negocian. «La solidaridad había que convertirla en ley, porque no estaba funcionando. Toca insistir al resto de fuerzas, especialmente al Partido Popular, para que se pronuncien con claridad sobre si van a aprobar la reforma», señaló portavoz socialista. 

Luz Reverón, portavoz parlamentaria del PP, advirtió de que sin conocer el texto definitivo que planteará el Gobierno de España no pueden garantizar su voto a favor en el Congreso e insistió en la necesidad de establecer unos criterios objetivos para las derivaciones. «El reparto no puede ser al albur del presidente del Gobierno de España, tiene que ser con criterios objetivos y también con la dotación económica. Eso es importantísimo porque las comunidades autónomas en estos momentos no tienen ese dinero para poder hacer frente», afirmó. En esta línea, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, destacó que es fundamental que la dotación económica sea acorde para que las comunidades autónomas vean con buenos ojos la propuesta.

El único renglón torcido de los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica es Vox. Su portavoz, Nicasio Galván, considera que el reparto solidario entre comunidades autónomas supone «trasladar el problema a otras regiones para intentar disimularlo» y sostiene que esta medida «favorece el efecto llamada». Para Vox, la solución pasa por la repatriación inmediata de los menores.

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