El Parlamento buscará a los responsables políticos de la compras opacas del 'pacto de las flores' en la covid

Cuatro son, hasta el momento, los casos de presuntas irregularidades en las compras de material sanitario durante la pandemia que afectan a Canarias y todos ellos serán investigados por el Parlamento: mascarillas (un millón de tapabocas por un importe de cuatro millones a la empresa RR7 sin que se hiciera entrega del suministro más otros tres contratos, por valor de 13,7 millones de euros, que no tienen autorización del Consejo de Gobierno), Koldo (dos contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, vinculada al exasesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, por 6,8 millones) y, a la sombra de este, Damco (Damco Trading Services y Tanoja Services fueron adjudicatarias para suministrar mascarillas y test por 15,8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021) y Sanytary (1,3 millones a una empresa que no existía cuando se emitió la factura por mascarillas y batas).

En total, un desembolso de 49,7 millones de euros de dinero público que está bajo sospecha y que la Cámara regional pondrá en el microscopio para dirimir cuanto hay de negligencia y cuanto de corrupción en esas transacciones.

A tenor del debate parlamentario en el que se apoyó por unanimidad poner en marcha la comisión de investigación, no habrá mesura dialéctica durante las pesquisas a las compras de material sanitario del anterior Gobierno de Canarias que presidió el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres. Así lo vaticinó el tono del debate celebrado en la Cámara regional y que culminó con la aprobación unánime a investigar todas las presuntas compras irregulares de material sanitario efectuadas por el gabinete del pacto de las flores.

"Caso Torres"

Si ya el pasado 28 de febrero, cuando CC y PP registraron la iniciativa, quedó claro el interés de los socios mayoritarios del Gobierno canario de señalar directamente al expresidente como máximo responsable («caso Torres» lo bautizó entonces la conservadora Luz Reverón y lo reiteró ayer) de dilapidar de manera presuntamente oscura millones de euros en la contratación pública de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, los argumentos usados durante el debate reforzaron esa línea de actuación: el ahora ministro y los partidos que sustentaron su gabinete «hace 15 meses amordazaron y abortaron la investigación de un caso de corrupción con todas las letras» porque su gestión «convirtió a Canarias en el mejor cliente de la presunta trama corrupta del caso Koldo, que otorgó millones para empresas de amiguetes o recomendadas por compañeros del partido socialista en beneficio de comisionistas".

"No hay ningún representante del PSOE en Canarias que esté siendo investigado o esté acusado y somos los primeros interesados en que se llegue hasta el fondo, solo buscan hacer daño político porque ya han dictado sentencia", respondió el socialista Sebastián Franquis. "No se puede defender aquí que el expresidente Torres sabía seguro lo que hacía Koldo y luego en Madrid defender que la presidenta no sabía lo que hacía su compañero sentimental", remachó el canarista Luis Campos.

La mesura llegó desde ASG (no en vano este partido formaba parte del Gobierno que ahora va a ser investigado) cuando su diputado Jesús Ramos aconsejó que "no nos apuntemos al y tú más y no señalemos a nadie con nombres y apellidos, pues los ahora investigados tienen presunción de inocencia y será un juez, y no el Parlamento, quien tendrá que dictar sentencia". Una tesis a la que se sumó Raúl Acosta (AHI): "no somos jueces, pero sí debemos fiscalizar la legalidad, la ética y la transparencia en el ejercicio de la política y en el manejo de los recursos públicos".

El desembolso de dinero público que está bajo sospecha roza los 50 millones de euros

Obviamente, el portavoz de Vox subió el listón: "la corrupción política es inherente al PSOE y la trama no se circunscribe solo a un asesor porque es imposible que sea así".

Tanto Reverón como Díaz Estébanez insistieron en que si ya en 2022 la comisión de investigación era necesaria a raíz del caso mascarillas, "ahora con las ramificaciones del caso mediador, los favores a las empresas de la trama Koldo, las adjudicaciones de obras sospechosas y la adquisición de material sanitario con facturas falsas es ya un clamor" que el Parlamento indague.

La línea argumental de Franquis no varió desde que estalló el caso Koldo: "si se descubre que alguien ha metido la mano seremos los primeros en exigir responsabilidades".

El ministro Torres y el ex vicepresidente Román Rodríguez serán llamados a comparecer

Durante la investigación, que en principio durará hasta final de año, de «las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud (SCS) del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la Covid-19», los socios del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo quieren que desfilen, además de Torres y Franquis, el exvicepresidente Román Rodríguez, los exconsejeros Julio Pérez y Blas Trujillo, el exviceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera (actual director de Gabinete del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática), el exviceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez, o el exresponsable del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez.

Por su parte, desde la bancada de la oposición de izquierdas (PSOE y NC-Bc) se estudia pedir la comparecencia del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el presidente de Unidos Por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, vinculados al caso Damco. Aunque la investigación afecta a la adquisición de material sanitario por un importe de 22,9 millones, la juez solo investiga a Rodríguez y Bravo de Laguna por un presunto delito fiscal, no por la venta de mascarillas.

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