La búsqueda de tierras raras en Fuerteventura fractura Canarias

Las denominadas tierras raras se han convertido en un recurso estratégico para el planeta como lo fueran antaño el oro o el crudo. Esta serie de elementos químicos son el corazón que late dentro de la mayor parte de aparatos electrónicos. Son la clave del funcionamiento de internet de alta velocidad y serán esenciales para la transición ecológica. Pero pese a su vital importancia en la economía mundial, prácticamente todos los países del mundo dependen de que solo uno de ellos se los suministre: China. De ahí que la Unión Europea haya decidido emanciparse y buscar por su cuenta estos materiales –que se encuentran en mayor o menor proporción en la mayor parte de las rocas del planeta–. Y en esa búsqueda de materiales por todo el continente, hay una remota isla que también podría tener algo que aportar: Fuerteventura. En la isla canaria se han hallado indicios de que podría haber rocas con suficiente proporción de tierras raras como para poder intentar extraerla en un futuro. Pero la sola idea de convertir el paisaje natural –mucho del cuál está protegido— en una mina, ha encontrado el rechazo frontal de buena parte de la sociedad civil y de políticos, abriendo un debate que se disemina por toda Europa: ¿se puede aunar el cuidado del medioambiente con la necesaria autosuficiencia económica y energética?

Las tierras raras no son raras. Tampoco tierras. Son un grupo de 17 elementos químicos –los lantánidos, que se representan en la parte baja de la tabla periódica– entre los que se encuentra el lantano, el terbio, el erbio, el europio o el neodimio. Se les denomina «raras» porque es muy poco común encontrarlas en su forma pura. De hecho, forman parte de casi todas las rocas del planeta, pero en concentraciones diversas. Esto significa que hay algunas partes del mundo donde las rocas cuentan con varios kilos por tonelada de distintos lantánidos mientras que otras apenas cuentan con unos gramos. Aunque se descubrieron en el siglo XVIII y han sido fundamentales para el desarrollo tecnológico de la sociedad, los lantánidos nunca han adquirido tanta fama y relevancia como el oro o el propio petróleo. Hasta ahora.

Estos materiales han ido convirtiéndose poco a poco y sin llamar demasiado la atención en una pieza indispensable para la economía mundial, integrando el esqueleto de dispositivos que se utilizan cada día como móviles, ordenadores, tabletas e, incluso la fibra óptica. Y al ser también un recurso indispensable para el funcionamiento de aerogeneradores, placas fotovoltaicas y baterías de los coches eléctricos, en los últimos años también se han convertido en recursos esenciales para poder cumplir con las pretensiones de transición energética que se han propuesto la mayor parte de los Estados para 2050 en un afán por combatir el cambio climático y la escasez de petróleo.  

Durante la crisis del coronavirus, con el bloqueo de gran parte de las importaciones desde China –incluidas las de tierras raras– Europa empezó a temer que sus necesidades no se pudieran ver satisfechas en un futuro. No en vano, el país asiático tiene el monopolio de las tierras raras en el mundo. En concreto, China produce el 60% de las tierras raras del planeta y procesa casi el 90% de ellas, lo que significa que importa tierras raras de otros países y las procesa para luego revenderlas. En lo que se refiere a la Unión Europea, el país asiático le proporciona el 98% de las tierras raras. 

Los conflictos bélicos y la premura por ocupar un espacio económico relevante durante la transición energética, unida a las dificultades implícitas de extracción de estos recursos, han empezado a cambiar las reglas del juego. China está tensando la cuerda para mantener su posición hegemónica sabiendo, además, que tiene la sartén por el mango. Así el 21 de diciembre de 2023 China anunció que prohibirá exportar las tecnologías de procesamiento de tierras raras (en un empeño por mantener su hegemonía mundial). Ante esta situación, la Unión Europea se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto para tratar de ganar independencia. 

Así, en marzo de 2024 se aprobó la Ley Europea Materias Primas Fundamentales –que no solo integra tierras raras sino también litio, níquel, silicio o magnesio–, con el objetivo de extraer el 10% de las materias que consume al año, procesar el 40% de esa demanda y reciclar el 25% para 2030. Sin embargo, pese a la reciente pretensión europea, las tierras raras llevan un tiempo en boca de la ciencia. También en Canarias. 

Primeros estudios en los 80

Aunque los primeros estudios de tierras raras en Canarias datan de finales de la década de los 80 y principios de la de los 90, poco o nada se ha hablado de ellas hasta 2013 cuando el hallazgo de grandes concentraciones de tierras raras en el monte submarino Tropic, a 269 millas al sur de El Hierro, avivó el debate sobre la explotación de este recurso en Canarias. Algo que, sin embargo, no se puede llevar a cabo porque Tropic se encuentra «en tierra de nadie», y tanto España como Marruecos se lo disputan. 

En paralelo, el grupo de investigación MagecREEsearch, al que pertenece Mangas y otros investigadores de la ULL, como el físico Jorge Méndez, revivió el estudio de estos materiales en Canarias, bajo el pretexto de «exprimir» al máximo sus propiedades y con el ambicioso objetivo paralelo de encontrar alguna de las rocas agraciadas en las Islas. No en vano, ya Mangas alertó en los 90 que las carbonatitas que tiene Fuerteventura por su antigüedad geológica podrían albergar una buena cantidad de tierras raras. Algo que han corroborado los estudios de campo. 

«En Fuerteventura hemos encontrado hasta 10 kilos por cada tonelada de roca bruta», reseña el físico de la Universidad de La Laguna (ULL), Jorge Méndez. Esto supone «100 veces más que lo que tiene cualquier roca normal». Las rocas más ricas en estos elementos químicos en la isla son las carbonatitas, sólo presentes en esta isla debido a su antigüedad geológica. 

Aval científico

Con el aval científico en mano, apenas un mes antes de la resolución legislativa europea, salió a información pública la solicitud de tres permisos de investigación del grupo Satocan S.A, a través de la empresa Tenaridos S.L para explorar el potencial de tierras raras durante los próximos tres años en tres ubicaciones de la isla: Jarugo y Los Molinos (Puerto del Rosario), entre Ajuy y Ugán (Pájara) y en La Oliva. El Gobierno de Canarias admitió a trámite las solicitudes y la Dirección General de Industria firmó los permisos. 

La noticia, sin embargo, se ha encontrado de frente a los vecinos, los colectivos ecologistas de la isla e incluso los políticos locales y del resto de islas, que aluden a los graves impactos medioambientales que este proyecto de investigación pueden generar en espacios cuyo valor ecológico están reconocidas y protegidas con figuras como la Red Natura 2000 o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

 Y es que ninguno de los tres proyectos presentados por Tenaridos cuenta con un estudio de impacto ambiental. Una documentación que en principio no es obligatoria dadas las características de la petición, pero que según los colectivos ecologistas, sería conveniente garantizar dado el terreno en el que se establece el proyecto. 

En un informe del 14 de mayo firmado por el director gerente de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, Antonio Gallardo, no sólo hace alusión a la falta de declaración de impacto en un lugar con valores geológicos, paleontológicos, paisajísticos, faunísticos y botánicos únicos, también se establece que el proyecto tiene otras tantas deficiencias. Entre ellas, la ausencia de toda referencia a la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura; la insuficiente descripción de las tareas de perforación, la falta de referencia a las molestias que puedan producir en especies en peligro de extinción, en especial al Guirre Majorero (Neophron pernocterus majoriensis), una especie en Peligro de extinción con plan de recuperación aprobado. 

Algunos científicos, como el físico de la ULL Jorge Méndez, defienden, por su parte, que los métodos que se van a utilizar para la exploración –y que se encuentran dentro del propio proyecto– establece técnicas geofísicas no invasivas para analizar las características de los materiales del subsuelo. «Se utilizarán vuelos exploratorios con drones y un escáner láser del terreno», indica Méndez. Según el científico, ni siquiera las «catas» que se están proponiendo harían tal daño al terreno ya que «son sondeos puntuales a razón de 85 milímetros de broca, lo que afectaría a un metro cuadrado». 

Pero quizás lo que ha causado más temor entre la población es el supuesto riesgo de que estas exploraciones puedan emitir radiactividad. Así lo han afirmado los colectivos ecologistas, que recuerdan que las rocas, en su estado natural, cuentan con elementos radiactivos, como el torio o el uranio, que sí se muelen podrían activarse y causar «graves perjuicios a la población».

 En este punto, los científicos niegan la mayor. Como explican, y aunque es cierto que en todas las rocas existen elementos radiactivos, sus concentraciones son tan pequeñas que es difícil, si no imposible, que causen radiactividad. «En Fuerteventura hemos encontrado niveles de uranio y torio de entre 20 y 40 gramos por tonelada, es absolutamente despreciable y no constituye ningún peligro», resalta Méndez. 

«Los proyectos son una chapuza», revela Elena Solís, coordinadora de Ecologistas en Acción en el área de minería, que critica algunos aspectos de la petición como que no se hayan concretado dónde se van a hacer catas o que se basen en artículos científicos «pobres» sobre cómo son las extracciones. Por esta razón, para la abogada ambientalista, estos proyectos tienen un claro propósito «especulativo». «Lo hemos visto en otros lugares, se busca capitalizar la empresa en base a la adquisición de derechos mineros en un territorio», indica. Según Solís, esta investigación supondría un espaldarazo para que la empresa pudiera captar fondos europeos o una mejor posición en la banca. 

Agitación en el Parlamento

La agitación social ha llegado hasta el Parlamento de Canarias que ha abordado el problema en diversos debates. En última instancia, el Gobierno de Canarias ha decido pedir a la empresa que retire los permisos –aunque aún no lo ha hecho– y ha instado al Instituto Tecnológico deCanarias (ITC) a hacer ellos mismos la búsqueda de investigación. El presidente canario ha explicado que el Gobierno, a través del ITC, va a solicitar el permiso para hacer esas exploraciones y espera y desea que sea el Gobierno de Canarias «quien tenga el control», pues recordó que las zonas donde se pueden realizar esos estudios están cerca de parajes protegidos. 

Esta última decisión no ha sentado bien ni a los colectivos ecologistas ni a los científicos que llevan años estudiando las tierras raras. El colectivo Agonane Ecologistas en Acción ha pedido «respeto» a los ciudadanos, insistiendo en que hay miles de personas que están en contra de la prospección minera.

Los científicos, por su parte, han visto con asombro cómo después de décadas dedicadas al estudio de las tierras raras, el Gobierno deriva el estudio final a otro centro de investigación sin contar, en principio, con ellos. Pese al aterrizaje de este tipo de proyectos, la posibilidad de que Fuerteventura pueda albergar una mina es por el momento remota y lejana. «Podrían pasar décadas antes de ver algo así», insiste Méndez.

Sin embargo, tanto los colectivos ecologistas como la ciudadanía consideran que es un primer paso para facilitar que ocurra en un futuro. Por ello insisten en que es necesario vigilar con mucho más empeño este tipo de proyectos que si bien son estratégicos para España, no deben desestimar el cuidado del medioambiente.