Estas son las tres titulaciones de FP que permitirán por primera vez ser funcionario de Estado

Tres ciclos de Formación Profesional, FP, se conciben por primera vez como titulaciones para acceder a trabajar como funcionario del Estado. El proyecto Ley de Función Pública, que se encuentra en la fase de trámite parlamentario, contempla la creación de tres cuerpos y escalas para que los técnicos en informática, en medioambiente y delineantes puedan opositar y desarrollar su carrera como empleados del Estado, dentro del grupo B.

Según explicó este lunes Carlos Moreno Rodríguez, subdirector general de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos Humanos en el Ministerio de Hacienda, en su intervención en las IV Jornadas de Buenas Prácticas de Recursos Humanos , organizadas por el Cabildo de Gran Canaria, esta es una de las novedades que recoge el texto del proyecto de Ley de Función Pública, que establece unas normas de gestión para llevar a cabo la mejor prestación de servicios públicos, porque «modernizando la gestión recursos humanos podemos atraer mejor talento, retenerlo, hacer que se forme y progrese para prestar un mejor servicio al ciudadano».

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Hasta ahora los titulados en Formación Profesional solo pueden acceder a la escala del personal laboral y a un grupo de calificación superior o inferior en función de si opositan con Graduado escolar y la ESO. También explicó Carlos Moreno que centró su ponencia en ‘Las novedades de la próxima Ley de Función Pública’ , que se va a asegurar la convocatoria de procesos de promoción interna para permitir el acceso a los nuevos cuerpos y escalas del personal funcionario a los empleados públicos que cuenten con las titulaciones correspondientes.

Con esta reforma en trámite en la actualidad, se abre un nuevo horizonte laboral como funcionario del Estado del grupo B a todo titulado de FP en los ciclos de informática, medioambiente y delineante siempre, claro está, que decidan opositar.

Residencia no obligatoria

Otra de las cuestiones que se modifican es que no va a existir la obligación de residir en el municipio en el que se aspira a la plaza de funcionario, una condición que se remonta a la Ley de Función Pública de 1964. Con todo, el subdirector general de Asistencia de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, aclaró que desde hace años esta condición se ha venido incumpliendo y se ha autorizado que el funcionario tenga su domicilio en otro municipio. «Es una noción de otra época que se normaliza porque es una situación que se venía dando en la práctica», destacó.

Pero la principal novedad de esta norma, que todavía habrá que esperar si finalmente supera el trámite parlamentario antes de que concluya legislatura para que sea aprobada, es, según Carlos Moreno, que contempla la planificación y la formación de los recursos humanos como los elementos estructurales en la prestación de los servicios públicos. 

 Respecto a las quejas de los ciudadanos por el colapso que existe en la Seguridad Social a la hora de solicitar una pensión, y cómo se ha complicado la tramitación de los asuntos con la administración después de la pandemia del coronavirus, el subdirector general de Asistencia de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, manifestó que este asunto no se contempla en la norma, y que dentro de la gestión de recursos humanos, eso es una cuestión práctica, de tal forma que si se observa que el uso de las herramientas lleva al distanciamiento de la administración con el ciudadano habrá que corregirlo. 

Un paso atrás

Más crítico con esta situación, y con la falta de cercanía y empatía de la administración con el ciudadano fue Carles Ramió, vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional, catedrático de Ciencia política y de la administración en la Universidad Pompeu Fabra que habló de ‘transformar el modelo de gestión de personal’.

«Se ha dado un paso atrás, han salido los viejos demonios de la administración pública y el ciudadano está más enfadado que en los últimos treinta años con la administración», denunció ante un auditorio formado por funcionarios y empleados públicos de Cabildo, Gobierno y de los ayuntamientos de la isla.

«Con el teletrabajo la administración ha despreciado al ciudadano», critica Carles Ramió

Carles Ramió comentó que en la pandemia, con el teletrabajo se hicieron cosas positivas como fue se dejar fuera la Ley de contratos para comprar material sanitario pero la administración no ha sido capaz de ser flexible con las plantillas y trasladar al personal donde hacia más falta, y ahora hay un cuello de botella con la gestión de las pensiones. «Hay un sistema tan rígido que no permite la flexibilidad para atender con eficiencia los servicios públicos. «La pandemia nos hizo gestionar de otra forma, nos emocionamos con el teletrabajo, pero se ha despreciado al ciudadano», enfatizó.

El vicerrector y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra insistió en que la administración descubrió un día que con la digitalización que se podía prescindir del ciudadano, y dejarlo todo en manos de la atención online, «cuando sabemos que hay un 40 por ciento de ciudadanos que no tienen un dominio suficiente digital para poder realizar trámites con la administración pública, y los que si lo tienen, que son los jóvenes, no disponen de conocimiento suficiente porque lo cierto que todo es un poco críptico».  

Atención al público deficiente y cita previa ilegal

Dos cuestiones son las que preocupan a Carles Ramió, de un lado toda la literatura de reflexión sobre lo que pasó en la pandemia mientras no se adoptan medidas de cambio, y la resiliencia pasiva, que significa que en vez de cambiar la gestión para volver a dar servicios de forma empática al ciudadano, y a los colectivos vulnerables, «se sigue incluso dejando de atender al público si no tiene cita previa, algo que es ilegal». Estas afirmaciones constituyen un tirón de orejas a los gestores en toda regla, dado que Canarias ha presentado resistencia a abandonar la cita previa pese a los visos de ilegalidad. Y hasta el diputado del común, Rafael Yanes, ha considerado que la cita previa es "un abuso intolerable" e instado a las administraciones a recuperar la atención presencial al ciudadano.

Rafael Yanes critica la atención telefónica de la administración

Yanes insta a eliminar el teletrabajo por el deterioro a los servicios público

Respecto al sistema de oposiciones para contratar empleados públicos, dijo que hay que «dinamitar el modelo actual de acceso a la función pública para atraer talento», y diseñar un sistema menos basado en la memoria de unas pruebas que valore más las competencias y los méritos.

Hoy se desarrolla en Infecar la segunda sesión de estas jornadas, que fueron ayer inauguradas por el presidente insular del Cabildo, Antonio Morales.