San Bartolomé da el primer paso para rescatar el hotel rural Las Tirajanas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana da el primer paso para tratar de rescatar el cerrado hotel rural Las Tirajanas, en manos del Grupo Santana Cazorla que está inmerso en un proceso concursal, y que mantiene una concesión pública para la explotación de este establecimiento que se alarga hasta mediados de este siglo. Los anuncios anteriores para intentar reabrir este alojamiento emplazado en el pueblo de Tunte, con 60 habitaciones, zonas deportivas y spa en un entorno natural, fracasaron.

El hotel fue inaugurado en el año 2000, tras hacerse con la concesión de la gestión y explotación Santana Cazorla durante un periodo de 50 años. Sin embargo, los problemas económicos pasaron factura a una de las grandes compañías del Sur grancanario, que desembocaron hace unos años en el cierre de establecimiento turístico. Ya en 2021 durante el anterior mandato político se anunció el interés por recuperarlo, con el argumento de un incumplimiento del contrato a raíz de que la sociedad entró en un concurso de acreedores y que se había destinado durante el parón turístico ocasionado por la pandemia a acoger inmigrantes llegados en pateras sin dar información a los responsables municipales. Pero el tiempo ha pasado y el resultado no ha variado, mientras el complejo vacacional sigue cerrado.

Desde 2021 y se quedó en el limbo

El Ayuntamiento pasa a la acción ahora. El primer teniente alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, solicitó a principios de enero a la Asesoría Jurídica personarse en el procedimiento concursal para que «una vez y tengamos acceso a ese proceso saber cómo puede proceder la Administración y si es posible tramitar la reversión de la concesión, otorgada a mediados de los 90 por 50 años».

Marichal recuerda que es el anterior grupo de gobierno el que «ha perdido dos años y medio que hubiesen permitido pleno control del escenario jurídico concursal que opera sobre el edificio y tener las herramientas y los asesoramientos necesarios que garanticen la protección del patrimonio público».

"Se han perdido dos años y medio"

Alejandro Marichal

— Primer teniente alcalde

El concejala relata que el PSOE anunció en julio de 2021 que se estaba sopesando retirar a Santana Cazorla la concesión. Y añade que, tras ese anuncio, en el que indicaba que la concesionaria estaba incurriendo en varios incumplimientos de contrato, el anterior grupo de gobierno formado por PSOE-NC «no se interesó ni intervino para saber cómo ha podido influir el expediente concursal de la división hotelera de este conglomerado empresarial, en concreto, en el grupo Paradise Hotels & Resort, que es el que gestiona de forma más directa este complejo rural».

NC pidió saber la situación jurídica y el estado del inmueble

Como se recordará, Nueva Canarias presentó una moción en el pleno de enero en la que instaba a recuperar la concesión y reabrirlo. La propuesta señalaba que, «con el colapso de la empresa que gestionaba la concesión administrativa municipal del hotel Las Tirajanas, se ha abierto un escenario de incertidumbre que exige la intervención de este Ayuntamiento. La existencia allí de un patrimonio público de millones de euros, ni se sabe en qué estado de conservación, ni con cuánta y con qué vigilancia cuenta, y lo que es peor sin conocer–dominar la situación jurídico concursal, requeriría que, por esta corporación se tomaran determinadas medidas».

El partido canarista sustentaba su propuesta en cinco argumentos. Entre ellos, saber cómo se encuentra el inmueble, su conservación y mantenimiento, y la seguridad. En segundo lugar, en saber cómo está de afectada la concesión y su repercusión para con los intereses municipales; no solo en lo referido al vencimiento de los tiempos de la concesión, sino también a los efectos que la hipoteca avalada por esta administración tiene sobre el patrimonio y la propiedad del ayuntamiento sobre el edificio y su contenido. El tercer punto era conocer si cabría el rescate de la concesión para impulsar una nueva. El cuarto punto es saber el escenario jurídico concursal que opera sobre el edificio y tener las herramientas y los asesoramientos necesarios que garanticen la protección del patrimonio público. Y recuerda que el proyecto de ampliación del inmueble y su puesta en explotación se concibieron para contribuir al proceso de revitalización de las medianías, para generar sinergias en la explotación de los recursos locales, para habilitar puestos de trabajo, objetivos que ahora mismo no se están cumpliendo, según el texto.

Por ello pedían un informe jurídico antes de seis meses para responder a las citadas dudas.

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