El número de menores en situación de riesgo sin valorar crece por la falta de personal

La lista de espera de menores, cuya posible desprotección ha sido notificada o denunciada al Ayuntamiento capitalino por los juzgados y otras administraciones  debido, crece cada día más ante la falta de personal que impide a los Servicios Sociales valorar el riesgo en que se encuentran y prestarles la atención que precisan. 

 El número de niñas y niños en lista de espera para ser valorados por la unidad del Menor, Infancia y Familia ascendía a finales de febrero pasado a 759, según los datos que aportó la propia edila de Servicios Sociales Carmen Luz Vargas.

El concejal de Recursos Humanos Mario Regidor reconoció este jueves la existencia del problema y anunció la puesta en marcha de un «programa específico de empleo» para reforzar el área y paliar la situación aunque no aclaró ni cuando se pondrá en marcha ni el número de contratos porque todo dependerá de la «disponibilidad presupuestaria» de Recursos Humanos.

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El programa específico de empleo fue propuesto en la comisión de pleno de Políticas de Igualdad por Regidor como una enmienda a la moción que presentó la concejala del Partido Popular (PP) Rosa Viera para contratar por la vía de emergencia al personal necesario que valore todos los casos pendientes.

Viera rechazó la enmienda, que se aprobó finalmente con los votos del gobierno tripartito, y consideró «muy grave» que el Ayuntamiento no haya buscado todavía una solución a este problema que se viene denunciando desde hace más de cinco meses.

Viera advirtió que en esos expedientes sin valorar remitidos al Ayuntamiento existen «menores embarazadas, casos de desnutrición y deshidratación y menores cuyas familias tienen problemas de adicciones o de violencia. ¿Qué tiene que pasar para que se tomen este problema en serio?», preguntó.

Regidor se comprometió a «reforzar» el personal en el área del Menor, aunque añadió: «Tenemos una disponibilidad económica que es la que es, derivada de los presupuestos, porque todas las plazas vacantes que tenemos no están dotadas economicamente. Vamos a hacer un esfuerzo y nos comprometemos a poner en marcha un plan de empleo que va a tener trabajadores sociales y gestores administrativos». 

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En palabras de Viera, resulta «inaceptable» que el alcalde Augusto Hidalgo presuma del presupuesto más alto de la historia, con más de 600 millones de euros y al mismo tiempo se haga depender la atención a los menores en riesgo de la «disponibilidad presupuestaria». 

Regidor arguyó que los 635 millones del presupuesto «no están dentro del capítulo de Personal, que no crece pese a que el presupuesto sí lo hace».

Añadió que en la Unidad Técnica de Menores, Infancia y Familia hay 63 plazas repartidas por los diferentes distritos. «A lo largo de los últimos siete años ha habido un aumento de plantilla», con la incorporación de dos psicólogos, siete trabajadores sociales y cuatro gestores.

«A finales de este mes entrará otra gestora», subrayó, al tiempo que recordó que la carencia de personal en el servicio se remonta a diez años atrás por las restricciones de la tasa de reposición que impuso el gobierno de Mariano Rajoy. "Las situaciones no se deterioran de un día para otro o de un año para otro y más si seguimos con esa tasa de reposición desde 2013", recordó.

Avalancha de menores

Consideró que el problema existente «es coyuntural, no estructural, debido al gran número de menores que actualmente tenemos en lista de espera y eso el gobierno lo reconoce y la forma más rápida de solucionarlo es a través de un programa específico de empleo», que la ley permite desarrollar durante tres años, mientras persista la situación.

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Carmen Luz Vargas se refirió en noviembre pasado al aumento de los casos de menores por «la situación social y económica en la que nos encontramos por la resaca de la pandemia» y porque se «acumularon» muchos expedientes en «el juzgado y la fiscalía que han ido enviando al Ayuntamiento este año.  «Y porque cada vez somos más conscientes de que los niños y niñas deben estar protegidos y se comunican y notifican más situaciones de posible desprotección, ya que es una obligación ciudadana y profesional», dijo.

Añadió que se priorizan «las peticiones urgentes de organismos públicos» e indicó que los casos son remitidos, además de por los juzgados y la Fiscalía del Menor, por centros educativos o simples denuncias de particulares.

Además de los 759 menores, pertenecientes a 572 familias, en lista de espera, la Unidad del Menor, Infancia y Familia tenía en valoración a finales de febrero pasado a un total de 1.012 menores.

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Se está interviniendo con otros 638 menores y existen 261 casos abiertos, unos datos que reflejan un aumento del número de menores en riesgo de pobreza o exclusión social. 

Los distritos de los que proceden los niñas y niñas pendientes de valorar son los de Ciudad Alta y Vegueta-ConoSur-Tafira, que aglutinan a más de 500 casos, que agrava el problema de saturación de trabajo en las unidades de estos distritos. En concreto, en Ciudad Alta hay 264 menores pendientes de valorar y en Vegueta-Cono Sur-Tafira, 262. Le sigue el distrito Centro con cien casos; La Isleta-Puerto-Guanarteme, con 95 y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con 38.

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