VIVIENDA
Las Palmas de Gran Canaria lanza las primeras casas de alquiler asequible entre 250 y 400 euros
Las viviendas sociales saldrán a concurso en breve, se construirán en Tamaraceite y serán gestionadas por la empresa municipal Geursa
Infografía del edificio de 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite / La Provincia
La empresa municipal Geursa se estrena como promotora y sacará a concurso en breve la construcción de las primeras 36 viviendas sociales de alquiler asequible que se construirán en Las Palmas de Gran Canaria.
Las casas, que se pretende adjudicar antes de junio, se levantarán en Tamaraceite Sur justo al lado del centro comercial Alisios y tendrán un alquiler que oscilará entre los 250 y los 400 euros al mes.
Van dirigidas a las familias de clase media que, aún teniendo trabajo, no puede hacer frente con sus sueldos a los altos precios del mercado privado, que se ha disparado, entre otras razones, por la proliferación de pisos turísticos que ha reducido el número de inmuebles de alquiler residencial.
A estas primeras 36 casas, se añadirán otras 130 más, también en Tamaraceite Sur y el objetivo es tenerlas todas finalizadas en diciembre de 2026. En total, las dos promociones de 166 casas supondrán una inversión que supera los veinte millones de euros.
La construcción de estos hogares de alquiler asequible, que será financiada por fondos europeos, será posible gracias al convenio firmado en julio entre la empresa Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) y el Ministerio de Transporte y a la transformación de la sociedad municipal en promotora, lo que le permite hacer los proyectos y gestionar su construcción y posterior alquiler.
Anselmo Pestana, Augusto Hidalgo y Javier Doreste, durante la presentación de la promoción de viviendas.
La primera promoción costará 5,78 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento aportará algo más de cuatro millones y el Gobierno canario, 1,72 millones procedentes de los fondos Next Generation.
Las viviendas tendrán una superficie que oscilará entre los 45 y los 72 metros cuadrados y la principal novedad es que Geursa se convertirá en una especie de casero, que cobrará los alquileres.
El concejal de Urbanismo y Vivienda Javier Doreste justificó la tardanza en construir estas viviendas porque fue necesario antes cambiar los estatutos de Geursa para convertirla en una promotora de viviendas.
El alcalde Augusto Hidalgo añadió al respecto que otro elemento que ha facilitado el proceso fue la «modificación legislativa que hubo a finales de 2021, lo cual dio la posibilidad de que lo que antes era una competencia autonómica o de lo consorcios de vivienda, ahora lo puedan hacer los ayuntamientos».
Según Hidalgo, la capital grancanaria se ha convertido en «la punta de lanza» en Canarias, ya que su ayuntamiento ha sido el primero que se ha lanzado a la construcción y gestión de viviendas públicas de alquiler sostenible.
«Hemos dado un paso más», sostuvo, «y hemos hecho una apuesta innovadora y por primera vez un ayuntamiento de Canarias construye edificios de alquiler social para familias de clase media que, aunque tengan recursos y trabajo, no pueden acceder a una hipoteca o alquilar porque los precios superan el 6O% de sus sueldos».
Esta, subrayó, es «la única manera de combatir los altos precios desde el ámbito público».
En el mismo sentido se pronunció el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, quien subrayó la importancia de iniciativas como estas para intentar bajar los precios del mercado de la vivienda.
Doreste explicó que para seleccionar a los futuros inquilinos de estas viviendas se utilizarán las listas de solicitantes de vivienda que tiene el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).
Según los últimos datos que dio el Gobierno en 2020, en la capital hay más de 2.600 familias a la espera de una vivienda social, una cifra que seguramente se ha doblado.
A estas 166 casas, hay que sumar la licitación, por Geursa, de otras 100 viviendas en régimen especial de alquiler, dirigidas a familias vulnerables.
Doreste destacó que todos los proyectos han sido realizados por los técnicos municipales y subrayó que "cuando los gobiernos de progreso coinciden en las instituciones es más fácil llegar a acuerdos para construir y rehabilitar viviendas sociales".
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