Urbanismo paraliza las obras del albergue del líder de la COAG en El Fondillo al carecer de licencia

Urbanismo paraliza las obras del albergue que la ONG Oportunidades de Vida estaba construyendo en el barrio de El Fondillo, en Las Palmas de Gran Canaria, al carecer de licencia para ejecutar la obra. La organización, liderada por el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Rafael Hernández, llegó a levantar un inmueble de tres plantas bajo la rasante de la calle Camilo José Cela, en el citado barrio capitalino. Los trabajos estaban inacabados cuando se efectuó la inspección por parte de los técnicos municipales. Hernández se encuentra inmerso en una investigación judicial tras una serie de denuncias por la presunta explotación de menores migrantes en fincas agrícolas.

Según refleja el documento emitido por la Dirección General de Edificación y Actividades, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó el pasado 15 de marzo iniciar un expediente para regularizar las obras realizadas sin licencia. El área que dirige Mauricio Roque ha procedido, además, a ordenar la suspensión de los trabajos que se estaban efectuando. También se ha procedido al precinto de las obras y de la maquinaria que se ha estado utilizando en la misma.

Servicio de Protección del Paisaje

El Servicio de Protección del Paisaje emitió un informe el pasado 30 de octubre de 2023 en el que constataron que en el número 5 de la calle Camilo José Cela, en El Fondillo, se estaba efectuando una obra licencia. El inmueble, cuyas obras estaban inacabadas, consta de tres plantas con volúmenes adicionales a modo de sobrecubierta plana transitable que conecta al mismo nivel con otro edificio existente. Este último sí está terminado y en uso, además de tener acceso directo a la vía pública, aclaran.

La construcción, con una forma rectangular, tiene una superficie estimada de unos 400 metros cuadrados. En el momento de realizar el informe, la estructura y los cerramientos exteriores estaban acabados aparentemente. Los trabajos quedarían pendientes de los revestimientos y las carpinterías. El inmueble se encuentra en el lado de la vía que da hacia el barranco -de ahí que esté bajo rasante, por el desnivel del terreno-. No obstante, se trata de suelo de tipo urbano, sujeto a la normativa de barrio y reservado para uso religioso, según el Plan General de Ordenación.

El documento reseña que esta parcela obtuvo una primera licencia de ocupación en 2010 para crear una iglesia evangelista -con dos plantas, una sobre rasante y otra bajo la misma-. Posteriormente, en septiembre de 2020, los titulares de la misma volvieron a solicitar permisos para ampliar este primer edificio. Urbanismo le notificó "deficiencias técnicas" en enero del año siguiente. Estas han seguido "sin resolver y, por tanto, sin título habilitante o autorización administrativa para dicha ampliación".

Multas de 200 a 2.000 euros

En marzo de 2022 solicitaron licencia urbanística para edificar un centro destinado a servicios sociales y albergue de la ONG Oportunidades de Vida, cuyo titular es, también, el pastor Rafael Hernández. El Ayuntamiento le notificó en agosto deficiencias técnicas en el proyecto, "actualmente sin resolver". El informe de los técnicos adjunta imágenes satélite de tres años diferentes (2019, 2022 y 2023) en las que se pueden apreciar las diferencias entre el estado inicial de la parcela, el recrecimiento en una planta del edificio original y la construcción del inmueble adjunto, ambas actuaciones sin licencia.

La Fiscalía abre una investigación contra el presidente de la COAG

Los técnicos puntualizan que ambas obras "pueden ser legalizadas, siempre que se cumpla la legislación y normativa de aplicación". El documento advierte que en caso de no atenerse a las disposiciones estipuladas -paralización, precinto de la obra y regularización de la misma- el promotor se enfrenta a una serie de medidas: retirada de la maquinaria; imposición de hasta diez multas, cada diez días, por un importe que puede oscilar entre los 200 y los 2.000 euros; ejecución subsidiaria por parte de la administración y a costa del responsable.

Hernández está siendo investigado en estos momentos por la Fiscalía por varios presuntos delitos relacionados con algunas de las actividades de tipo social que lleva a cabo, precisamente, en esta sede de El Fondillo. La fiscal de Extranjería, Teseida García, ha abierto diligencias por la presunta contratación de menores migrantes para trabajar en las fincas del empresario. La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente tras una visita realizada a las instalaciones.

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