Política y control de medios

La existencia de medios de información plurales y su capacidad para fiscalizar y criticar al poder político son un requisito imprescindible de los sistemas liberales y una condición fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. Los ciudadanos reciben información y estímulos políticos a través de los medios de comunicación y se forman una opinión al respecto. Primero fue por medio de la prensa escrita, mucha de ella nacida específicamente como prensa de partido – sin ir más lejos La Vanguardia, uno de los diarios decanos de la prensa española, surgió como «órgano de expresión de una fracción del Partido Liberal de Barcelona»–, más adelante a través de la radio y luego masivamente con la televisión. Y aunque los diarios se desvincularon de los partidos y surgió una prensa independiente, ello no implicó ni que abdicasen de la defensa de una línea editorial conforme a unos valores vinculados a las grandes ideologías, confesiones religiosas o intereses empresariales, ni por parte del poder político la renuncia a ejercer influencia. Esto algo que afecta no solo a la prensa escrita, sino también a la radio y a la televisión, cuya expansión, además, dio lugar en Europa a la aparición de grandes corporaciones de medios públicos que deberían ser neutrales pero que se han acabado convirtiendo en un campo de batalla partidista.

Desde principios del siglo XXI, la digitalización masiva de los medios y la aparición de las redes sociales han comportado una pérdida del monopolio que tenían los medios tradicionales en la selección y transmisión de la información y ahora cualquier individuo o grupo puede crear contenidos y difundirlos sin filtros a pesar de que en nivel de veracidad de los mismos resulta en muchos casos cuestionable, lo cual es motivo de gran preocupación. Las democracias se ven amenazadas por la influencia de la mentira en política y no son pocos los líderes políticos que la usan y se benefician de ella. Por ello existe un debate acerca de cuál debe ser el papel de los poderes públicos frente a estas prácticas y si debe de haber límites en relación a la libertad de prensa, que no deja de ser una de las caras del derecho fundamental de libertad de expresión y de opinión.

En este contexto, y en particular a raíz de la publicación de informaciones que afectan a la esposa del presidente del Gobierno, diversas voces han reclamado una ley de medios. Podemos ha anunciado que en breve presentará una propuesta que pretende introducir un régimen sancionador para quien publique falsedades, más allá de lo que ya contemplan los Códigos Civil y Penal, así como mecanismos reparadores para quienes se vean afectados, y que además impondrá límites a la estructura de propiedad de los medios –en particular a bancos, eléctricas o fondos de inversión–, lo que supone una clara limitación a la libertad de empresa. De momento, ya ha presentado una propuesta para que se hagan públicos los intereses económicos de las personas que desempeñan funciones de dirección, administración o creación de contenidos en los medios de comunicación, lo que supone una clara vulneración del derecho a la intimidad. Garantizar la veracidad de la información no debe implicar por parte de los poderes públicos limitar derechos y mucho menos debe ser una excusa para ejercer más control y limitar el pluralismo, algo especialmente peligroso si además se diseña justamente en contra de los medios susceptibles de ser más críticos con el poder.