Once vecinos de Corralejo pagaron hasta 20.000 euros para conservar sus viviendas

Los vecinos del Casco Viejo de Corralejo han tenido que gastar entre 10.000 y 20.000 euros en los juzgados para conservar sus viviendas frente a las operaciones de compraventa supuestamente realizadas por los once acusados que están siendo juzgados ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. 120 sentencias a su favor avalan que son los verdaderos propietarios de sus casas, restaurantes, edificios y locales comerciales, pero la situación de insolvencia acreditada por los denunciados ha provocado que, a día de hoy, aún no hayan recibido ningún tipo de indemnización.

Once afectados por la presunta trama declararon en la cuarta sesión de la vista oral, celebrada este martes, y apuntaron a José Manuel J. V. como el cabecilla de las operaciones, pues es quien se presentó en sus viviendas para decirles que eran de su propiedad, porque así aparecía recogido en el Registro, y que debían proceder a desalojar. El número de víctimas, sin embargo, es mucho más alto, con 167 demandas interpuestas, pero 47 han fallecido a la espera de que se celebrara el juicio y otros tantos son personas mayores o arrastran enfermedades que les impiden comparecer.

Un testigo afirma perder 1,1 millones al comprar dos fincas en Corralejo

El único que declaró en persona ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial fue Luis H. P., quien pertenecía a una sociedad familiar que adquirió dos propiedades a José Manuel J. V. y Fernando R. R. a principios del 2000. Coincidió con el primero en un bar de Corralejo y, en medio de una conversación, le dijo: "Tengo una joya maravillosa, la tienes que ver". Resultó ser la conocida como Casa de los Cazadores, que la sociedad compró a través de una hipoteca después de comprobar que aparecía registrada y que reunía todas las condiciones.

"El banco estaba animado en que compráramos: sabía que había lío pero no nos avisó"

"El banco también estaba animado en que compráramos: sabía que había lío, pero no nos avisó" declaró el afectado. Sin embargo, cuando los verdaderos propietarios iniciaron el pleito, la entidad bancaria decidió cancelar la hipoteca. "Nos quedamos sin dinero y sin casa", aseveró.

En la segunda adquisición se mostró más cauto, pues en ese momento acababan de salir a la luz las primeras reclamaciones lanzadas por vecinos de la zona, aunque él no tenía conocimiento de la situación en la que se encontraba la primera vivienda. "Fuimos a ver al alcalde de La Oliva, que nos dijo que si estaban inscritas en el Registro no había problema en comprar", testificó Luis H. P. Su socio, Gustavo A. A., declaró en la segunda sesión del juicio que, como resultado de estas operaciones, perdió 1,1 millones de euros.

En el lado opuesto, Jaime E. S. declaró como propietario de una de las viviendas en las que se habría personado José Manuel J. V. Se trata de un edificio familiar, con dos viviendas y un local en la planta baja que estaba alquilado, aunque tiempo atrás era utilizado por su padre para guardar sus artículos de pesca. "Voy para 70 años y desde que era un niño mi padre siempre había tenido ese almacén", aseguró en el juicio.

Un día su inquilino le llamó alterado porque José Manuel J. V. había ido al local para decirle que era suyo y que, si quería seguir viviendo ahí, tenía que pagarle el alquiler. En ese momento se había empezado a correr la voz entre los vecinos, por lo que Jaime E. S., al darse cuenta de que no era el único afectado, decidió demandar. La Justicia le dio la razón, pero los gastos procesales, cercanos a 12.000 euros, corrieron a su cargo.

La situación de Gregorio B. M. es bastante similar. El afectado por las operaciones de compraventa heredó una vivienda de su padre, Félix B., que dividió en tres apartamentos distintos, de los que puso dos en alquiler junto a su hermana. "Recibimos un requerimiento notarial para que dejáramos el inmueble tras la gestión de Delval Internacional", aseguró al Tribunal por videoconferencia. Tras presentar los documentos pertinentes, la Justicia les dio la razón y lograron registrar la vivienda a nombre de la familia.

Intentos de acuerdo

Dos propiedades de José Ramón L. C. también se vieron afectadas. La primera, una casa que había pertenecido a sus abuelos y que había transformado en un restaurante tras realizar las reformas pertinentes. José Manuel J. V. se habría personado en la vivienda de su madre, ya mayor, para decirle que la parcela del negocio era suya y que tenían que llegar a un acuerdo. La segunda era una finca que Delval vendió a Britt Party y por la que también tuvieron que denunciar, acumulando entre los dos pleitos hasta 13.500 euros de costes. "Reclamo por el daño que hizo a mis padres, que ya estaban 'viejitos' y hoy en día están fallecidos", apuntó el perjudicado.

Tanto Francisco L. C. como Marlene F. M. decidieron emprender acciones legales después de tener conocimiento de que se había creado una asociación de afectados que prestaba ayuda para informar sobre los pasos a seguir. En el caso de Francisco L. C., se puso en contacto para defender una propiedad de su madre, que anteriormente era una casa de piedra y después un almacén. Por parte de Marlene F. M., lo que estaba en juego era una cafetería alquilada, que anteriormente pertenecía a su abuela.

Una de las víctimas declara que su vivienda familiar fue hipotecada por el principal sospechoso

Otro de los casos es el de la familia de Cristóbal C. C. Su vivienda, conocida como la Casa de la Partera, había sido propiedad de sus abuelos hasta que fallecieron. Después pasó a ser frecuentada por los miembros de la familia, que residían en la casa de forma puntual, hasta que se encontraron con que su vivienda estaba registrada en un fondo buitre. "José Manuel J. V. le concedió una hipoteca de 184.000 euros a un señor de Madrid, que puso como aval la vivienda de mi familia", sostuvo en su declaración. Después el banco les reclamó por los impagos y en 2010 se enteraron de que se había realizado la operación.

47 vecinos de Corralejo murieron a la espera del juicio por sus viviendas

Con estas declaraciones, y tras los testimonios que han ofrecido los acusados en las últimas sesiones, el juicio concluirá este miércoles con las conclusiones finales de la fiscal, Evangelina Ríos, de las acusaciones particulares y las defensas de los encausados. Los acusados se enfrentan a penas de entre cuatro y seis años de cárcel.