La Audiencia de Las Palmas niega la prisión provisional para la acusada de violar a su nietastra con Down

La Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas ha negado la prisión provisional para Margarita R. H., la mujer de 73 años acusada de violar a su nietastra con síndrome de Down. La fiscal Teseida García solicitó la adopción de esta medida cautelar en la segunda y última sesión del juicio, que tuvo lugar este lunes, para evitar que la acusada se ponga en contacto con la víctima y al considerar que existe riesgo de fuga, puesto que se enfrenta a peticiones de pena de 15 años de cárcel, por su parte, y de 21 años por la acusación particular, ejercida por la letrada Mónica Sánchez Barragán. Sin embargo, el tribunal ha desestimado la solicitud y ha optado por mantener la libertad en la que se encuentra desde el inicio del procedimiento.

El auto justifica, con respecto al peligro de fuga, que "la procesada ha comparecido en todas las ocasiones en las que ha sido citada", tanto en la fase de Instrucción como en la vista oral.

En lo relativo a la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima, el tribunal determina que no consta que la procesada se haya comunicado o intentado comunicar en forma alguna con la perjudicada. Por el contrario, detalla que lleva sin ver a la víctima y sin ponerse en contacto con ella desde el año 2019.

"Veo muchas cosas mezcladas, pero no creo que haya sido cosa suya", alegó la acusada

En la vista oral de este lunes declaró Margarita R. H., que negó todas las acusaciones y respondió únicamente a las preguntas de su abogada, Isabel Aide. Según su versión, no agredió sexualmente a la joven, ni le insultó, ni le pegó en los fines de semana que se quedaban juntas, entre 2016 y 2018. "Era una persona muy independiente. Nunca le duchaba ni le ayudaba en sus tareas de aseo y nunca le vi las partes íntimas porque ella lo hacía todo sola", contó la acusada.

La supuesta agresora sostiene que el empeoramiento de la joven, que pasó de tener un trabajo y asistir a clases de baile y teatro a no poder bañarse ni salir de casa sin ayuda, no tiene nada que ver con ella. Margarita notó los primeros signos de alarma en 2018, cuando vio que su entonces nietastra comía con más apetito y hacía gestos constantes de tirarse el pelo. Cuenta que cuando le preguntó a la joven al respecto, esta le expresó que estaba mal porque su novio le había dejado y sus amigas se reían de ella.

"No la empujé por las escaleras"

Cuando los padres de la víctima estaban de viaje, en 2018, recibieron una llamada de la joven llorando y pidiéndoles que llamaran un taxi porque quería volver a su casa. La acusada se puso al teléfono diciendo que eran "cosas de abuela y nieta". En el juicio, la mujer contó que habían reñido porque la joven estaba a dieta y ella no podía ponerle más comida. "Yo estaba muy enfadada, pero no la empujé por las escaleras, sino que la llevé de la mano", defendió.

En su declaración, la mujer de 73 años expresó que ha cuidado a "muchos niños" en su vida y que a sus nietos "les daba todos los caprichos que no les pudo dar" en su día a sus hijos. "La niña tiene un cacao en la cabeza que no es normal. Veo muchas cosas mezcladas, pero no creo que haya sido cosa suya, sino que ha sido despecho de mujer por parte de su madre", alegó la acusada.

Margarita R. H. niega que la pérdida de autonomía de la joven esté relacionada con ella

En el juicio se reprodujo la declaración de la víctima, que tuvo lugar bajo la supervisión de psicólogas. "Me hace daño, me toca el culo, me dice palabrotas, me hace el amor", contó haciendo referencia a la que fuera su abuelastra, a la que se refería en todo momento como "la señora". Señaló en un dibujo qué partes del cuerpo le tocaba y expresó que la encausada amenazaba con hacer daño a su madre y a su padrastro si contaba algo. La joven narraba todo en presente porque, como expresaron sus psicólogas, "revive cada día lo sucedido".

La defensa solicitó la libre absolución de la acusada o, en caso de que se emita una sentencia condenatoria, que se tipifique como un abuso y no como una agresión sexual, con una pena de multa y, si consideran que hubo acceso carnal, de cuatro años de cárcel con una indemnización de 3.500 euros. Las acusaciones, sin embargo, piden responsabilidades civiles que van desde los 60.000 hasta los 100.000 euros.